Diverio: «Las firmas lograron frenar la aplanadora neoliberal aplicada en 2020»
El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) afirma con convicción que las firmas alcanzadas para someter a referéndum los 135 artículos de la LUC operaron como un freno para que sobre fines de este año y hasta marzo el gobierno no pueda seguir aplicando la aplanadora neoliberal que en 2020 arremetió contra los salarios y los derechos de los trabajadores.
Diverio reconoce el crecimiento laboral en la construcción, pero advierte que las obras previstas llegan a su fin en 2023 y ahí el panorama es incierto y que muchas empresas están trabajando en condiciones de desregulación laboral, muchos sin pago de salarios acordes a los laudos, subcontratando empresas y con pocas inspecciones del Ministerio de Trabajo. Afirma que los grandes medios de comunicación no informan de esta situación y que solo pasa a ser noticia el conflicto desencadenado.
¿Cuál es el panorama en la construcción haciendo un balance del año?
Estamos cerrando el año con una ocupación interesante en la actividad estando cerca de 52.000 trabajadores, cuando el año pasado estábamos en 44.000. Nuestra preocupación es que en la construcción los procesos se dan a mediano plazo y esta ocupación tiene que ver con la presencia de las obras en UPM, el Ferrocarril Central y en la construcción de viviendas de interés social que hoy se llaman viviendas promovidas, de importantes inversiones en las zonas costeras de Montevideo, Maldonado, Canelones y algo en Colonia, pero muchas de estas obras van a terminar a finales de 2022 o principios de 2023 (en el caso de UPM y Ferrocarril Central estamos hablando de 10.000 trabajadores) y ahí va a haber una caída importante de la ocupación en la industria.
Lo segundo es que estamos en etapa de desregulación de la industria; hay un objetivo del gobierno de llegar a una construcción con mano de obra barata y desregulada. Por ejemplo en una obra importante como la del Ferrocarril Central, hay más de 250 empresitas que son contratadas por fuera de la normativa de la construcción y muchas veces los laudos no tienen nada que ver con lo que dice el Convenio Colectivo. Eso habla de desregulación y caída del salario en forma indirecta.
Lo otro que vemos con la desregulación es que es muy difícil el control en obras de empresas privadas en barrios privados como La Tahona por ejemplo o barrios privados de Maldonado donde la forma de contratación no respeta los laudos y crece la informalidad.
Hicimos el planteo de la necesidad de más controles de las obras tanto al Ministerio de Trabajo como a las cámaras empresariales.
¿Cómo está el tema seguridad laboral?
Hay un avance importante en seguridad e higiene a partir de la ley de responsabilidad penal empresarial, hay mayor incidencia de los trabajadores organizados, el delegado tiene la potestad de paralizar una obra si ve que hay riesgo de accidentes, se mejoró la incorporación de equipamientos de seguridad personal. Bajaron sensiblemente los siniestros, de 7.500 por año antes de la ley hoy estamos en 2.200 que es mucho, pero bajó sensiblemente.
En la informalidad vuelve a crecer la siniestralidad y es una preocupación porque no son casos puntuales, sino que hay una orientación estimulada para que la desregulación sea un objetivo en la industria.
¿En este crecimiento de la ocupación cómo fue el crecimiento de la organización sindical?
El Sunca como sindicato único y a nivel nacional tiene sus 19 departamentales organizadas, algunas con dificultades pero llegamos a lugares como Artigas donde no hay casi trabajo pero está el local del Sunca abierto y van compañeras y compañeros a recibir ayuda de los fondos sociales, entregando las canastas solidarias de fin de año a compañeros desocupados, algunos convenios e incluso si hay alguna obra, ir a la misma a hacer conocer a los trabajadores sus derechos.
El crecimiento de la ocupación no ha sido democrático porque se ha dado básicamente en los departamentos centrales (UPM, Ferrocarril Central, Montevideo), y hay mucha desregulación en los lugares más alejados.
Nosotros tenemos un 80% de trabajadores afiliados y cuando un trabajador ingresa a una obra lo primero que hace es llamar al sindicato y pedir que vayamos a hacer una asamblea para hablar de los derechos y organizarse. El sindicato se construye desde adentro de la obra.
Ayer en Diputados se sancionó el proyecto de personería jurídica para los sindicatos. ¿Cuál es la visión del Sunca?
El Sunca tiene personería jurídica, pero hay muchos sindicatos que las posibilidades de tenerla están complicadas por la desocupación o por falta de poder sostenerse para poder cumplir con todos los requisitos, pienso por ejemplo en las compañeras domésticas, en las del SUA y otros gremios.
No estamos en contra de lo legal, pero lo que vemos es que se apunta a controlar los sindicatos, dónde están, cómo se eligen los dirigentes.
¿El inicio de una reglamentación sindical?
