A un año de los peores incendios del país: ¿Qué cambios se hicieron para que no se repita la historia?
Ante una alerta máxima por riesgo de incendios, Bomberos califica de exitosos los más de 40 operativos que llevó adelante y reconoce que se debe a los cambios que se gestaron en 2022.Amarillo será el color del verano.
Así lucirá la vegetación uruguaya, con un tono que se irá volviendo más oscuro a medida que la falta de lluvias profundice el impacto de la sequía, que reduce la humedad del suelo y genera que la materia vegetal en la superficie, extremadamente seca, tenga un alto nivel de inflamabilidad. En estas condiciones, una colilla de cigarro encendida, una lata recalentada al sol o un corto circuito mínimo pueden comenzar un caos.
Una vez más, el clima no está de nuestro lado y por eso, la semana pasada, el gobierno organizó una conferencia de prensa para comunicar sin pelos en la lengua que el país todo está en alto peligro de incendios. “Realmente la situación es crítica”, lanza a los medios presentes Yamandú Morán, representante del Instituto Nacional de Meteorología. El asunto es que las precipitaciones previstas son pocas y puntuales.
Este escenario ha llevado a que la temporada se inaugure con más de 40 incendios, en la zona costera —la de mayor riesgo, según indican las autoridades— y en campos forestados. Sin embargo, ante este panorama preocupante, un dato viene a traer una relativa tranquilidad. Ricardo Riaño, el director nacional de Bomberos, lo pone así: “Hasta ahora, el control de los incendios no demoró más de 48 horas. Es un éxito”.
Sucedió un episodio simbólico.
El 5 de enero pasado, un año después de los incendios más importantes del país, que arrasaron con 37.000 hectáreas en el litoral, el fuego volvió a golpear en Algorta (Río Negro), la misma localidad donde aquella vez había empezado todo. El reporte de Bomberos indica que el fuego devoró pastos, ramas, malezas y el acopio de madera en el interior del establecimiento forestal de la empresa Caja Notarial.
Igual que la otra vez, hacía allí marchó Riaño, para comandar el operativo de combate. Pero esta vez fue diferente. Participaron: bomberos de Río Negro, Paysandú, Salto y Montevideo; bomberos voluntarios; personal de la intendencia y de las alcaldías cercanas; personal de empresas forestales; se utilizaron drones; la Sociedad de Productores Forestales llevó personal, medios aéreos, maquinaria pesada y cisternas, y todo el accionar contra las llamas estuvo dirigido por Bomberos, de acuerdo a una serie de protocolos creados en 2022 para asegurarse la buena coordinación en el combate.
A las 19 horas del 6 de enero, el incendio se declaraba extinguido. Había comido 75 hectáreas. Y nada más. “En Algorta se vio la respuesta del trabajo en coordinación que se preparó durante todo un año”, aseguró en la conferencia Fernando Mattos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. El aprendizaje que dejó el peor de los fuegos que golpeó a nuestro país, los cambios que se orquestaron a lo largo del año pasado para mejorar la prevención, las inversiones privadas y públicas realizadas, son señalados como los elementos clave de que esta tarea haya sido un éxito para que la historia —al menos hasta el momento— no se repita.
Pero, eso sí, todavía no se modificó la legislación, factor que para varios actores es esencial mirando hacia el futuro.
Después del ardor.
Jhonn Cáceres, el alcalde de Piedras Coloradas (Paysandú) que un año atrás salió a apagar el fuego con sus vecinos, cuenta que entre los pobladores subsiste aún un temor soterrado a que la pesadilla se repita. El tiempo todavía no curó el trauma que les generó la voracidad del incendio pasado, aunque para apaciguar la herida, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) desarrolló acciones con sociólogos y psicólogos en las comunidades de la zona. “El nerviosismo está más latente ahora. El problema son las redes sociales, cualquier humo que hay, se disemina muy rápidamente en la población, que se pone en alerta y nerviosa y eso va generando una cadena de temor”, describe Cáceres.
