Propietario de los campos para "reserva de chacras" en Laguna del Cisne acusa a técnico de Ambiente de "arbitrario", "abusivo" y motivado "por ambientalistas"
Pablo Bidegain, promotor de la reserva de chacras que los vecinos denuncian como un nuevo "barrio privado" sobre la laguna que abastece a la Costa de Oro, acusó de "mala fe" y de "falta de pruebas" a informe del Ministerio de Ambiente que lo intimó a detener las obras.
En un durísimo descargo contra el técnico que redactó el informe que recomendó “detener de inmediato” las obras para una “reserva de chacras” sobre la Laguna del Cisne, el propietario Pablo Bidegain respondió a la intimación del Ministerio de Ambiente el pasado 22 de setiembre en un documento de 34 páginas al que accedió El Observador.
El proyecto es denunciado como un “barrio privado” por la Comisión de Vecinos en defensa de la Laguna del Cisne y generó diferencias entre Ambiente y la Intendencia de Canelones en la órbita de la Comisión de Cuenca entre autoridades competentes y vecinos. Ahora el caso está a estudio de la Jurídica del ministerio, que debe resolver si exige que para continuar con el emprendimiento el privado esté obligado a conseguir una Autorización Ambiental Previa.
Eso se debe a que la División de Cuencas y Acuíferos de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y el Área de Control y Desempeño Ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente marcaron en sendos informes que el proyecto tiene “características similares a una urbanización”.
La “reserva de chacras” nació a partir de un fraccionamiento de tres padrones al norte de Marindia en 72 lotes de tres hectáreas cada uno en suelo rural productivo, más otra chacra en suelo rural natural de 35,7 hectáreas a orillas de la laguna, pensada para ser de propiedad común de modo de regular su conservación. El propietario proyectó ante las autoridades que el emprendimiento sería para chacras a modo de “vivienda no permanente”.
A lo largo de 34 páginas, Bidegain presentó al Ministerio de Ambiente sus fundamentos para sostener que en esos padrones “no se están llevando a cabo y no se realizarán bajo ninguna circunstancia actividades de urbanización de ninguna índole”.
El propietario de los campos comenzó contestando ante las acusaciones de los vecinos que “la Laguna del Cisne no cuenta ni nunca ha contado con acceso público por encontrarse enclavada en el medio rural, rodeada de 16 predios rurales privados y el predio correspondiente a la planta potabilizadora de OSE”, abastece con agua de la laguna a toda la Costa de Oro. Además, recriminó que la denuncia de un presunto “complejo urbanístico” detrás del fraccionamiento “no aporta ningún elemento técnico, ni argumento objetivo” para esa definición
En la mira
La réplica de Bidegain repasa que a partir de una primera denuncia de los vecinos, el caso lo estudió desde el 10 de marzo de 2025 la arquitecta Lucía Chabalgoity de la División Transición Ecológica y Ordenamiento Ambiental, donde el privado remarca que en ningún momento dio cuenta de que hubiera detrás del fraccionamiento “un complejo urbanístico” en suelo rural.
El caso pasó el 26 de mayo al Área de Control y Desempeño Ambiental. Es en esa repartición donde el técnico prevencionista Fernando Álvarez elaboró un informe a partir de una inspección de los terrenos el 10 de julio contra el que Bidegain se despacha de manera frontal en su recusación ante el ministerio.
En primer lugar, le cuestiona que de un total de 271 hectáreas y 1.361 metros cuadrados de establecimiento solo recorrió 2,5 kilómetros al borde del predio, al tiempo que omitió mencionar que hay “área forestada y de pradera natural con actividades productivas del sector primario”.
En más de un tramo durante sus descargos, Bidegain cuestiona su informe final como “brevísimo y arbitrario”, “abusivo”, “pobre”, “pequeño y pintoresco”, realizado con “mala fe”,y sin “ningún tipo de argumentos técnicos o legales” para justificar que un fraccionamiento rural sea interpretado como “de carácter urbano”.
Tras un extenso repaso de la normativa, Bidegain acota que las medidas de entre tres y cuatro hectáreas para las chacras responden a “la necesidad de proteger el suelo rural como un bien estratégico para la producción agropecuaria, impidiendo su fragmentación excesiva” y parcelas “demasiado pequeñas para ser productivas”. En esta línea, afirma que “no es residencial cuando se respeta” esa medida, dado que las “unidades mantienen su capacidad productiva”.
“Un lote de 1.000 metros cuadrados claramente no es productivo, pero una chacra de 30.000 metros cuadrados (3 hectáreas) sí lo es, independientemente de si se explota o no con ese fin”, escribe y remarca con mayúsculas: “Es productivo por esencia (...) porque con ese metraje mínimo tiene objetivamente la posibilidad o capacidad de producir”.
Para el propietario, en chacras de tres hectáreas como las ofrecidas en la reserva pueden desarrollarse actividades “agroproductivas” como plantación de huertas, cría de animales, tener caballos o vacas”, sin “importar si su diseño decide explotarla o no”. “Pero además, la ley permite la construcción de viviendas en suelo rural. El artículo 31 no impide que se construyan viviendas en suelos rurales de 3 hectáreas. De hecho, lo contrario iría en contra del espíritu de la ley”, enfatiza.
