DEFINICIONES
Cardama se acerca a su liquidación
La situación del varadero Francisco Cardama S.A. en esta ciudad portuaria y con una importante cantidad de astilleros, es seguida con mucha atención por los varios acreedores de la empresa, por la imagen internacional de la industria naval, en particular militar de Galicia y de toda España.Puede ser un tema árido pero el público uruguayo tiene el derecho de conocer técnica y precisamente todos los elementos de este caso.
La conclusión más clara analizando todos los elementos, es que Cardama S.A. está muy cerca de tener que convocar a un concurso de acreedores, al perder definitivamente el contrato de 84.200.000 euros con el estado uruguayo, para la construcción de 2 patrullas oceánicas OPVs de 86 metros de eslora y 1.700 toneladas de desplazamiento.
No se trata solo de un tema técnico, sino político, porque a través de las denuncias en la fiscalía uruguaya y en la policía nacional española contra Cardama, además de los aspectos patrimoniales, está la posibilidad de iniciar un proceso por estafa internacional y por falsificación de firma. Todos hechos que ocurrieron durante el mandato del gobierno de Luis Lacalle Pou y del ex ministro Javier García. Y esto tendría implicancias penales, también para los mandos de la Armada en esos momentos.
En particular, porque Mario Cardama ha declarado que la empresa de papel (EuroCommerce) de la garantía falsa le fue indicada por el gobierno anterior y avalada por ellos en Montevideo, más de 10 meses después del plazo establecido en el contrato.
En este momento se está procesando una etapa fundamental, la culminación del informe de la sociedad clasificadora Bureau Veritas sobre la construcción de las patrulleras y es la pieza clave que determinará si el gobierno de Yamandú Orsi mantiene el contrato con el astillero español Cardama o procede a su rescisión definitiva por incumplimientos técnicos y sospechas de irregularidades.
Bureau Veritas fue contratada por el Ministerio de Defensa Nacional como una "tercera parte independiente" para realizar una auditoría técnica profunda ante las versiones contradictorias entre el astillero y los informes de la Armada Nacional. La clasificadora ya finalizó el relevamiento en el astillero de Vigo y se encuentra en la etapa final de redacción.
El gobierno uruguayo espera recibir las conclusiones oficiales a mediados de enero de 2026. El informe debe validar si el avance de la obra es real (el astillero dice que va según lo previsto; la Armada reportó anteriormente que apenas se habían completado 16 de los 44 bloques de la primera OPV).
El informe de Bureau Veritas tiene el objetivo de certificar internacionalmente lo que los oficiales ya adelantaron. Si Bureau Veritas coincide en que el buque se construye con "criterio de carguero" o que el avance es insuficiente, el Estado uruguayo tiene la prueba "reina" para rescindir el contrato sin pagar indemnizaciones.
Enero es un mes crítico, porque el contrato original estipulaba que para este mes el astillero debía acreditar la recepción e instalación de los motores principales Caterpillar de la primera patrullera (C-250).
Los inspectores de la Armada uruguaya en Vigo reportaron que los motores no han llegado al astillero. Aunque Cardama alegó retrasos externos, el gobierno uruguayo sostiene que Caterpillar canceló el pedido debido a la incertidumbre legal y la falta de pagos por parte del astillero a todos sus proveedores.
En la construcción naval, los motores de este tamaño deben instalarse antes de cerrar el casco (cubierta). La falta de estos motores genera un efecto dominó, una parálisis estructural, al no poderse unir los bloques superiores del buque sin haber bajado antes los motores a la sala de máquinas. A lo que se suma la incertidumbre técnica, si Cardama intenta comprar otros motores (que no sean Caterpillar), el diseño del buque (OPV-87) tendría que ser recalculado por completo (peso, balance, vibraciones), lo que invalidaría los planos originales aprobados por Uruguay.
Ante la imposibilidad de cobrar el hito de los motores, el astillero realizó una maniobra que el gobierno de Orsi calificó como "maniobra desesperada" Cardama notificó la puesta de la quilla del segundo buque en diciembre de 2025 para intentar reclamar un pago de US$ 12 millones de euros. El estado uruguayo rechazó este pago, argumentando que la segunda quilla se colocó "al revés" y de forma apresurada, sin haber terminado siquiera la estructura básica del primer buque.
Se espera que en los próximos días el informe de Bureau Veritas confirme oficialmente, si los motores existen y están en tránsito (poco probable). Si el astillero tiene capacidad real de instalarlos en el corto plazo. El estado de la garantía de fiel cumplimiento que debería respaldar esta compra, es confirmadamente falso.
Sin los motores Caterpillar 3516, el proyecto es actualmente una "cáscara de acero" vacía. El gobierno uruguayo ha dejado claro que no aceptará motores de otra marca o procedencia sin un nuevo proceso de licitación, lo que prácticamente pone fin a la viabilidad del contrato con Cardama.
La propulsión contratada son dos motores Caterpillar 3516. Este es el punto crítico: si los motores no están instalados y certificados en enero de 2026, el contrato se considera incumplido. En cuanto a la capacidad operativa, incluye la cubierta de vuelo para helicóptero (tipo Bell 412 o Panther). El hangar para mantenimiento de aeronaves. Lanzamiento de dos lanchas rápidas de intercepción mediante rampas en popa. Un cañón principal de 30mm y dos ametralladoras 12.7mm.
Un informe interno de la Armada de diciembre de 2025 concluyó que el astillero había reportado "avances de obra falsos" para intentar cobrar hitos de pago que aún no se habían materializado físicamente en las gradas de Vigo.
