Arazatí, el balneario de tierras productivas que se resiste al proyecto Neptuno
Ediles oficialistas piden cambiar el lugar del pólder y directorio de OSE analiza un recurso administrativo que podría suspender la licitación.“El agua está salada, lo que sale es para el día a día”, dice sentado en una silla playera desde un barranco un pescador artesanal que vive a metros del agua en Arazatí.
La playa luce desierta, salvo por una chalana y un par de redes, y el hombre señala al horizonte, hacia el oeste, el punto donde se construirá la toma de agua de Neptuno, una de las obras emblema del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Ubicado a poco más de una hora de Montevideo, este balneario —al que se llega después de doblar a la izquierda en la Ruta 1 y hacer 25 kilómetros por un camino— se resiste al desarrollo del proyecto argumentando que dejará a los vecinos sin playa y que se construirá sobre tierras altamente productivas.
Son planteos diferentes de los que realizan otras organizaciones nacionales y tienen como origen a un grupo conocido como los “Tucu-Tucu”, conformado principalmente por vecinos de Rafael Perazza, el pueblo más cercano.
Estos vecinos señalan que vienen luchando desde hace años por una playa con servicios en la zona (baños, parrilleros y guardavidas), y que eso ahora se perderá debido al impacto de las obras.
A su vez, consideran que las floraciones de cianobacterias —que se podían observar el día que El Observador recorrió la playa— y la salinidad del agua encarecerán el proceso, por lo que entienden que lo mejor sería que la planta se ubique en otro punto.
“Pensamos que nos van a privatizar la playa, cortando el camino para llegar. A su vez, el agua será de mala calidad y carísima, porque a esta altura del Río de la Plata no es buena”, dice la vocera del movimiento, Silvana Fernández.
El juicio perdido y el camino cortado
Tal y como lo muestran los mapas, el camino que comienza en la Ruta 1 continúa hasta el arroyo Sauce (que desemboca en el Río de la Plata y es el lugar donde se instalará la toma de agua bruta), pero el paso está bloqueado por cadenas, candados y una portera.
Ese bloqueo restringe las bajadas de Arazatí a una sola pese a que la costa es extensa, y provocó el año pasado un juicio contra la familia Voulminot (la dueña de los predios) impulsado por ediles que entendían que se estaba prohibiendo el acceso a un bien público como son las playas.
Pese a esto, la Justicia dio la razón a los privados que argumentaron que estaban dentro de un predio de su propiedad.
Poco después de la sentencia, y aunque habían anunciado que apelarían, los abogados Diego Caracciolo y Franklin Fuentes comunicaron que dejaban el patrocinio de los vecinos y ediles, alegando presiones "externas" y "políticas".
Los suelos altamente productivos
Estas inquietudes vienen desde marzo de 2021, cuando Lacalle Pou anunció ante el Parlamento la intención del gobierno de concretar el proyecto a partir de una iniciativa privada, pero no son las únicas a nivel departamental.
Recientemente, en una sesión de la Junta Departamental, los ediles oficialistas Mario Guerra (Partido Nacional) y Alfredo Lago (Partido Colorado) reclamaron reubicar la reserva de agua dulce (pólder) para no afectar tierras “altamente productivas” donde funcionan granjas y tambos que dan empleo.
En discursos durante la media hora previa de la sesión del 6 de marzo, los ediles se pronunciaron a favor del proyecto pero pidieron a las autoridades de OSE atender estas situaciones y que comparezcan ante la Junta para explicar los cambios.
“Esos campos tienen un índice Coneat de un doscientos por ciento, es decir que se trata de una de las zonas más productivas del país”, dijo Guerra y adelantó que eran ocho los productores perjudicados.
El edil nacionalista señaló que se debía estudiar la posibilidad de que “no salga nadie perjudicado” y que eran necesarios “nuevos estudios” para que “no haya gente que sufra daños económicos ni se pierdan campos con ese índice”.
Minutos antes, el colorado Alfredo Lago había dicho que de mantenerse la localización del pólder, se producirá “un gran perjuicio” ya que en esa zona están los “suelos más productivos del país”.
“Donde se quiere instalar actualmente (el pólder) es un enclave agrícola muy productivo. Por ejemplo, hay una granja que en época de zafra trabajan seiscientas personas, o tambos que tienen cuarenta o cincuenta personas trabajando, y en otros tantos rubros sucede lo mismo. Técnicamente el lugar elegido podrá tener determinadas aptitudes, pero debe analizarse la situación desde el punto de vista sociocultural y económico. Esa ubicación debe corregirse”, expresó.
La construcción del pólder ha tenido varias marchas y contramarchas durante todo el proceso. Inicialmente, se propuso que tuviera capacidad para almacenar 9 hectómetros cúbicos. Luego, se decidió quitarlo para abaratar el proyecto a partir de una propuesta de la compañía israelí Mekorot, aunque después se reincorporó uno menor (de 4 hectómetros cúbicos con reservas para 25 días), pero el definitivo será de 15 hectómetros cúbicos, por lo que tendrá reservas para 87 días y ocupará unas 200 hectáreas.
La causa de esta modificación obedece a que al analizar el proyecto, a mediados de 2021, los técnicos de OSE instalaron una sonda en Arazatí que registró 86 días de salinidad por encima de lo autorizado en el año estudiado.
El directorio de OSE recibió en febrero una actualización de ese informe, que señala que desde diciembre de 2022 la zona está con cianobacterias.
Analizan suspender la licitación
OSE publicó la licitación el 7 de marzo y fijó para el 4 de mayo la fecha de apertura de ofertas, aunque las fechas pueden cambiar dado que la ONG Redes Amigos de la Tierra presentó el 16 de marzo un recurso de revocación y otro de anulación que podrían suspender la licitación.
El recurso, al que accedió El Observador y que fue informado inicialmente por La Diaria, señala que la empresa pública incumplió la normativa vigente ya que la sociedad civil no tuvo participación en el proceso, algo establecido en el artículo 47 de la Constitución.
A su vez, recuerda que el artículo 73 del Tocaf establece que los recursos administrativos tienen efectos suspensivos sobre las contrataciones.
El documento fue distribuido este jueves en el directorio de OSE y será analizado por los servicios jurídicos del organismo, aunque los integrantes oficialistas consideraban que no había razones para suspenderla dado que todavía no se realizó la contratación.
La iniciativa fue presentada por cuatro empresas (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) en octubre de 2020 bajo un consorcio denominado “Aguas de Montevideo”, que tendrá una preferencia de 12% en la licitación.
Las obras tendrán un costo de US$ 258,7 millones y la inversión será realizada por los privados, que se encargarán del diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de la infraestructura.
OSE estará a cargo de la operación y pagará durante 18 años una cuota fija de alrededor de US$ 41 millones anuales.