El plan para encontrar petróleo en Uruguay: ¿cómo es el proceso que finalizará con excavaciones en siete zonas?
"Es la primera vez que se realizan estudios de impacto", dijo a El País el director de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario; ya hay empresas con contrato para la excavación, pero el proyecto enfrenta varias críticas ambientales.
El Ministerio de Ambiente realizó la última audiencia pública en un proceso de evaluación ambiental para otorgar la autorización a empresas que presentaron proyectos para realizar prospecciones sísmicas en la costa uruguaya. Se trata del paso previo a las excavaciones para buscar petróleo, para lo que ya hay empresas designadas, y que ya enfrenta cuestionamientos varios de tipo ambiental, como quedó patente en la instancia de intercambio, que fue la cuarta que se ha hecho sobre este tema.
La audiencia, en la que presentaron sus proyectos las empresas Searcher Geodata UK Limited y APA Exploration LDC, comenzó sobre las 18:00 de este martes, en Maldonado. Allí concurrieron representantes de las compañías, grupos activistas —que habían reclamado que la discusión también se hiciera en el este— y personas vinculadas a sectores interesados, entre ellos el de la pesca, con miradas mayormente críticas sobre el proceso, que comenzó en diciembre de 2023, cuando Ancap anunció haber firmado contrato con cuatro empresas para la explotación de hidrocarburos en las cuencas marinas uruguayas. Estas son Yell, APA Corporation, YPF y Challenger Energy.
Según explicó el entonces presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, el interés por comenzar con esta actividad partió de un descubrimiento de petróleo en Namibia, lo que aumenta las probabilidades de un hallazgo en Uruguay, por similitudes geológicas.
La inversión por parte de estas empresas es de US$ 200.000.000.
Para que estas excavaciones no se realicen a ciegas, se requiere información sobre las características del fondo marino uruguayo, lo que se hace mediante un proceso llamado prospección sísmica. Las empresas designadas pueden decidir si lo realizan ellas mismas, o si contratan a otras que les vendan los datos. Aquellas interesadas en realizarlo deberán contar con la autorización de la cartera, y por eso la actual etapa de las audiencias públicas, que finalizó este martes.
En el proceso Evaluación Ambiental en que se encuentra el Ministerio de Ambiente se estudian las características, posibles daños y mitigaciones de cada proyecto de prospección sísmica. Debido a que estos son catalogados como “Categoría C” —aquellos que pueden generar impactos ambientales significativos— es que se llevan adelante las audiencias públicas, junto a un análisis completo.
Luego de que la cartera otorgue las autorizaciones, serán las empresas ya designadas para la excavación las que deberán negociar y contratar, según explicó a El País el director de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario.
Trabajará solamente una en cada zona del mar —hay siete—, con el objetivo de no hacer más de una prospección en cada área, lo que aumentaría los riesgos de afectar la fauna marina.
“Si bien hay antecedentes de prospecciones sísmicas en el país, es la primera vez que se realizan estudios de impacto”, señaló Nario.
Según dijeron fuentes del caso a El País, ya se han concretado reuniones entre autoridades de la Dirección Nacional de Recuros Acuáticos (Dinara) y empresas pesqueras para revisar posibles compensaciones en caso de que se constaten pérdidas durante la aplicación de los proyectos.
Igualmente, los proyectos deberán esperar ahora la revisión de técnicos.
Además
¿Cómo es la prospección sísmica?
La prospección sísmica 3D busca generar imágenes por debajo del lecho marino, para lo que se utilizan ondas de sonido. El objetivo es facilitar la búsqueda de hidrocarburos y la explotación petrolífera. Esto debido a que, de lo contrario, pueden realizarse excavaciones de forma inexcacta, al no conocer la conformación del suelo.