Los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo son los oficiales superiores destacados permanentemente en el astillero de Vigo. Sus funciones son:
Reporte de avance físico: Han sido quienes alertaron que, mientras el astillero declaraba hitos cumplidos, en realidad solo había 16 de los 44 bloques del primer buque ensamblados.
Denuncia de "Criterio de Carguero", los oficiales informaron en diciembre de 2025 que Cardama estaba utilizando técnicas de construcción propias de buques comerciales/cargueros y no de buques de guerra, lo que compromete la estabilidad y la reserva de flotabilidad del OPV-87. Alertas de seguridad:, reportaron fallas en la calidad de la soldadura y en la procedencia de algunos materiales de acero.
La relación entre los informes de los oficiales uruguayos de la Armada en Vigo y el de Bureau Veritas es de sinergia técnica y validación jurídica. Mientras que los oficiales actúan como los investigadores sobre el terreno, el Bureau Veritas funciona como el "perito internacional" cuyo veredicto tiene validez legal ante tribunales internacionales.
La respuesta del ex ministro de Defensa de Uruguay Javier García, en la interpelación a la actual ministra Sandra Lazo, fue calificar a estos dos oficiales de espías y agentes al servicio del actual gobierno, que tuvo amplia repercusión aquí en Vigo y motivó que los dos altos oficiales reclamaran un tribunal de ética, en Uruguay.
A estos aspectos referidos a la construcción, hay que agregar las varias denuncias ante la Fiscalía especializada en Montevideo por parte de la Presidencia de la República debido a sospechas de irregularidades administrativas.
Presunto fraude en garantías, la principal acusación radica en la presentación de una garantía bancaria por 4.100.000 de euros que supuestamente provenía de un fondo de inversión sin solvencia real. La fiscalía investiga si hubo un engaño deliberado para poder firmar el contrato original de 82 millones de euros, por parte del gobierno Lacalle-García.
Abuso de funciones, la Fiscalía de Delitos Económicos también investiga el proceso de selección de 2023, cuestionando por qué se eligió a Cardama (un astillero sin experiencia previa en buques de guerra de este tamaño) por encima de ofertas de astilleros de renombre mundial.
La Policía Nacional en España está investigando la falsificación de firmas en los documentos de garantía, Si se demuestra que hubo fraude o estafa, el contrato queda anulado por vicio de consentimiento. Esto facilitaría el embargo de activos de la empresa o de sus directivos para cubrir la deuda con el Estado uruguayo.
Si el juicio avanza en estas condiciones de pruebas y de documentos probatorios, el Estado uruguayo podría solicitar medidas cautelares sobre, sobre el acero ya comprado. Las piezas de las OPV que ya están en el astillero (unos 16-20 bloques) pertenecen técnicamente a Uruguay por los pagos ya realizados. Y el embargo preventivo de las cuentas de Cardama en España para asegurar que el dinero no desaparezca durante el juicio.
Estado tiene pocas probabilidades de recuperar los 30 millones de forma inmediata. La estrategia actual es "congelar" todo pago futuro, mientras Cardama reclama por la segunda quilla y acumular evidencia técnica con Bureau Veritas para forzar una negociación donde el astillero devuelva parte del dinero o ceda los materiales a otro constructor.
En este sentido a inicios de 2026, la situación patrimonial de la empresa y sus propietarios es la siguiente:
Históricamente, Cardama ha sido un astillero de tamaño medio (pyme en términos europeos) especializado en remolcadores y barcos de pesca. El contrato con Uruguay (82 millones de euros) representaba un salto de escala para el que, según los informes de auditoría, la empresa no estaba patrimonialmente preparada.
Reportes financieros de finales de 2025 indican que el astillero presenta un alto nivel de apalancamiento (deuda). Gran parte de su operativa reciente ha dependido exclusivamente de los adelantos enviados por Uruguay
Su principal patrimonio es la concesión de los terrenos en la zona de Bouzas (Vigo) y la infraestructura de gradas. Sin embargo, en España las concesiones portuarias no siempre son embargables de forma directa.
Dependencia del contrato OPV, si el contrato se rescinde definitivamente este mes, el astillero quedaría en una situación de pre-concurso de acreedores, ya que no tiene otros contratos de magnitud similar para cubrir los costos operativos y las deudas contraídas con proveedores (como la deuda pendiente con Caterpillar).
Estructura Accionaria, se trata de una sociedad anónima cerrada. La mayoría de las acciones pertenecen a la familia directa. Responsabilidad de los Socios: En las Sociedades Anónimas españolas, la responsabilidad de los accionistas está limitada al capital aportado, esto significa que, ante un juicio por incumplimiento, es difícil ir contra el patrimonio personal (casas, cuentas privadas) de Mario Cardama o sus herederos, a menos que el Estado uruguayo logre demostrar "levantamiento del velo".
Esta es la estrategia que el gobierno uruguayo estará evaluando. Si se demuestra que los propietarios usaron la empresa para cometer un fraude premeditado (como la falsificación de las garantías), la justicia española podría permitir que Uruguay persiga los bienes personales de los directivos.
Desde aquí no puedo saber si los responsables de todo este proceso fraudulento y lleno de irregularidades del gobierno anterior, Lacalle, García, el almirante Jorge Wilson y otros funcionarios civiles y militares permite reclamarles su responsabilidad patrimonial, o solo la parte penal. La brutalidad de los actos de corrupción y la estafa al estado uruguayo es realmente muy grave.