Diez dudas que persisten sobre la compra de patrulleras a Cardama
Más allá de la garantía trucha, hay puntos de toda la operación que no quedan claros.El proceso de compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama mantiene algunos puntos sin aclarar.En diciembre de 2021 el gobierno del presidente Lacalle Pou anunció dos llamados a precios para comprar patrulleras: uno era para barcos nuevos, el otro para usados.
En aquella oportunidad se contó con un pliego muy detallado de condiciones. Nadie ofertó por los buques usados. Respecto a los nuevos, una comisión de la Armada laudó que la mejor oferta era la de un astillero chino, pero el proceso se anuló porque –según dijo Javier García cuando era ministro- los precios eran más altos que lo que se podía pagar.
Tras un fallido intento de comprar patrulleras usadas noruegas, en 2023 apareció Cardama en escena.
Estas son diez dudas que nacen a partir de ese momento.
1. ¿Cómo llegó la oferta de Cardama y quién la recibió?
Es un punto no aclarado. En una entrevista reciente con el programa Desayunos Informales el exsubsecretario de Defensa Rivera Elgue dijo que la oferta no le llegó a él. Sostuvo que se enteró de su existencia en abril de 2023 cuando el ministro Javier García le informó sobre ella: “El 10 o el 11 de abril el ministro me plantea que hay una oferta de Cardama”.
La oferta aludida está fechada el 2 de abril, muy pocos días después de que se anunciara en forma oficial que no se comprarían los barcos de Noruega. Es curioso como un astillero que jamás había construido una patrullera oceánica tuvo esa rapidez para presentar una propuesta totalmente ajena a sus negocios habituales.
Elgue agregó que el 11 de abril él y García informaron al respecto al presidente Lacalle Pou.
Sin embargo, quién presentó la oferta de Cardama y quién la recibió es algo que sigue sin conocerse.
2. El llamado a otras empresas
Tras recibir la oferta de Cardama, entre la segunda quincena de abril y mayo se contactó a otros astilleros para que presentaran sus ofertas. A diferencia del primer llamado de 2021, no hubo un pliego de condiciones por escrito. Solo se planteó que los barcos debían cumplir apenas con tres puntos: tener un desplazamiento de más de 1.500 toneladas, una plataforma de vuelo y un hangar.
Elgue dijo en la citada entrevista que se hizo “para darle un marco de transparencia” a la compra que ya se encaminaba hacia Cardama
“Se pidió a los otros astilleros, para tener un balance realmente comparativo”, agregó. “No era un pliego, ni un llamado. Estábamos visualizando una oferta en concreto”.
“No estamos compitiendo, habíamos definido que esa oferta era válida, pero pedimos como referencia otras ofertas”.
Las afirmaciones del exsubsecretario plantean varias dudas. Era –dijo- algo comparativo pero no competitivo. ¿Se pidieron ofertas de otros astilleros solo “para darle un marco de transparencia”? ¿O sea que las ofertas estaban descartadas de antemano?
3. La licitación que nunca existió
Elgue justificó las mínimas condiciones que se pusieron en la convocatoria “comparativa” con Cardama, y la ausencia de un pliego por escrito, en que no se trataba de una licitación.
“Vuelvo a repetir. No era un proceso competitivo. Nosotros íbamos a definir si esa oferta era válida o no. Íbamos a hacer una compra directa. No íbamos a hacer una licitación”, declaró.
Y señaló que en 2021 sí había habido un pliego detallado porque se había hecho una licitación: “Al principio se apostó por una licitación y después pasamos a una compra directa”, dijo en Desayunos Informales. “Los pliegos son para las licitaciones”.
Hay varios errores en esas declaraciones de Elgue. El Estado puede comprar mediante licitaciones, licitaciones abreviadas, llamados a precios o compras directas. Y, en este caso, nunca estuvo planteada una licitación.
En la conferencia de prensa de 2021 en la cual se anunció el inicio del proceso para comprar las OPV el presidente Lacalle Pou dijo: “Hemos ideado con el Ministerio de Defensa un mecanismo de llamado a precios, a interesados. Si bien el Tocaf nos permite hacer una compra directa enmarcada en el artículo 33, hemos optado por llamar a interesados”.
