CAF pone a Uruguay como ejemplo de éxito en sector agropecuario y el potencial de las energías renovables en la región
CAF - banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe considera que la región "no logra aprovechar al máximo sus recursos naturales", aunque observa una oportunidad en materia energética.La agricultura lidera los sectores de actividad con mayor participación en Latinoamérica y con el objetivo de posicionarla como motor estratégico e integral, el CAF - banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentó el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) "Raíces del futuro:
El nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe". El documento propone un cambio de paradigma para el desarrollo de América Latina y el Caribe, considera a Uruguay como un ejemplo “exitoso” en la implementación de marcos regulatorios y observa una oportunidad para la región en materia energética.
El informe de CAF considera que aunque la región es líder global en la exportación de alimentos, persiste una brecha importante entre el potencial de sus recursos naturales y su productividad efectiva. El organismo promueve observar el mundo rural no sólo como espacio agropecuario, sino como un impulsor que combine modernización y diversificación económica.
En América Latina y el Caribe, el sector agroindustrial representa alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, llega casi al 10% si se incluye la agroindustria, y alrededor del 15% del empleo total, según datos de CAF. En 2023, los productos agropecuarios y agroindustriales representaron alrededor del 22% de las exportaciones, frente a un promedio mundial del 8%.
A nivel mundial, más del 70% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) tienen menos de dos hectáreas, mientras que en la región la cifra alcanza a 20 hectáreas.
Entre los países de menos ingresos, existe una mayor participación de la agricultura familiar, que representa el 75% de las unidades productivas en los países con información disponible y en la mayoría de los casos alcanza el 98%. Sin embargo, los países con menos participación relativa de este tipo de agricultura son Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay, que cuentan con sectores agrícolas altamente desarrollados y grandes extensiones de tierra.
El caso de Uruguay
En Uruguay el sector agropecuario directo representa entre el 6% y 7% del PIB, según datos del Instituto Uruguay XXI. Según el informe de CAF, entre 2014 y 2023 se posicionó como uno de los países de América Latina con el mayor valor agregado agropecuario por trabajador (entre US$ 20.000 y US$ 25.000 constantes de 2015). Esta es una métrica de productividad laboral que mide la riqueza creada por cada empleado sobre el costo de producción y uno de los principales desafíos que en América Latina y el Caribe presentan brechas con respecto a esas otras regiones.
En cuanto al acceso a servicios en zonas rurales, Uruguay registra el porcentaje más alto de población rural (94%) que vive a menos de 2 kilómetros de una ruta (pavimentada o no) en toda la región. Esta cifra supera los promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Norteamérica, aunque se observa una menor exigencia regulatoria para la provisión del servicio eléctrico.
El informe de CAF resaltó: “La región ha experimentado el mayor crecimiento global en plantaciones forestales (195 % entre 1990 y 2022), con 22,5 millones de hectáreas plantadas, concentradas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Esta expansión se apoya en la alta productividad: rendimientos de especies como eucaliptos o pinos superan ampliamente los de países europeos o norteamericanos, con tasas internas de retorno que oscilan entre el 12 % y el 22 %” y agregó: “Estos resultados reflejan la ventaja comparativa de la región y su potencial para atender el crecimiento de la demanda mundial de productos forestales sostenibles, proyectado en el 37% hasta 2050”.
El organismo considera los casos de Uruguay y Brasil como “exitosos” en inversiones para el sector forestal a largo plazo. Para que esto funcione deben existir “marcos regulatorios claros, agilidad administrativa y políticas nacionales de fomento del sector”. También se requiere apoyo financiero a largo plazo, con préstamos que posterguen pagos parciales de capital o intereses hasta el final de la operación ya que los tiempos de retorno pueden tardar entre ocho y 15 años.
En materia poblacional, Uruguay está marcado por la discusión histórica de su baja tasa de natalidad. Entre 1970 y 1980 las familias rurales en América Latina tenían entre seis y ocho hijos, a excepción de Argentina y Uruguay donde tenían entre cuatro y tres. La cantidad de hijos fue en caída en todos los países y entre 2010 y 2020 las familias rurales estaban compuestas por entre cinco y tres hijos aunque en Uruguay se estimaban dos hijos por familia.
Uruguay –junto con Brasil y Chile– pertenece a las excepciones del fenómeno pobreza rural debido a su nivel de productividad. “En 2023, la incidencia fue del 41 % entre los hogares agrícolas y del 43% entre los agrícolas independientes, frente al 27% entre los no agrícolas”, indica el informe.
Productividad
CAF consideró en su reporte que la región no logra aprovechar al máximo sus recursos naturales y que el sector “aún tiene márgenes importantes para elevar su productividad”. Para ello, es importante aumentar el uso de recursos (en especial de capital e insumos intermedios) y mejorar la eficiencia a través de la generación e incorporación de innovaciones tecnológicas.
Por otra parte, las condiciones geográficas de cada país son determinantes en su capacidad productiva. Un estudio del 2025 estimó que en un escenario de baja inversión con factores básicos de capital y trabajo, el rendimiento potencial promedio de la región sería alrededor de un 20% superior al de los países de altos ingresos.
Sin embargo, los rendimientos efectivos de la producción agrícola promedio por hectárea en se sitúan alrededor de un 20% por debajo del nivel observado en los países de altos ingresos. Es decir, la región podría alcanzar rendimientos superiores pero no lograr materializarlos. En ese sentido, las diferencias entre rendimientos potenciales y efectivos indican brechas de productividad asociadas a la cantidad de factores disponibles y a su eficiencia.