Por otro lado, el propietario de los campos reclama que “no existe” ninguna normativa “que obligue a un predio rural a producir” y que en todo caso el Estado podrá fomentar la producción a través de “políticas de colonización” y “otros instrumentos” del Código Rural. “Si la producción fuera un requisito obligatorio para residir en el medio rural, miles de propietarios de chacras rurales no podrían construir una casa en su terreno, lo cual es absurdo y contrario a la realidad”.
Falta de permisos
En base a los artículos 31, 37 y 39 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Bidegain responde a las observaciones de Ambiente –también deslizadas por la Intendencia de Canelones– que “en chacras rurales productivas no se requiere autorización para construir, lo que refuerza la legalidad de construir viviendas en suelo rural”.
Cuando el técnico de Ambiente inspeccionó los predios, una de sus anotaciones fue que en el acceso al establecimiento, en la intersección de las calles Mburucuyá y Yapeyú, el campo está “cerrado con cadena y candado y cartelería que prohíbe el ingreso al predio”.
En su descargo, Bidegain le recrimina con signos de exclamación que “insiste en este punto como si fuera un delito”, cuando “debería conocer que no solo el propietario cuenta con derecho a poner candado en la portera, sino que ello es lo que sucede en el 99,9% de predio rurales en Uruguay”, “por seguridad más que nada”.
En mayúsculas, el propietario insiste contra que la “grave orden de cesar toda actividad es ilegítima y el informe es arbitrario, abusivo, realizado con abuso de funciones y además sin prueba alguna”.
A su entender, el candado incluso es “prueba” de que “justamente es un predio rural”, dado que “si fuera una urbanización de terrenos como pretende de mala fe el informante, no habría candado ni nada”. “En los barrios urbanos no hay candado. En los campos sí”.
Por otro lado, le reprocha la mención a la existencia de caminería interna como ejemplo de una posible urbanización. “Es una propiedad privada en el medio rural y no existe normativa que prohíba a tener camino para ingresar (...). Un predio rural en el medio del campo del departamento de Tacuarembó tiene camino de ingreso y no es una urbanización”.
Bidegain también arremete contra la observación a la falta de actividad agropecuaria en los campos, a la que tilda de “falsa” o “cargada de mala fe”. “En el predio hay gallinas, hay caballos, hay un monte de 150 hectáreas de árboles de 20 metros, y hay actividad de chacra, se cría ganado”, critica.
“Es más: en el momento que se realizó la inspección había en el establecimiento más de 150 vacas. ¿No las vio? ¿O de mala fe falseó el informe? Están las correspondientes guías de ganado con la existencia de vacas, si se quisiera corroborar. Pero además hay casa de casero, hay gallinas, hay cerdos. (...) El 50% del predio está forestado con árboles que se ven a dos kilómetros. ¿Eso no es actividad de chacra o rural? Cada párrafo del informante es peor que el otro y cada afirmación es más contradictoria con lo que luego concluye: que en el mismo se desarrolla una urbanización”.
Bidegain agrega que el proyecto supone un “reparcelamiento de suelo rural en chacras y la autorización ambiental previa no se encuentra previsto” en la normativa. También acusa que “si todas las chacras de todo el país fueran consideradas por el Ministerio de Ambiente bajo este criterio como algo ‘urbanístico’ estaríamos en un verdadero caos”. “Habría que recategorizar todo el país y pedir autorización ambiental previa en todo el país”.
“Viola derecho de propiedad”
El propietario también acusa que el informe “viola” su “derecho de propiedad, seguridad jurídica y buena fe”.
Dado que en un primer momento, el 7 de agosto, el Ministerio de Ambiente no había observado el fraccionamiento cuando la Dirección de Catastro le dio vista sobre el caso, Bidegain se despacha contra el técnico prevencionista por “borrar de un plumazo, de manera totalmente arbitraria, irresponsable y con abuso de funciones lo que dispone la ley en su artículo 31”.
En una actuación distinta a la vinculada a la denuncia vecinal, cuando el trámite pasó desde Catastro a Ambiente en agosto, la cartera se limitó a sugerir que se incluyera una nota aclaratoria al pie de los planos indicando que el uso de los suelos respondería al Plan Sectorial Ruralidades Canarias y al Plan Costa de Oro, así como delimitar el suelo rural natural en base a la cota 15,3 de metros sobre el nivel del mar, de acuerdo a la información de OSE.
Pese a eso, cuestiona Bidegain, “el funcionario del Ministerio se hace eco de denuncias carentes de pruebas, motivadas por ambientalistas que solo tienen fines políticos" y “yendo contra los actos propios de su ministerio aconseja algo totalmente en contra” de lo que “informó la autoridad a la que representa”.
Bidegain concluye reivindicando su “derecho a fraccionar en chacras de tres hectáreas” y alegando que está respondiendo a un informe “ilegítimo, irresponsable” con “conclusiones totalmente arbitrarias, con abuso de derecho, que causan un daño muy importante”.
Diario EL OBSERVADOR -Montevideo - URUGUAY - 25 Noviembre 2025