Uruguay cerró negociación con Montecon y acelera arbitraje internacional por el puerto de Montevideo
El gobierno rechazó extender el diálogo con Montecon y desestimó su proyecto portuario; se reactiva el arbitraje internacional por US$ 600 millones.El gobierno uruguayo resolvió no conceder una nueva prórroga en el proceso de negociación con Montecon y avanzar hacia la reactivación del arbitraje internacional iniciado por la empresa, en un conflicto que gira en torno al régimen de competencia en el puerto de Montevideo y que involucra una demanda por 600 millones de dólares.
La decisión marca el cierre de una etapa de diálogo entre las partes, luego de que venciera el último plazo de 90 días que mantenía suspendido el litigio. En paralelo, el Poder Ejecutivo también rechazó la iniciativa privada presentada por la compañía para desarrollar una nueva terminal portuaria, lo que refuerza el escenario de confrontación jurídica.
Montecon, operadora de contenedores en los muelles públicos y vinculada al grupo chileno Neltume Ports (accionista mayoritario) y a la canadiense Atko, había iniciado acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, reclamando perjuicios derivados de cambios en las condiciones de competencia en el principal puerto del país.
Fin de la negociación
El diferendo tuvo un compás de espera a partir de agosto de 2025, cuando el gobierno y la empresa acordaron suspender el arbitraje por 120 días para abrir una instancia de negociación directa. Ese plazo venció en enero de 2026, tras lo cual se concedió una prórroga adicional de 90 días.
Sin embargo, finalizado ese período sin avances sustanciales, el Ejecutivo optó por no extender nuevamente las conversaciones. De esta forma, el proceso arbitral retoma su curso formal en el ámbito internacional.
Desde el gobierno se ha insistido en que la postura adoptada responde a la necesidad de resguardar el interés general, así como de brindar certezas jurídicas en torno al modelo portuario vigente.
Un conflicto con origen en 2021
El núcleo de la disputa se remonta al acuerdo firmado en 2021 entre el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen Natie, accionista principal de Terminal Cuenca del Plata (TCP). Ese entendimiento implicó la extensión de la concesión de la terminal especializada de contenedores y la consolidación de un esquema que otorga prioridad de atraque a dicha operadora.
Montecon sostiene que ese cambio alteró las reglas de juego y afectó su competitividad, al limitar su operativa en los muelles públicos. En ese marco, reclama una compensación económica por las pérdidas que, según su evaluación, derivaron de la nueva configuración del puerto.
El monto del reclamo —600 millones de dólares— convierte al caso en uno de los litigios más relevantes que enfrenta Uruguay en el ámbito internacional en materia de inversiones.
Rechazo a la nueva terminal
En paralelo al proceso arbitral, Montecon había presentado un proyecto para construir una terminal de contenedores propia, en un intento por reposicionarse dentro del sistema portuario. No obstante, la iniciativa fue desestimada por el gobierno.
La negativa del Ejecutivo a esta propuesta refuerza la señal de continuidad del modelo definido a partir del acuerdo con TCP, que privilegia la operativa concentrada en la terminal especializada.
Antecedentes y contexto
El caso se inscribe en una serie de arbitrajes internacionales que han involucrado a Uruguay en las últimas décadas. Entre los más conocidos se encuentran los litigios con Philip Morris, Italba Corporation y Latin American Regional Aviation Holding, todos ya concluidos.
La demanda de Montecon, sin embargo, destaca por su magnitud económica y por su potencial impacto en la política portuaria del país.
Desde el gobierno se ha reiterado el compromiso con la seguridad jurídica y la transparencia, al tiempo que se enfatiza la necesidad de defender los intereses del Estado en este tipo de controversias.