Sin embargo, en los pliegos siempre se estableció que era una compra directa por excepción. Y así lo refleja la resolución del caso del Tribunal de Cuentas. Al analizar la compra a Cardama se establece: “Es antecedente directo del presente procedimiento las Compras Directas por Excepción Nº01/2022 y 2/2022 convocadas con el mismo objeto y que fueron dejadas sin efecto por la Resolución Nº 97.102 del Poder Ejecutivo de fecha 22 de marzo de 2023, respecto a la 01/2022 en virtud de que la eventual erogación resultante de las ofertas presentadas superaban las previsiones estimadas inicialmente, y la 02/2022 que fue declarada desierta”.
Por lo demás, y ese es el segundo error, el detalle, la claridad y la precisión no son solo para las licitaciones, como dio a entender Elgue. Esas características rigen para todas las compras del Estado, tal como sostiene el Tocaf. Se puede convocar a ofertas para una compra directa con pliegos y condiciones claras, como ocurrió con el llamado de 2021. O se puede hacer sin casi nada claro como se hizo cuando se eligió a Cardama en 2023.
4. La visita de Elgue a Cardama
Elgue visitó Cardama –del 14 al 16 de junio de 2023, antes de que se definiera la compra. Ni él ni ninguno de los otros actores involucrados en el proceso visitó los otros astilleros invitados a presentar ofertas “comparativas” y destinadas “a dar un marco de transparencia”.
“Fuimos a Cardama porque había una propuesta, pero había que definir las capacidades del astillero y lo que ofrecía ese llamado específico”, señaló Elgue en la citada entrevista.
“Fuimos porque esa ya era la oferta que se estaba considerando”, agregó. “Estábamos yendo hacia esta propuesta”.
Respecto a por qué no se visitaron otros astilleros señaló que ya los conocían: “La Armada de los años 2014 a 2020 recorrió los astilleros en forma importante”.
Faltó decir que en esas anteriores recorridas, la Armada también visitó Cardama. Fue en 2016. Entonces el astillero gallego invitó a una delegación de la Armada con el fin de ofrecer a Uruguay el C-242, un barco que construyó en 2011 y hasta ahora no logró vender.
Cardama quería que Uruguay lo comprara como patrullera oceánica, pero los marinos uruguayos que lo vieron no lo encontraron apto para ese fin.
El almirante Jorge Jaunsolo integró aquella delegación. En agosto de 2025 relató en El Observador sus impresiones sobre la visita a Cardama. Dijo que es un astillero de menor porte que el Dique Nacional, sin dique seco y destinado a barcos de pesca: “Lo único que vi ahí fueron pesqueros”.
5. La oferta cambiante de Cardama
Algo que Elgue no dijo en la entrevista en Desayunos Informales es que aquella primera oferta de Cardama atrás de la cual se encarrilaron el Ministerio de Defensa y la Armada no era igual a la que al fin cerró la compra.
La oferta fechada el 2 de abril tenía un costo de 68 millones de euros. La oferta final, fechada el 19 de junio de 2023 según el Tribunal de Cuentas, llegaría a 82,2 millones.
La propuesta inicial fue modificada en aspectos importantes: velocidad, sustitución de hélices fijas por otras de paso controlable y uso de aletas para la estabilización, y no tanques como había planteado en primera instancia.
Mientras a otros astilleros nunca se los habilitó a negociar y a modificar sus ofertas, eso sí se le permitió a Cardama.
Más aún: ¿Cardama pudo usar las presentaciones de los otros astilleros para ir ajustando su oferta?
Es otra duda que queda planteada.
6. La velocidad
Los cambios permitidos a Cardama continuaron hasta la firma misma del contrato. En su oferta final la velocidad máxima de las dos patrulleras era de 23 nudos. En el contrato se la redujo a 21.
Ninguna autoridad interviniente ha explicado el cambio.
7. La carta de Elgue a la embajada de España
El 5 de junio el subsecretario de Defensa le envió una carta al embajador de España pidiéndole que apoyara a Cardama.
¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué no lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Por qué no lo hizo el ministro García, que según dijo Elgue en Desayunos Informales era quien se relacionaba con las embajadas?
La respuesta llegó el 13 de junio, señalando que Cardama era un astillero conocido y fiable que había hecho trabajos para el Ministerio de Defensa de España, aunque de momento nadie ha sabido explicitar cuáles fueron esos trabajos.
8. Excepción por secreto
El Tocaf no admite las compras directas para objetos tan costosos como las patrulleras oceánicas. Los montos máximos fijados son muy inferiores.
Para poderle comprar las patrulleras en forma directa a Cardama se recurrió a una “compra directa por excepción”.
En el Tocaf hay más de 40 excepciones que pueden ser invocadas para que una compra directa supere los montos máximos permitidos.
En este caso, se recurrió a la excepción 9: “Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto”.
¿Cómo se justificó esa necesidad de “secreto”?
Los cuatro miembros del Tribunal de Cuentas que aprobaron por mayoría la compra se basaron en un informe jurídico que señala que la necesidad de secreto “se fundamenta en determinadas características técnicas que se entienden deben mantenerse en ‘secreto’, ya que refieren a las capacidades para la defensa nacional como ser: a) el sistema de gestión de combate, el que refiere al armamento principal y secundario; b) proyección de capacidades, que incluye la velocidad y autonomía de los buques y c) sistema de comunicaciones, el cual establece la cantidad y los requerimientos mínimos de los equipos y capacidades de los mismos”.
También citaron un documento del comandante en jefe de la Armada, el almirante Jorge Wilson, fechado el 31 de mayo de 2023, en el que señala que “los barcos cumplirán tareas militares, de seguridad y protección marítima, y por tal motivo, se entiende pertinente recomendar que el proceso de adquisición sea secreto”.
Agregaron otro documento del 6 de junio de 2023 en el cual el director general de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional “señaló que existen características técnicas de las embarcaciones que deben mantenerse en secreto, ya que refieren a capacidades para la Defensa Nacional (sistema de gestión de combate, capacidades, velocidad, autonomía, sistema de comunicaciones, etc)”.
En forma más escueta, en la prensa se ha manejado que corresponde el secreto por tratarse de barcos militares.
Sin embargo, como se verá, todas estas argumentaciones han sido desmentidas por los mismos que las han sostenido.
En entonces ministro Javier García dijo ante la Comisión de Defensa del Senado el 7 de agosto de 2023: “Nosotros no estamos comprando buques de guerra. Esta es una definición muy importante (…) No son buques de guerra. Los buques de guerra tienen otra constitución, otra tecnología. Tienen –como dicen ellos– un sistema redundante, etcétera. Estamos hablando de patrulleros oceánicos, que son buques que, en este caso, tienen agregados que permiten desplegar tareas militares, con un armamento que no es para hacer la guerra con nadie, sino para cumplir las tareas de cuidar nuestra jurisdicción, evitar el robo de nuestros recursos naturales y patrullar nuestras aguas jurisdiccionales. Creo que es importante aclararlo porque estamos hablando de misiones absolutamente diferentes y, por lo tanto, de materiales absolutamente diferentes, además de, obviamente, costos diferentes”.
Poco después de realizar esas declaraciones, el propio García pidió que se pasara a un régimen de sesión secreta y se suspendiera el registro taquigráfico porque se iba a hablar de las “condiciones técnicas” del barco.
La entonces senadora Sandra Lazo le recordó a García que recién había declarado “que no estamos comprando barcos de guerra”: “No tengo problema en que se suspenda la toma de la versión taquigráfica y que la sesión sea secreta en la parte que tenga que ver con el armamento, pero quiero dejar la constancia de que el señor ministro nos ha dicho que no estamos comprando un buque de guerra”.
García respondió que justamente de eso se trataba. En definitiva, se pasó a régimen de sesión secreta y se suspendió la toma de la versión taquigráfica para que se hablara del armamento de la patrullera.
Unos minutos después se regresó a un régimen de sesión normal, con registro taquigráfico. Entonces el comandante en jefe de la Armada, el almirante Wilson, habló del armamento de las patrulleras: “El cañón que hoy por hoy se está colocando tendrá un alcance de unas 5000 yardas, unos 5000 metros”.