Se le suma que una porción de la población que abarca su municipio está en contra del modelo forestal. “Sigue habiendo gente disconforme, porque hay productores ganaderos y agrícolas que quieren que la forestal se elimine; esa gente no va a congeniar nunca con las empresas, porque quiere los campos para producir granos y esas cosas, pero es muy difícil lograr un equilibrio entre las distintas producciones”.
El litoral del país es el área más forestada, representando el 36% de la superficie explotada por la industria. En total, supera el millón de hectáreas. Localidades como Piedras Coloradas o Algorta tienen su raíz forestal en las décadas del 1960 y 1970, es decir, antes del gran desarrollo del sector que despuntó 30 años atrás. En la actualidad, distintos productores aseguran que el 90% de estas comunidades viven directa o indirectamente de esta explotación.
En Piedras Coloradas, además del miedo, el fuego trajo una zafra laboral imprevista. Cáceres cuenta que se adelantó un ciclo productivo, y entre eso y los arreglos de los daños “se incrementó muy drásticamente la demanda de mano de obra”. Una sorpresa dulce si se considera que una gran preocupación de los pobladores era que el desastre generara una pérdida de puestos de trabajo.
Pero pasó lo contrario.
“Fue como cuando sucede un terremoto y hay que salir a reconstruir todo de nuevo”, plantea Francisco Bonino, vicepresidente de la SPF, agrupación que integran también UPM y Montes del Plata, las firmas más robustas del sector, que también participaron de este informe.
Hubo que recuperar 65.000 kilómetros de alambrados deshechos, también cosechar los predios incendiados y volver a plantar en ellos. “Si uno pasa por ahí ve vida: ve crecimiento de árboles, pasto nuevo, no es el mismo escenario que en la ruta Interbalnearia porque estos predios son cuidados”, dice Bonino.
La tala de los bosques incendiados permite, paradójicamente, por primera vez en 30 años, que los vecinos vuelvan a verse a la distancia. Los pastoreadores regresaron su ganado a los predios y también están de vuelta las colmenas. Los productores apícolas recibieron 110.000 dólares por parte de la SPF para compensar las pérdidas sufridas.
Sin embargo, en este proceso de restauración hay un detalle que hace ruido a las distintas sociedades de fomento rural, asociaciones y colectivos de las zonas afectadas que el fuego terminó por unir. Javier Dalmás, productor ganadero de Paysandú y vocero del movimiento que agrupa a las asociaciones de productores agropecuarios y apícolas, relata que las nuevas plantaciones se están realizando sobre la misma matriz de antes del incendio. “Lo que nos lleva a pensar que no aprendimos nada de lo que pasó, porque el ancho de los cortafuegos que tenemos demostró no ser suficiente”, un factor que esperan modificar con la aprobación del proyecto de ley para la prevención y combate de incendios forestales que ellos mismos idearon, y al ingresar al Parlamento dividió a los legisladores.
Los cambios.
Tras los incendios se hablaba de hacer, todos, “un mea culpa”. Para eso, se organizaron mesas de diálogo interinstitucionales, en las que participaron la SPF y la sociedad civil. A lo largo del 2022, ocurrieron con una frecuencia sostenida: dos veces al mes al principio y después una.
“Se dice que el susto despertó al mamado, creo que todos agudizamos los sentidos por la escala de lo que nos tocó vivir”, reflexiona Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú. “Los incendios fueron de tal tamaño porque también agarraron lugares donde el cuidado de la forestación había dejado de ser tan celoso como debía, por ejemplo en la limpieza de los cortafuegos”, dice Olivera. Y continúa, “la participación de las forestales un año atrás no fue del todo ordenada, porque primó un criterio de subsistencia, de cuidar lo propio, sin mucha coordinación ni compatibilidad para compartir recursos. Esto hace que la gente aún las mire de reojo, porque son empresas que cuando había que pasar la prueba no estoy seguro de que lo hayan logrado”.
Para sanar la convivencia con los pobladores y productores de las zonas afectadas, y evitar un episodio similar en el futuro, las forestales desplegaron a nivel nacional un plan para prevenir los incendios en esta temporada que se traduce en una inversión de 3.5 millones de dólares; un millón más de lo que ya venían gastando.