El proceso consiste en fuentes que envían energía sísmica, que penetra y se propaga por las capas del fondo marino, para así conseguir información sobre sus características y propiedades. Esto luego es rebotado hacia la superficie y captado por sensores ubicados en cables de varios kilómetros que se encuentran decenas de metros por debajo del nivel del mar, arrastrados por un buque.
El llamado "buque sísmico" se mueve en líneas rectas, a una velocidad constante y emitiendo todo el tiempo ondas de sonido. Si bien se trabajará periódicamente para la generación de los datos, inclemencias climáticas pueden dificultar el accionar, por lo que casos extremos podrían detenerlo temporalmente.
Para mitigar el impacto en especies marinas, al comienzo de cada procedimiento se realizará un aumento gradual en la intensidad de las ondas sonoras. Por el mismo motivo, al detectar especies especialmente sensibles, podría detenerse la operativa.
Del proceso también deberán participar buques de asistencia y de logística, lo que requerirá más de un centenar de mano de obra.
Algunos de los elementos señalados por la consultora CSI durante una de las audiencias, a la que accedió El País, fueron la afectación fauna marina, el ahuyentamiento de peces, complicaciones a la pesca y el daño a cables submarinos. En todos los casos, desde la consultora se presentaron medidas para mitigar los daños.
Algunos ejemplos son colocar jaulas metálicas para evitar que animales colisionen o queden atrapados en la estructura de los buques, coordinar con los pescadores para no solapar las zonas, un inicio progresivo de los disparos de sonido para que las especies puedan salir del lugar por el que pase el buque, y el monitoreo frecuente de las distintas zonas.
Los reclamos
En cada audiencia pública realizada por el Ministerio de Ambiente, a raíz de los proyectos para la prospección sísmica, se han presentado distintos grupos para reclamar que estas acciones no se continúen.
Tanto en Montevideo como en Maldonado pudieron presenciarse pancartas con frases como “No queremos que las multinacionales vengan a robarnos lo nuestro” o haciendo referencia al “fuego amigo”, por la intervención cercana a zonas protegidas, declaradas así por la cartera.
Luego de que se conociera la fecha de la audiencia que finalmente se celebró en la tarde de este martes —en la Parada 1 de la Playa Mansa—, algunos grupos comenzaron a movilizarse. Y dentro, cuando inició el intercambio, las críticas se hicieron sentir de varias formas. Por ejemplo, con la reacción del auditorio a cada exposición —con aplausos o abucheos—, compuesto casi que en un 100% por activistas contrarios a los proyectos
Algunos de ellos —tenían 10 minutos para hablar— citaron referencias internacionales, como hizo por ejemplo Belén Chaine, quien fue en representación de la Asociación de Guías Turísticos de Maldonado, y se refirió por ejemplo a los “daños ecológicos” y “pérdidas económicos” que supusieron iniciativas de este tipo en las cosas de Japón y California.
En una dirección similar fue el docente, activista y guardavidas Gerardo Rasenti, quien pidió que se dejara al “mar libre” y al petróleo “donde está”. “Este modelo extractivista está mermando en el mundo y varios países ya han prohibido o disminuido estás prácticas —dijo—. La mayoría han tenido daños graves, que son irreversibles”.
Lo mismo sostuvo la bióloga Paula Laporta, también activista, quien argumentó que las ondas sonoras de los proyectos generan un daño constatado en “la frecuencia de audición de diversos grupos de biodiversidad” y que pueden producirse “lesiones graves y hasta la muerte” en varios animales marinos.
Otros mostraron un tono confrontativo, como la activista Sofía Graña. Ella pidió, mirando a las autoridades de la cartera, la presencia de Edgardo Ortuño en la audiencia: “Quiero saber dónde está el ministro".
Las críticas no parecen quedarse con meras intenciones. El abogado Pedro Riera, integrantes de Asamblea Mar Libre de Petroleras, dijo que “la gente no va a dejar” que estos proyectos se materialicen, y recordó, entre otros ejemplos, lo que ocurrió con el plan para Arazatí. “La gente se está preocupando”, avisó.