OSE
Proyecto Neptuno: gobierno baja costos y descarta construir reserva de agua dulce
El Ejecutivo definió que la obra no podrá superar los US$ 250 millones; director del FA rechaza que cambios se hagan a partir de un informe técnico privado.Con atraso a partir del cronograma inicial, el Poder Ejecutivo se aproxima a definir el modelo financiero a implementar en el Proyecto Neptuno, una iniciativa privada que prevé construir una toma de agua y una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata en la zona de Arazatí en San José.
La idea de las autoridades era llamar a licitación a fines de junio, pero el plazo debió modificarse ya que la discusión acerca del tipo de contrato que se firmará con los promotores de la obra se extendió más de lo previsto. El tema está en la órbita del presidente Luis Lacalle Pou y participan en la decisión la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y el Ministerio de Ambiente (MA).
Si bien las características técnicas del proyecto ya fueron aprobadas por la mayoría del directorio de OSE –con la participación de cuatro gerencias y la conformación de un equipo especial– tras un año de análisis, el gobierno resolvió realizar un cambio significativo: no construirá la reserva de agua dulce (pólder), según confirmó El Observador con fuentes del gobierno.
El estudio de factibilidad cifró el costo total de la obra en US$ 288,7 millones, un monto considerado alto por el Poder Ejecutivo, que pretende destinar como máximo US$ 250 millones. La negativa a construir el pólder hace que el proyecto baje US$ 23,4 millones y las autoridades estudian otro cambio más para disminuir el costo: utilizar tuberías más baratas.
La resolución fue tomada a partir de un informe de diez páginas elaborado por Mekorot, la compañía nacional de aguas de Israel. La empresa privada fue contratada en marzo de forma directa por OSE por US$ 275 mil. El gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas y tiene como objetivo la realización de una consultoría más profunda.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, mencionó la decisión el 17 de junio en una reunión del Consejo del Río de la Plata y su Frente Marítimo, según el acta del encuentro al que accedió El Observador.
“Algo que se planteó en un momento era la necesidad de construir una reserva de agua dulce para cuando ocurrieran eventos de salinidad. Esto se descartó porque una consultora israelí que está asesorando a OSE en varios proyectos recomendó que las reservas fueran siempre de agua potable y no agua bruta. Es decir, el proyecto hoy no considera la construcción de un pólder”, dice la relatoría de la reunión.
Peña también aseguró que la definición financiera y operativa del proyecto no iba a demorar “más de un mes” y adelantó por qué se inclinan por un contrato tipo BOT en el que los privados construyen, operan y mantienen la planta. “El gobierno no quiere adquirir deuda pública. Si la inversión es de privados el riesgo lo asumen ellos”, dijo en otro momento del encuentro.
Luego dijo que el proyecto no contraviene el artículo 47 de la Constitución como han denunciado el director en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, y el sindicato de OSE (Ffose).
Críticas
El viernes 24 de junio, Ortuño presentó ante la mesa política del Frente Amplio un informe en el que reitera las razones por las que se opone al proyecto, pero también hace consideraciones sobre los cambios propuestos por Mekorot.
En el documento, al que accedió El Observador, el jerarca asegura que si no se construye el pólder la planta dejará de producir agua potable los 365 días del año, un requisito incluido en la iniciativa aceptada.
También señala que “no cumple el objetivo de solucionar el déficit cuantitativo de agua potable de la zona metropolitana con horizonte al año 2045”, y que en caso de existir eventos de salinidad significativos “se cubriría la demanda hasta los años 2028 a 2030 aproximadamente”.
“No cumple el objetivo de dar seguridad del abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana ante una eventual catástrofe en la Planta de Aguas Corrientes ni ante eventos extremos de sequía, siempre acompañados de eventos de alta salinidad debido a la intrusión de agua oceánica”, subraya.
Respecto a la discusión acerca de las tuberías, menciona que no puede afirmarse que serán más baratas debido a que llevarán un mantenimiento mayor.
Peña también dijo que desde el punto de vista ambiental “los impactos son mínimos”, que se habían realizado “análisis preliminares” y que luego “tendrá que evaluarse por los técnicos del ministerio cuando llegue esa etapa”.
Tras su presentación, varios actores sociales nucleados en distintas organizaciones tuvieron comentarios críticos acerca de cómo se ha venido desarrollando el proyecto.
La referente de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (Cndav), Anahit Aharonian planteó que había “actores claves” como el Ministerio de Salud Pública que no estaban participando y dijo que debía evaluarse bien “el impacto y las consecuencias de lo que se va a desarrollar en el territorio”.
En tanto, María Selva Ortiz, de Redes-Amigos de la Tierra, consideró “preocupante” que recién se conocieran los detalles del proyecto cuando se llame a licitación “porque allí ya no hay margen de incidir” y manifestó “preocupación” por Mekorot, ya que dijo “que posee muy malos antecedentes y no genera ninguna confianza”.
Guillermo Goyenola, investigador del Centro Universitario de la Región Este de la Universidad de la República, agregó que el pliego de la licitación debía ser puesto a consideración de esta comisión, y Cristina Dolio y Nelson Altiere señalaron que era necesario constituir una Comisión de Cuenca del Arroyo Sauce para hacer un seguimiento del proyecto.
Informe de Mekorot
Los expertos de Mekorot, Hilel Mossak y Diego Berger, visitaron Uruguay entre el 16 y el 23 de mayo y elaboraron un informe en el que plantearon una serie de modificaciones al proyecto, tal como informó el semanario Búsqueda. Allí expresan que “no es necesario” construir la reserva de agua dulce, la cual tiene el objetivo de funcionar como garantía para el servicio en los días en que la salinidad del estuario sea mayor que los límites autorizados. En su lugar, sugieren tener reservorios de agua potable que pueden construirse después de la planta y permiten mezclar el agua para bajar la cantidad de sal.
Actualmente, OSE tiene reservas de agua potable de 100.000 metros cúbicos para el área metropolitana, un volumen considerado muy bajo en comparación con el consumo diario, que oscila entre los 500.000 y 650.000 metros cúbicos. Los especialistas entienden que las reservas deberían representar al menos el equivalente a un día de consumo. “En los eventos en los que la salinidad sea tan alta y la mezcla no sea suficiente para abastecer agua dentro de la norma, la planta de Arazatí no trabajará”, dice el documento.
También manifestaron que el material de las tuberías, que en la propuesta original es de acero dúctil, también se puede “optimizar” incorporando protección catódica y fibras ópticas. “Al haber una mayor cantidad de proveedores, se podría reducir el costo de las tuberías, lo que representa casi un 70% del costo de la obra”, concluye.