Apenas se apagó el fuego, la SPF acordó con los ministerios de Ambiente y Ganadería analizar, en todo el territorio, qué bosques estaban muy cerca de los centros poblados. Rápidamente se identificó un área de 3.000 hectáreas, de las cuales solo 800 eran predios de producción formal; el resto eran bosques privados, plantaciones para leña, chacras turísticas o parques nacionales, apunta Bonino desde la SPF.
Esta superficie se categorizó en tres niveles de prioridad, dándoles a las de menor urgencia hasta octubre de 2022 para regularizar la situación. Para determinar el distanciamiento adecuado, se realizó un análisis caso a caso. Mayoritariamente se generó un margen de 200 metros, por ejemplo en las localidades de Algorta, Orgoroso, Piedras Coloradas, Pandule y Bellaco.
Por otro lado, la SPF contrató una auditoría externa para analizar el operativo de protección anti incendios que venía ejecutando desde hacía una década. “Arrojó que había cosas para mejorar en lo que tenía que ver con la coordinación cuando había un fuego que se daba en varios focos simultáneos”, plantea Bonino. Parte de la respuesta fue implementar el sistema de comando de incidentes para responder ante una situación crítica, que exigió una capacitación para 130 personas por parte de Bomberos, quien es el encargado de liderar el operativo pero trabajando interinstitucionalmente. En los incendios recientes, la SPF aportó tres brigadas helitransportadas ubicadas en tres puntos neurálgicos del país y desde ahí se despachó a la zona de fuego, explica Riaño.
A su vez, se montó en Durazno una central de monitoreo y respuesta, que recibe todas las detecciones y despacha los recursos. También se cambiaron los manuales de operación, “para definir mejor algunas responsabilidades”, indica Bonino.
Por otra parte, la auditoría indicó que el sistema con aviones detectores vigente podía mejorar su velocidad en la respuesta. Primero colocaron en el litoral —luego se extenderá a todo el país— un sistema de 15 cámaras automáticas que mediante un algoritmo detectan los fuegos y los humos de forma automática y los reporta. Así se captó el último incendio en Algorta.
Los auditores advirtieron que también debía mejorarse la centralización de la información de los recursos que la SPF tiene desparramados a lo largo de 900.000 hectáreas. “Se trabajó en un software que ya está operativo, que genera un mapa de riesgo según el material combustible, el tipo de bosque, las poblaciones cercanas y los recursos disponibles para combatir, lo que mejora la toma de decisiones porque se tiene toda la información arriba de la mesa”, dice Bonino.
Por último, aunque no se constató que faltaran recursos de combate, se reforzaron a través de un acuerdo con la Asociación de Pilotos Aeroaplicadores; se construyeron pistas de aterrizaje en distintos puntos estratégicos; se generó un mayor abastecimiento de agua y combustible y algunas empresas, como Montes del Plata, tomaron otras medidas como generar un número telefónico para recibir alertas de humos y fuegos por parte de los vecinos.
En lo que va del verano, el sistema ya captó 450 detecciones y se contabilizó una mejora en el tiempo de respuesta, según informan desde Montes del Plata, con un margen de arribo en promedio de 22 minutos para los aviones, 29 minutos para la brigada de bomberos helitransportada y de 48 minutos el apoyo de recursos terrestres.
Desde Bomberos, Riaño reconoce que “la respuesta es otra”. Además de realizar capacitaciones en la zona, en escuelas y liceos también, y contar con su propio sistema de cámaras, a lo largo de 2022 elaboró un plan operativo de intervención rápido con los centros coordinadores de emergencias departamentales, relevó los recursos logísticos que existen en la región y el grado de vulnerabilidad de cada centro poblado. “Hemos mejorado mucho en la prevención y en la respuesta. Por eso, pese a la situación grave de alerta máxima en todo el país, hemos podido contener todos los incendios prematuramente”, confía.
Lo que falta.
Como resultado de las mesas de diálogo, los vecinos elaboraron un proyecto de ley que ingresó al Parlamento en agosto pasado. En poco tiempo consiguió media sanción en Diputados —principalmente con votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto— y cuando pasó al Senado, tras una intervención de Bomberos y de la Dirección General Forestal a fines de diciembre, se enfrió su discusión. Los más optimistas esperan que se retome tras el receso.