La brecha del valor agregado agropecuario por trabajador puede atribuirse a una menor dotación de herramientas o un menor uso de insumos intermedios (materias primas, energía u otros componentes). “Un trabajador agropecuario en esa región dispone en promedio de unas 14 hectáreas (ha), equivalente al 9% de la superficie por trabajador en Estados Unidos y alrededor del 20% en la OCDE, mientras que el nivel de capital por trabajador es tan solo el 5% de lo observado en Estados Unidos y el 6% en la OCDE”, explica la CAF.
En los últimos 60 años, el valor de la producción agropecuaria de la región se multiplicó por cinco, lo que se traduce en una tasa de crecimiento anual promedio del 2,8%; un valor superior al promedio mundial. En Brasil la producción se multiplicó por ocho en el Cono Sur por 3,7 y en el Caribe por 1,9. Esto fue el resultado de procesos de expansión de insumos y mejoras a nivel tecnológico.
Transición energética
El estudio de CAF resaltó que la agricultura en América Latina y el Caribe tiene “una posición estratégica en el contexto de la transición energética global, dada su abundancia de recursos naturales, como los minerales críticos (recursos naturales esenciales para el desarrollo tecnológico), y sus condiciones favorables para la producción de combustibles bajos en carbono” y agregó que como resultado, esto permitiría diversificar el empleo y los ingresos de la población rural.
El gas natural es un energético predominante en la región por su menor intensidad de emisiones y su papel en la producción de hidrógeno azul (que a diferencia del verde, utiliza combustibles fósiles, no energía renovable). La CAF considera que la región cuenta con un importante potencial en el desarrollo de biocombustibles, un amplio acceso al agua dulce y capacidad de generación eléctrica: insumos fundamentales para la producción de hidrógeno verde. Por este motivo, la región se posiciona a nivel mundial con los menores costos de producción de hidrógeno verde.
De hecho, la región podría cubrir hasta el 50% de la demanda global en escenarios de cero emisiones netas en 2050, aunque la CAF considera que para ello “depende de inversiones significativas, una regulación hídrica adecuada y el acceso a financiamiento”.
Por otra parte, el informe de CAF hace referencia a los sectores extractivos: actividades que sacan recursos de la naturaleza (como hidrocarburos o minería) y representan alrededor de un 4% del PIB regional además de generar ingresos fiscales para cada país y pueden tener una importante participación en las exportaciones. En minería, los ingresos pueden ser superiores al 2% del PIB, mientras que en petróleo y gas pueden alcanzar el 10%. Sin embargo, esta alta riqueza se traduce en una baja generación de empleo ya que en la mayoría de los países alcanza un 2%.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) la demanda de litio podría multiplicarse por cinco hacia 2040, mientras que la de cobre seguirá siendo la mayor entre los minerales críticos. Sin embargo, existen dos desafíos: garantizar la sostenibilidad –América Latina y el Caribe es la región con más denuncias de impactos ambientales, sociales y de gobernanza– y generar marcos normativos seguros para atraer inversiones.
La CAF consideró que una alta participación de energías renovables en el sector agropecuario podría verse traducido en un mejor nivel de vida en zonas rurales. “La dotación natural de la región sustenta una diversidad de actividades productivas vinculadas a sus recursos naturales, como lo son las actividades forestales, la pesca, la acuicultura y el turismo”, indicó el informe.
Empleo y servicios
Según el informe de CAF, la cantidad de trabajadores ocupados en el sector agropecuario se redujo de manera sostenida durante los últimos 20 años, aunque el empleo en servicios absorbió una parte importante de esa fuerza laboral. Entre 2003 y 2023, la proporción de asalariados rurales aumentó del 32 % al 47%, por lo que la informalidad pasó de 78% a 67%.
Sin embargo, este fenómeno en la población rural de la región afecta a casi siete de cada diez trabajadores que perciben en promedio ingresos un 25% menores a los del empleo rural no agropecuario. El estudio resalta que si bien los salarios aumentaron, siguen siendo un 34% inferiores a los urbanos.
Por otra parte, el acceso al agua potable en áreas rurales aumentó de manera constante en los últimos 20 años. Entre 2003 y 2023, la cobertura promedio pasó del 51% al 71% de los hogares, mientras que el acceso a la electricidad es casi universal en las zonas rurales de la región (90%). La principal brecha en la provisión del servicio eléctrico entre localidades urbanas y rurales se manifiesta en su calidad más que en el acceso. En Panamá y Uruguay los cortes en la provisión del servicio duran entre dos y cuatro veces más que en las urbanas y los estándares regulatorios suelen ser menos exigentes.
Según estimaciones realizadas para el informe, el 66% de la población rural vive a menos de 2 kilómetros de una ruta transitable todo el año, pero la cifra desciende al 40 % cuando se consideran rutas pavimentadas.
Perspectivas
CAF plantea que para mejorar las zonas rurales se necesitan políticas públicas bien coordinadas, que combinen tres factores: productividad, sostenibilidad e inclusión social. También resaltó que un punto clave para el sector es el acceso al financiamiento con opciones que se adapten a cada productor a través de nuevas alternativas en el mercado de microcréditos.
El informe hace referencia a la gestión del riesgo productivo como un componente clave para sostener la inversión ya que considera que la cobertura aún es limitada. “El aseguramiento agropecuario, ya sea a través de seguros multirriesgo, de ingresos o paramétricos, contribuye a mitigar pérdidas asociadas a choques climáticos y de mercado, al tiempo que mejora las condiciones de acceso al crédito”, indica.
Por otra parte, la carne uruguaya es uno de los ejemplos de CAF para mejorar el valor de los productos agropecuarios que destaquen por su calidad y de esta manera, introducirse en el mercado internacional.