Centros comerciales del litoral molestos con el gobierno por reducción de la rebaja en naftas
La molestia surge porque entienden que la situación de vulnerabilidad de los comercios de frontera persiste y que además la medida fue inconsulta.Los Centros Comerciales e Industriales de Río Negro, Paysandú y Salto manifestaron su preocupación ante la reciente decisión del Gobierno Nacional, de reducir el descuento del Imesi al 32%, aplicado a las naftas en los departamentos fronterizos con Argentina.
Tras la crisis que atravesó el litoral uruguayo por la debacle del peso argentino en el escenario pospandemia, el gobierno de Luis Lacalle Pou amplió la reducción de la rebaja en el precio de las naftas en el orden del 40% de los mismos.
Esa medida y la quita del subsidio a los combustibles por el gobierno de Javier Milei, permitió equiparar los precios y el atractivo que significaba para los uruguayos ir a comprar naftas del lado argentino.
Pero el pasado viernes 1º de agosto, el gobierno uruguayo informó que reducía la rebaja del precio de los combustibles en el litoral del país y que ahora la misma en vez de ser del 40% pasaba a ser del 32%, lo que causó malestar entre los representantes de los centros comerciales del litoral del país con el gobierno encabezado por Yamandú Orsi, ya que entienden que la situación de vulnerabilidad de los comercios de frontera persisten y que además la medida fue inconsulta.
Pero en un comunicado emitido por las gremiales empresariales litoraleñas, señalaron que si bien se trata de "un ajuste menor en términos de recaudación fiscal del Estado, su impacto en las economías locales es significativo".
Y sostienen que la diferencia de precios entre Uruguay y Argentina "ha provocado históricamente un fuerte desplazamiento del consumo hacia el país vecino, afectando no solo a las Estaciones de Servicio, sino también al comercio, los servicios y el empleo en nuestras ciudades".
Desde los centros comerciales destacaron que "este beneficio fiscal ha sido una herramienta clave para mitigar las consecuencias de esta desigualdad estructural. Su reducción debilita aún más la competitividad del comercio formal en la frontera y pone en riesgo la sostenibilidad de numerosas empresas locales".
Desde las instituciones solicitaron al Poder Ejecutivo "la revisión de esta resolución, y exhortamos a que se prioricen políticas públicas que contemplen la realidad del interior, protejan la actividad económica y el empleo en la frontera".
Advirtieron, además, que esta medida "podría tener un efecto contrario al buscado, incentivando el contrabando, el informalismo y la evasión, con perjuicios no solo para el comercio legal, sino también para la propia recaudación del Estado.