Gobierno lanza el plan “agua para la granja” que apunta a los productores más vulnerables
El MGAP presentó una convocatoria con fondos y financiamiento para mejorar el riego en la granja, en un contexto de déficit hídrico y desigual acceso al agua.El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) lanzó una nueva convocatoria a proyectos de acceso al agua y mejora de sistemas de riego destinada al sector granjero, con foco en pequeños productores y en la adaptación a la variabilidad climática.
La iniciativa se enmarca en el programa “Agua para la Granja”, impulsado por la Dirección General de la Granja, y busca responder a una problemática estructural del sector: la falta de acceso al agua en una proporción significativa de las unidades productivas.
El anuncio fue realizado el 9 de abril en conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Ganadería en Montevideo, con la participación de autoridades nacionales y representantes del sistema financiero, en una señal de articulación entre políticas públicas y herramientas de financiamiento. Es así que Estuvieron presentes el ministro Alfredo Fratti, el subsecretario Matías Carámbula, el gerente de República Microfinanzas del BROU, Martín Dibarboure, la directora de la Granja del MGAP, Laura Gonzalez, y el director técnico de la Granja, Ramiro Vacca. Fratti destacó que “esta es una instancia trascendental para el ministerio, por el tema que involucra y por el espectro de productores, que son aquellos más pequeños, con menos espalda, que tienen más dificultad de mantenerse en la actividad”.
Uno de los elementos centrales que sustentan la convocatoria es el diagnóstico sobre el acceso al agua en la producción granjera. Según datos oficiales del Registro Nacional Frutihortícola, una parte relevante de la superficie productiva opera en condiciones de secano.
De acuerdo a lo expuesto por el equipo técnico del ministerio, cerca del 35% de la superficie registrada no cuenta con acceso a fuentes de agua para riego. Esto implica que unos 2.700 productores —muchos de ellos de pequeña escala— desarrollan su actividad con fuertes limitaciones estructurales. “Un 35% de la superficie registrada está en zona de secano donde los productores declaran que no tienen acceso al agua. Esto representa a 2700 productores que abarcan unas 28700 hectáreas y casi 2000 son menores a 7 hectáreas equivalentes”, indicó Vacca.
El dato no solo refleja una brecha en infraestructura, sino también una vulnerabilidad productiva frente a eventos climáticos extremos, como sequías o variaciones en el régimen de lluvias, cada vez más frecuentes en el país. En ese contexto, el acceso al agua deja de ser un factor complementario y pasa a ser una condición determinante para la sostenibilidad económica de las explotaciones.
Foco en adaptación climática
La convocatoria se inscribe dentro de una estrategia más amplia vinculada a la política nacional de aguas y a la adaptación al cambio climático.
El programa toma como referencia el marco normativo vigente, incluyendo la política nacional de aguas, que establece el acceso al agua como un derecho humano y como un eje central del desarrollo sostenible.
Desde esta perspectiva, la inversión en infraestructura de riego no se limita a mejorar la productividad, sino que busca reducir riesgos y estabilizar la producción en escenarios de creciente incertidumbre climática.
El objetivo general del programa apunta precisamente a fortalecer la capacidad de adaptación de las unidades productivas, promoviendo proyectos que aseguren sostenibilidad económica, ambiental y social.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es su esquema de financiamiento, que combina fondos no reembolsables con acceso a crédito. Los subsidios provienen del Fondo de Fomento de la Granja y están orientados a cubrir parte de las inversiones necesarias para implementar sistemas de acceso al agua y riego.
En paralelo, se habilitan líneas de financiamiento reembolsable, lo que permite ampliar el alcance de los proyectos y facilitar inversiones de mayor escala. En esta primera convocatoria, los montos asignables varían según el tamaño y las características de la unidad productiva. Para los predios más pequeños —de menos de siete hectáreas equivalentes— el apoyo puede alcanzar hasta los 400.000 pesos.
La participación de República Microfinanzas refuerza el componente crediticio del programa, con instrumentos diseñados específicamente para productores familiares, un segmento que históricamente enfrenta mayores dificultades de acceso al financiamiento.
Tipos de proyectos y líneas de apoyo
La convocatoria abarca una amplia gama de intervenciones vinculadas al agua y al riego. Entre los proyectos elegibles se incluyen obras de captación y almacenamiento de agua, sistemas de distribución y bombeo, instalación de equipamiento como riego por goteo o aspersión, y mejoras en infraestructuras existentes. También se contemplan aspectos técnicos y regulatorios, como el registro de fuentes de agua ante la Dirección Nacional de Aguas, análisis de calidad del agua y asistencia técnica para la formulación y ejecución de proyectos.
Además, el programa promueve la incorporación de nuevas tecnologías, incluyendo sistemas automatizados, sensores y herramientas de monitoreo, en línea con tendencias de agricultura de precisión.
Este enfoque busca no solo ampliar el acceso al agua, sino también mejorar la eficiencia en su uso, un aspecto clave en contextos de escasez.
Una de las características del programa es su diseño en niveles de apoyo, lo que permite adaptarlo a la heterogeneidad del sector. El esquema prevé diferentes etapas de intervención, desde situaciones donde no existe acceso al agua hasta casos donde ya hay infraestructura instalada pero requiere mejoras o ampliación.
Esto permite que los productores puedan ingresar al programa según su punto de partida y avanzar progresivamente en la implementación de soluciones. El programa tendrá una duración de tres años, con convocatorias sucesivas, lo que habilita una planificación a mediano plazo y la posibilidad de escalar los proyectos.
La directora de la Granja enfatizó que de estas instancias surgió la iniciativa de estratificar en niveles debido a que zonas del país que aún no tienen acceso al agua como para implementar una estrategia de riego a diferencia de otras que sí. “Asimismo generamos sinergias con otras herramientas que ya estaban disponibles, pusimos sobre la mesa las opciones que podíamos utilizar…ante una realidad climática que lamentablemente sabemos que se va a seguir repitiendo”.
Otro componente central es la capacitación. El programa incluye instancias formativas —tanto virtuales como presenciales— dirigidas a productores y técnicos. Estas capacitaciones serán de carácter obligatorio para quienes accedan a los fondos no reembolsables, lo que introduce un componente de condicionalidad orientado a garantizar la correcta implementación de los proyectos. El énfasis en la formación responde a la necesidad de fortalecer capacidades técnicas en el uso y gestión del agua, así como en la adopción de tecnologías de riego.
Construcción participativa
Según lo informado por las autoridades, el diseño de la convocatoria se apoyó en un proceso previo de consulta y relevamiento en territorio. Se realizaron 11 talleres en distintos departamentos del país, incluyendo Salto, Artigas, Rivera, Río Negro, Cerro Largo, Colonia, Canelones y Montevideo, con participación de productores, técnicos y organizaciones.
De estas instancias surgieron insumos clave, como la necesidad de diferenciar los niveles de apoyo en función de las condiciones iniciales de cada unidad productiva. También se identificaron oportunidades de articulación con herramientas ya existentes, lo que permitió integrar la nueva convocatoria en un ecosistema más amplio de políticas públicas.
Desde el gobierno, la iniciativa es presentada como una herramienta clave para fortalecer al sector granjero, en particular a los productores más pequeños, que enfrentan mayores dificultades para sostener su actividad. El ministro Alfredo Fratti destacó durante el lanzamiento la importancia de atender a este segmento, señalando que se trata de unidades productivas con menor capacidad financiera y mayor exposición a riesgos.