O sea, no es un barco de guerra, es civil y lleva armamento del cual se habló con total libertad en público.
Lo mismo ocurrió con la velocidad, otra de las características que debían mantenerse supuestamente en secreto.
El almirante Wilson se refirió a la velocidad y otras características “secretas” en la conferencia de prensa en que se anunció la compra a Cardama, el 17 de julio de 2023. Dijo Wilson en esa oportunidad que al describir la patrullera adquirida: “Tiene en popa rampa para lanzar dos lanchas de intercepción rápida que navegan por encima de los 35 nudos. En esta plataforma el buque navega a velocidad 24 nudos máximo, 23 sostenidos y tiene esa posibilidad de interceptar con el propio buque el helicóptero o las lanchas de interceptación rápida”.
Tan secretos eran los detalles de la velocidad que este pasaje fue publicado en la propia web de la Presidencia.
Entonces, ¿dónde está el secreto?
Tal parece que solo fue la razón esgrimida para poder proceder a una compra directa por excepción.
La apelación al secreto “no puede sustentarse por la fuerza misma de los hechos acaecidos”, escribió en su fundamento de voto discorde el integrante del Tribunal de Cuentas Miguel Aumento, que votó en minoría en contra de aprobar lo actuado por el Ministerio de Defensa.
9. Informes jurídicos opuestos
Se ha repetido que el Tribunal de Cuentas aprobó lo actuado en el caso Cardama, lo cual es cierto.
“El procedimiento este que se cataloga ligeramente de desprolijo, fue auditado por el Tribunal de Cuentas y no fue observado”, dijo Elgue en la citada entrevista.
Pero analizar en detalle cómo fue esa aprobación dice mucho sobre lo actuado.
A la hora de aprobar o rechazar lo actuado en este caso, los integrantes del Tribunal de Cuentas recibieron dos informes jurídicos opuestos, "antagónicos”, en palabras del ministro Aumento.
Uno fue elaborado por dos técnicos del servicio jurídico y compartido en lo sustancial por la directora del Departamento. En él se observaba el gasto realizado por 19 razones diferentes.
En lo sustancial se entendía que el proceso siempre fue competitivo y no una compra directa.
Sin embargo, hubo otro informe, sostenido en solitario por el director de División que discrepó con sus colegas y aprobó lo realizado por considerar que lo actuado sí encuadraba en una compra directa autorizada. (Por eso Elgue pone tanto énfasis en que los ofertas pedidas a otros astilleros eran “comparativas” y no “competitivas”).
A la hora de votar, los ministros del Tribunal recibieron dos informes que decían lo opuesto.
10. La aprobación del Tribunal de Cuentas
Como pasa en otros organismos del contralor, el Tribunal de Cuentas está integrado por criterios políticos. En la integración actual cuatro ministros representan a la Coalición Republicaba y tres al Frente Amplio.
Si ya es raro y casi excepcional ver a integrantes de estos órganos llevarle la contra a sus partidos, es casi imposible que lo hagan ante informes jurídicos opuestos.
Por lo tanto, como era de esperar, la votación fue de cuatro votos a favor de aprobar lo actuado y tres en contra.
La mayoría entendió que se trató de una compra directa legítima y que la excepción por secreto es válida.
Los tres integrantes del Frente Amplio votaron en contra argumentando que nunca dejó de ser un proceso competitivo –por algo se pidieron ofertas a otros astilleros- y que la excepción por secreto no correspondía, porque todo fue público y nunca existió el tal secreto.
Más allá de los argumentos, la división política es clara.
Esa votación dividida, política y con informes jurídicos opuestos, es la tan manida aprobación del Tribunal de Cuentas a la que se apela, como argumento, para tratar de darle cristalinidad a una compra opaca desde su mismo comienzo.
Todo eso sin entrar siquiera a las eternas postergaciones concedidas a Cardama para presentar las garantías que establecía el contrato, y al hecho ahora conocido: que cuando por fin la presentaron resultó ser de una empresa falsa.
Diario EL OBSERVADOR -Montevideo - URUGUAY - 27 Noviembre 2025