Claro, va hacia ahí; la mirada fina es hacia el funcionamiento de los sindicatos, cómo se financia, quiénes son sus dirigentes, cosa que no se hace con las cámaras empresariales; yo no sé cómo se eligen las autoridades del Círculo Policial, del Militar. Si le pregunto a la mayoría de los trabajadores de la construcción quién es el presidente de la cámara y cómo se elige, lo más probable es que no sepan.
Cada sector se ha dado y se da su forma de cómo organizarse.
Un objetivo es el 27 de marzo
El Sunca formó parte de la campaña que permitió reconstruir la unidad del campo popular cuando proponíamos ir contra los 135 artículos de la LUC, campo popular que venía muy golpeado por la pandemia, por la salvaje rebaja salarial y de ingresos, con una izquierda que venía con una cabeza derrotista luego de la derrota electoral, el campo popular sin poder salir a la calle y con dificultades.
La derecha contó con tres elementos muy importantes: mayorías parlamentarias, los grandes medios de comunicación bombardeando el discurso oficialista y lo tercero la inmovilidad del campo popular. Un retroceso durante 2020 de los derechos casi sin capacidad de respuesta, la rebaja salarial mediante los convenios puentes, la rebaja de las franjas del IRPF, donde trabajadores que no pagaban ahora deben pagar, los recortes de las políticas sociales.
Las firmas conseguidas desde abajo por las organizaciones sociales, el movimiento sindical, las bases de la izquierda, fue una gran movilización como la del 8 de marzo, el 1º de mayo, el 20 de mayo, que a pesar de que no se pudo salir a la calle, hubo mucha identificación, la huelga de la pesca, del Soima, otros conflictos, la marcha de la diversidad, las de Fucvam, que culminó en aquella enorme movilización del 15 de setiembre de trabajadores, estudiantes, jubilados, el campo organizado.
Eso generó un escenario diferente y ahora en marzo el referéndum que logra que la derecha ya no tenga esa aplanadora que fue el 2020 y tiene claros cambios en su política, una de ellas el cálculo de los PPI deteniendo por un tiempo el aumento de los combustibles, pasar del discurso de mantener vagos y que las mujeres se embarazaban para tener una prestación a fortalecer la tarjeta del Mides hasta abril o algunos avances en la novena ronda del consejo de salarios para algunos sectores de trabajadores, fruto de su lucha y del nuevo escenario como el caso del Soima, de la Untmra que recuperan salario.
La campaña del oficialismo es centrar la idea de que el referéndum es contra el gobierno o la izquierda contra la coalición y polarizar ahí. Nosotros decimos primero que es una campaña no contra toda la LUC (por ejemplo que Mevir pueda construir en capitales del interior yo lo apoyo), sino contra 135 artículos que creemos son los más regresivos y por el Sí. Vamos a una campaña lo más amplia posible y, desde las bases, recorrer pueblo a pueblo, barrio a barrio, casa a casa.
Debemos enfrentar el desafío de ir a los lugares que no son naturalmente los nuestros como una asamblea de trabajadores y mayor agilidad en la toma de decisiones colectivas en la comisión prorreferéndum.
¿Los incidentes, como dice la gran prensa, donde trabajadores del transporte fueron baleados, fue un hecho aislado? (En momentos de hacer este reportaje, los trabajadores del transporte de carga eran desalojados por la fuerza por parte de la Policía).
Esa es la LUC pura y dura contra los compañeros de la Unott, no aplicada más crudamente justamente por el referéndum porque la derecha se lambe por aplicarla. En el conflicto en UPM había tres o cuatro móviles policiales esperando que les den la orden para aplicar la LUC.
Los desalojos exprés por ejemplo no se han dado por que estamos en campaña y parte de ella es demonizar al movimiento sindical. Lo demostraron en los conflictos del puerto, de la industria cárnica donde han culpado a los trabajadores de paralizar el país, diciendo que había mayor conflictividad (que no la hay) y lo que los medios de comunicación hacen visible es el conflicto pero no sus causas, los incumplimientos del sector empresarial, pero sí toma visibilidad cuando el trabajador toma medidas.
En La Tahona se estaban construyendo mansiones con Lorena Ponce De León como paisajista y los compañeros estaban cobrando 12 jornales por mes cuando debían pagarles 22. Cuando los compañeros se organizan para reclamar los echan como a un perro. Para la prensa la noticia no fue 50 trabajadores estafados durante seis meses, estafando al BPS, la noticia fue los trabajadores trancando la entrada al barrio privado.
Viviendas
Las viviendas promovidas poco tienen que ver con las viviendas de interés social por que el valor de las mismas impide el acceso a las mismas de una buena parte de la población.
Pero a estas inversiones se les hace la devolución del IVA, a las cooperativas no.
Y en las viviendas de interés social hay un recorte del 32%, hablamos de las cooperativas, de los realojos, del Plan Juntos, de Mevir.
A nivel de la inversión pública hay caída en la construcción en la educación y en la salud y un camino de trabajo a la paraguaya, con desregulación y mano de obra barata.