Este paréntesis no desanima a los vecinos que gestaron el proyecto. Celebran la media sanción en Diputados y confían en que su propuesta saldrá adelante, al menos con el apoyo de los senadores de Cabildo Abierto y del Frente Amplio y están iniciando las conversaciones con legisladores blancos y colorados en busca de apoyos.
Factor humano incidió en el 90% de los últimos incendios
La semana pasada, el gobierno citó a conferencia de prensa acerca de la prevención de incendios forestales. Fernando Mattos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, explicó que la sequía (que para algunas localidades representa la cuarta consecutiva), la poca humedad en el suelo y el déficit hídrico pronunciado, generan una materia vegetal seca, que se vuelve muy inflamable. “Estamos bajo un enorme riesgo de nuevos episodios”, advirtió. El Instituto Nacional de Meteorología, representado por Yamandú Morán, fue en la misma línea. El experto confesó que en 40 años de carrera nunca había visto que el fenómeno climático de La Niña se sostuviera por tres años seguidos. Esto provoca que el sistema que trae el agua, al llegar a estas latitudes se debilita, dejando lloviznas débiles y aisladas. “Realmente la situación es crítica, el país todo está en alto peligro de incendios”, dijo. Desde Bomberos, su director Ricardo Riaño advirtió que en los más de 40 operativos que se llevaron a cabo en lo que va del verano, en el 90% incidió un factor humano. Una colilla de cigarro, los restos de una fogata o asado, una lata que se recalienta al sol o instalaciones eléctricas en mal estado pueden ser extremadamente dañinas.
Tildan a los planteos de Bomberos como positivos. “Entendemos que no somos dueños de la verdad. Los aportes de Bomberos son superadores de las propuestas nuestras en cuanto a que son más cautelosos, son interesantes y seguramente las tomemos”, dice Dalmás.
Si el proyecto se redactó —explica— es porque la sensación de los colectivos es que “a las forestales les interesa mantener el statu quo de una Dirección General Forestal con intervenciones mínimas. No vimos por su parte que tomaran ninguna medida innovadora que nos permitiera pensar que van a desarrollar un plan más ambicioso de prevención. Acá vemos muchas falencias y problemas antes de los incendios y nada de lo que se estaba proponiendo viniendo por parte de las forestales nos da tranquilidad de que va haber un cambio sustancial”.
Reconocen mejoras en la zona: más limpieza, más maquinaria, más software, mejor coordinación para el combate. “Pero nos llaman personas de otras zonas del país y nos dicen que ven como los cortafuegos siguen en el mismo mal estado que estaban antes”.
El proyecto de ley propone transferirle a Bomberos la centralización de las responsabilidades y acciones oficiales, es decir que asuma la fiscalización de la normativa que hoy recae mayoritariamente en manos de la Dirección General Forestal (dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca). Para ello, el borrador sugiere una mejora del presupuesto de Bomberos, pero este panorama para Riaño es utópico; lo descarta y advierte que no se podrá llevar a cabo con los recursos y el personal que posee.
Los autores justifican la propuesta señalando que el accionar de la dirección ha sido ineficiente puesto que “tras los incendios se constataron serias carencias en el estado de las plantaciones forestales y el mantenimiento de medidas preventivas como los cortafuegos”. Según informó El País, en 2021 no se habían realizado inspecciones en la zona incendiada a pesar de que es la más forestada del territorio. El promedio era de 40 a 45 fiscalizaciones anuales, para un total de un millón de hectáreas forestadas.
Por otro lado, para el caso de los macizos forestales, se propone ampliar la distancia de los cortafuegos de 12 metros a 20, y la distancia entre los predios forestados y los centros poblados a 500 metros: hoy la recomendación que existe es de 200 metros. Bomberos —junto a la Dirección General Forestal— aclaró en el Senado que el punto clave es la limpieza más que la extensión del ancho. Y en el caso del distanciamiento de los centros poblados, hizo hincapié en que “no en todos los lugares se dan las mismas condiciones, lo que implica la necesidad de hacer una evaluación de riesgo en cada centro poblado para determinar el distanciamiento ideal.” Para Bomberos, la legislación vigente está correcta pero se debería potenciar más a la Dirección General Forestal para que tenga más poder inspectivo.
