El director de la Dinara dice que es propio de una “imaginación casi kafkiana” pensar que la Udelar no puede investigar a UPM

Agua. Es la palabra que hizo saltar las alarmas de investigadores universitarios, académicos y científicos preocupados por el contenido de un reciente decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley de Recursos Hidrobiológicos y que subordina los estudios sobre el agua y sus resultados a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), organismo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La reglamentación incluye requisitos interpretados por parte de la comunidad científica como “trabas burocráticas” a la investigación sobre los recursos acuáticos.

La discusión está centrada en el capítulo VII del decreto —promulgado en abril y publicado el 4 de mayo en el Diario Oficial—, que refiere a los permisos de pesca “con fines de investigación, científicos y docentes”, y a la divulgación de sus resultados por parte de la Dinara.

Si bien las nuevas disposiciones pautan la política de investigación de varios organismos, afectan sobre todo a la Universidad de la República (Udelar) —que lleva a cabo más de la mitad de la investigación científica del país—, y por eso la primera reacción provino de la Facultad de Ciencias, como informó el martes 3 la revista digital Sudestada.

Un grupo de 15 docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias presentaron días atrás al Poder Ejecutivo un recurso administrativo para solicitar la revocación del decreto y la suspensión inmediata de su ejecución. Según el fundamento del recurso, algunos artículos restringen, limitan o pueden impedir las actividades de investigación y también la divulgación de sus resultados debido a las potestades que se arroga la Dinara.

En diálogo con Búsqueda, el director de la Dinara, Andrés Domingo, mostró sorpresa por las reacciones que provocó la reglamentación, que consideró desmedidas. “Realmente es muy llamativo todo esto. Algunos actores o grupos de interés plantearon algo no muy bien desarrollado y mucha gente se sumó en las redes sin pensar o sin saber”, dijo.

Consultado sobre el polémico capítulo referido a los permisos de investigación de pesca, Domingo sostuvo que “en un altísimo porcentaje es lo mismo que había en la reglamentación de la antigua ley”, aprobada en 1997, y en un posterior decreto que reglamentó la investigación de pesca en 2006. “Todo esto que se discute no es nuevo”, dijo, excepto por “algunas pequeñas diferencias”.

“Hay cosas nuevas, no digo que no. Pero en un altísimo porcentaje ya estaban contenidas en la ley, y las que cambian no son realmente sustanciales”, afirmó.

“La letra fría”.
El decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez y los ministros Enzo Benech (Ganadería), Rodolfo Nin Novoa (Exteriores), Jorge Menéndez (Defensa) y Eneida de León (Medio Ambiente) señala que para autorizar los estudios, las personas físicas o jurídicas con fines de investigación o docentes deben presentar un proyecto, además de una docena de requisitos, como un currículum de cada uno de los miembros del personal técnico de la pesquisa.

La reglamentación ordena además que los investigadores asuman “el compromiso de no dar publicidad a cualquier tipo de información, especialmente de los datos obtenidos, sin autorización expresa de la Dinara”.

Ante este panorama y a instancias del rector de la Udelar, Roberto Markarian, el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, y la prorrectora de Investigación de la Udelar, Cecilia Fernández, se reunieron el jueves 5 con el director de la Dinara y el ministro de Ganadería.

Cristina planteó que la nueva reglamentación “no favorece el desarrollo de la investigación en recursos acuáticos”, porque incluye “requisitos que pueden enlentecer demasiado los trámites”, según contó a Búsqueda. “Si uno mira la letra fría, constata que no nos ayuda a ser proactivos”.

“Hay artículos que no favorecen la agilidad administrativa y generan trabas burocráticas. Hay que simplificar la cosa. Acá estamos todos en el mismo barco”, agregó Cristina.

A la prorrectora también le parece “un poco restrictiva” la redacción del polémico capítulo. “Habrá que ajustar la normativa. Ojalá acordemos”, dijo Fernández.

Benech manifestó su “total disposición” a rever la ley si afecta la investigación. Domingo aseguró que “no ha habido ningún impedimento ni lo va a haber: ¡En ningún caso!”.

UPM 2.
Uno de los investigadores que impugnaron el decreto es Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, quien sostuvo que la norma busca “amordazar” las investigaciones sobre los recursos acuáticos. “Uno tiene que sospechar que puede tener que ver inclusive con una cláusula del pseudocontrato con UPM2. A lo mejor la cuestión es no divulgar los problemas de contaminación que tenga el río Negro después de que se instale”, afirmó Panario ayer miércoles en el programa Así nos va, de Radio Carve.

Domingo descartó esa sospecha de plano. “Eso es más que ridículo”, dijo. “Generar un decreto reglamentario, que se planteó en 2015, para no permitirle investigar a la Universidad en una planta de UPM es tener un imaginación casi kafkiana”.

“Quizás haya gente que cree que por ser de la Universidad no tiene por qué pedir permiso a nadie. Pero sí. Quizás resulten pesados los datos que se piden, pero son necesarios”, zanjó.

Semanario BUSQUEDA - Montevideo - URUGUAY - 18 julio 2018