Argentina, Brasil y Paraguay formalizaron acción de rechazo a exigencias ambientales europeas.
Sudamérica busca consolidar una voz propia que permita equilibrar los objetivos de sostenibilidad con la realidad productiva del continente.Las principales instituciones agroindustriales de Argentina, Brasil y Paraguay formalizaron una acción conjunta en rechazo al Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación, una normativa que impone condiciones unilaterales y extraterritoriales, amenazando la competitividad exportadora del bloque sudamericano.
El pronunciamiento fue realizado en el marco del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (EPAS), y marca un hito en la articulación regional frente a políticas externas que impactan directamente sobre las economías rurales.
RECHAZO CONJUNTO AL REGLAMENTO EUROPEO.
El comunicado, inicialmente impulsado por entidades del agro de Argentina, Brasil y Paraguay, los tres países más expuestos a los efectos del EUDR (European Union Deforestation Regulation), expresa un rechazo categórico a la medida, señalando que fue aprobada sin consulta previa a los países productores y que vulnera principios básicos del comercio internacional.
Entre los principales cuestionamientos, las organizaciones firmantes destacan que el reglamento:
Es extraterritorial y unilateral, aprobada sin diálogo con los países afectados.
Resulta incompatible con el derecho internacional y con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Contraviene acuerdos ambientales de la ONU al convertir políticas climáticas en barreras comerciales encubiertas.
Impone costos desproporcionados a productores y pymes rurales, afectando el desarrollo local.
Además, se objeta la clasificación de “riesgo estándar” aplicada por la UE a varios países sudamericanos, ya que se considera fue definida sin criterios científicos claros ni reconocimiento a los avances en materia de legislación forestal, trazabilidad y sostenibilidad productiva.
POSICIONES NACIONALES Y ARGUMENTOS TÉCNICOS.
Cada país aportó sus fundamentos para respaldar la posición conjunta.
Argentina reiteró su rechazo formal al EUDR desde el Poder Ejecutivo y el Congreso, destacando la solidez de sus sistemas de trazabilidad y proponiendo modelos de trazabilidad documental auditada como alternativa viable.
Brasil, a través del Instituto Pensar Agropecuária (IPA), impulsó la ley 15.122/2025, una norma de defensa soberana ante medidas internacionales que afecten la competitividad agroexportadora. Denunció, además, que el EUDR vulnera tratados internacionales y desconoce los avances del país en materia de sostenibilidad.
Paraguay, representado por la Unión de Gremios de la Producción (UGP), calificó el reglamento como discriminatorio y contrario al comercio internacional, resaltando que la norma ignora la legislación forestal vigente y genera inseguridad jurídica.
INTEGRACIÓN REGIONAL Y SOBERANÍA PRODUCTIVA.
La creación del EPAS representa una plataforma de coordinación política y técnica para el agro sudamericano, que integra a legisladores y entidades del sector agroindustrial de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, consolidándose para fortalecer la integración y la defensa de la soberanía normativa de los países de la región.
Sudamérica busca consolidar una voz propia que permita equilibrar los objetivos de sostenibilidad con la realidad productiva del continente. Conscientes de que la transición global requiere cooperación, no imposiciones. Y el agro sudamericano está dispuesto a participar activamente en ese diálogo, pero desde el respeto a sus propias normas, capacidades y desafíos territoriales.
El comunicado fue suscrito por Ángeles Naveyra (Fundación Barbechando – Argentina), Tania Zanella (Instituto Pensar Agropecuária – Brasil) y Héctor Cristaldo (Unión de Gremios de la Producción – Paraguay).
LO QUE PLANTEA LA REGIÓN.
Rechazan el EUDR en su forma actual.
Exigen el reconocimiento de la equivalencia normativa de las legislaciones ambientales sudamericanas.
Advierten que la medida eleva costos, afecta la producción y genera impactos negativos en las economías rurales.
Reclaman su revisión integral bajo criterios técnicos, multilaterales y de cooperación internacional.
Reafirman que toda regulación global debe construirse con diálogo, transparencia y respeto a la soberanía nacional.
El plan propuesto retoma las prioridades comunes acordadas y propone una metodología colaborativa y progresiva, acompañada por instituciones regionales, nacionales y multilaterales.
Fuente: información aportada por la Unión de Gremios de la Producción (UGP) de Paraguay.