Carlos Faroppa, el director general Forestal, también desestima la necesidad de una nueva norma. “Tenemos una reglamentación ya existente que es buena. Lo que hay que hacer, es hacer cumplir las normas que ya existen”, situación que hoy se está encarando, asegura. Para ello, considera clave la capacidad que le proporcionó la Ley de Rendición de Cuentas de multar económicamente a los incumplidores: antes la sanción era de orden administrativo.
La dirección sigue contando con apenas 16 técnicos para inspeccionar más de 4.000 carpetas que se traducen en un millón de hectáreas. Esto, el año pasado, se señaló como un obstáculo. Pero ahora, Faroppa dice que en 2022 se realizó una capacitación para redistribuir las tareas entre el mismo personal, logrando cuadriplicar las cantidad de inspecciones. El año pasado se realizaron más de 160.
¿Qué panorama se encontró? “De todo, la mayoría está en muy buenas condiciones”, dice. A las que no lo estaban, se les dio un plazo para regularizarse. “Esto tiene un efecto multiplicador, porque avisamos que vamos a ir entonces cuando llegamos ya vemos que se estuvo trabajando y el campo de al lado también se prepara por las dudas. Lo que uno tiene que tener es cierta capacidad de muestreo para visitar todas las regiones del país y difundir las acciones, para generar la alerta”, dice Faroppa.
Desde la SPF se oponen rotundamente a que la ley se apruebe tal cuál fue propuesta. Se aferran a que los cortafuegos deben estar limpios, más que ensancharse. “Los cálculos que hicimos cuando nos presentaron el borrador, con los cambios en los anchos de los cortafuegos, era que había que bajar 10% el área forestada. Eso tiene un impacto de cientos de millones de dólares e implicaría una reducción del 10% de las fuentes laborales, además de un impacto gigantesco en el abastecimiento de las industrias tanto de madera como de celulosa”, plantea Bonino.
Esto, en un contexto en que se anunció que en 2023, las exportaciones de celulosa crecerán 50%, superando a las de la carne. “Y no solo hablamos de producción de madera, también de bonos de carbono, de la descarbonización de la economía, sustentabilidad del combustible: hay un mundo de la bioeconomía que se viene ahora”, agrega Faroppa.
En tanto, Dalmás, en nombre de los colectivos, expresa: “El mensaje que estamos dando como país es muy poderoso, no creo que ninguna empresa se marche por ocho metros más en el ancho de los cortafuegos, que aportaría realmente una protección para los pobladores que ya vivimos lo que puede ser la potencia del fuego”.
Apreciaciones de bomberos al proyecto de ley enfrió al senado
El proyecto de ley de prevención y combate de incendios forestales presentado por vecinos y productores de la zona que sufrió los incendios dividió al Parlamento. Consiguió rápidamente media sanción en Diputados gracias al apoyo de legisladores del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Cuando el borrador pasó al Senado, Bomberos se presentó ante la Comisión de Ganadería, junto a la Dirección General Forestal y realizó algunas apreciaciones. El director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, pidió que en vez de referirse a cortafuegos (que es lo que se construye para combatir un incendio) se refiera a franjas de seguridad perimetrales y adyacentes e hizo hincapié en que esas franjas adyacentes son las que tienen más injerencia en el inicio y propagación del incendio, “por eso debe establecerse la obligación a que estén limpias hasta el suelo mineral”. Eso, más que el ancho de las mismas, “es lo que más nos interesa”. Respecto al distanciamiento de los centros poblados, recomendó realizar un estudio caso a caso para determinar el metraje. Por último, desestimó la posibilidad de asumir la fiscalización del cumplimiento de la normativa. Ante sus comentarios, la discusión del proyecto se pospuso, decisión que no conformó a Cabildo Abierto. El senador Guillermo Domenech plantea que “hay un peligro en ciernes y hay que tomar medidas. Se hace imprescindible ahora que se habla de un avance mayor de la industria”, dice, y agrega: “Comprendo que puede significar perjuicios económicos para las empresas, ¿pero vamos a priorizar la vida humana o no?”