Gobierno diferencia acuerdo por hidrógeno verde de UPM, defiende confidencialidad y asegura que no se compromete "a nada"
En el Poder Ejecutivo justifican la reserva señalando que la empresa está en competencia y que el caso es diferente al de UPM.La decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de declarar confidencial el memorándum firmado con HIF Global, la empresa que analiza construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú, provocó críticas de la sociedad civil pero también de integrantes del oficialismo.
El diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) acceder a una copia, mientras que el exdirector de Ancap por Cabildo Abierto, José Luis Alonso, señaló que los gobiernos no podían “saltearse a la ciudadanía” en decisiones cuyas consecuencias excedieran los períodos “para los cuales fueron electos”.
La controversia tiene como trasfondo la posición que el actual oficialismo adoptó en el período anterior, cuando desde la oposición criticó y reclamó con insistencia conocer las condiciones y los compromisos que el gobierno de Tabaré Vázquez estaba asumiendo durante la negociación con UPM para la instalación de su segunda planta de celulosa en Pueblo Centenario (Durazno).
Los reclamos de transparencia fueron realizados incluso por el actual presidente Luis Lacalle Pou, quien desde su banca en el Senado pidió –en 2017– saber qué estaba “negociando el gobierno” porque no lo estaba haciendo “en nombre del Frente Amplio” sino “de todos los uruguayos”.
Tras la firma del memorándum, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) recordó esas palabras y señaló en un comunicado que “la falta de transparencia y el ocultamiento en este tipo de situaciones, con negociaciones secretas entre la Presidencia de la República y empresas extranjeras, fue un proceder duramente criticado en el período anterior por los que hoy desde el gobierno actúan de la misma manera”.
Sin compromisos
A pesar de la reserva, diversas fuentes del gobierno consultadas por El Observador señalaron que lo firmado es diferente a lo de UPM, ya que en este caso el Poder Ejecutivo no asumió compromisos concretos, como sí lo hizo en 2017 cuando rubricó el primer contrato con la empresa finlandesa.
En ese entonces, el gobierno se comprometió a dragar el puerto de Montevideo, construir el tren y el viaducto en la rambla así como otras obras viales. A su vez, el contrato incluyó un memorándum entre el MIEM y UTE con UPM. Los contratos fueron modificados en dos ocasiones, una en 2018 y otra en 2020, ya con Lacalle Pou en el gobierno.
Uno de los informantes, que está en la mesa chica de las negociaciones con HIF, dijo que en este caso el Poder Ejecutivo solo se comprometió a dar “prioridad en la atención de los trámites de permisos” y a coordinar los “requerimientos de todos los organismos intervinientes, para considerar todo en conjunto”.
“No dice nada que obligue al país, sino que justamente se abre el período en el cual eso es lo que se va a negociar”, dijo.
A su vez, una segunda fuente fundamentó la confidencialidad señalando que el acuerdo contenía “información sensible y útil para competidores” de HIF.
El subsecretario de Industria, Walter Verri, enfatizó que no hay "ninguna obligación del Estado uruguayo" y por lo tanto "tampoco hay nada de lo que temer". El jerarca dijo a El Observador que le parecía "lógico también que tenga carácter de reservado porque hay análisis e información que es sensible a la empresa, no teniendo nada firme”.
Entrevistado en radio Sarandí, el canciller Omar Paganini (que además es exministro de Industria y firmó el memorándum como interino) dijo este miércoles que quizás a fin de año se pueda firmar el contrato de inversión. Este documento será el que comprometa las exoneraciones fiscales y beneficios especiales para la obra. Inicialmente, la empresa calculaba la inversión en US$ 4 mil millones, pero tras un reajuste los costos se elevaron a US$ 6 mil millones.
“Es bueno que (el memorándum) sea confidencial. La empresa está en competencia por tecnologías y costos, por lo que desnudar el proyecto antes de confirmarlo genera que el proyecto se desinfle”, señaló Paganini y agregó que le parecía que Pasquet no estaba “en lo correcto”.
Verri también discrepó con los planteos de Pasquet. "Me llama la atención cómo les cuesta a los actores del gobierno, como son los legisladores también, darse cuenta de que lo que dice es cierto pero cambió el gobierno. Él también es parte del gobierno y tiene compañeros de partido en el gobierno y él es parte del gobierno, por tanto no puede pensar que vamos a actuar igual (que el FA). Me parece que le erra en ese tipo de pensamiento”.
El subsecretario agregó que “si el contrato fuera en este gobierno lo daríamos a conocer" aunque no era optimista respecto a que llegaran con los plazos.
Si bien no asume compromisos, fuentes del gobierno reconocieron a El Observador que detrás de la firma está el interés de mostrar “avance y continuidad” en los proyectos de energías renovables.
A su vez, la empresa busca visibilizar que este proyecto avanza a mayor velocidad que el de Chile, cuyo lento avance ha provocado cierta decepción de los inversores con América Latina. El proyecto en Chile es una planta piloto llamada Haru Oni en Magallanes que inicialmente producirá 130 mil litros anuales de hidrógeno verde.
Lo que decía Lacalle Pou
“Cuando dicen cláusula de confidencialidad es una bolsa de humo que nadie puede meterse y saber lo que pasa. ¿Por qué confidencialidad si no hay licitación ni competencia de emprendimientos? Es UPM con el gobierno, UPM con Uruguay. Lamentablemente como no hemos recibido información necesitamos saber, los uruguayos, qué está haciendo el gobierno en nombre suyo. En qué se está endeudando, qué se está comprometiendo”.