Contra la inercia
“Uruguay no está en condiciones de una reducción de jornada laboral manteniendo salario”
Ignacio Munyo afirmó que “muchas veces no existe el sentido común dentro del Estado” y valoró la visión de Oddone.Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), afirmó que, en líneas generales, “Uruguay no está en condiciones de encarar un proceso reducción de jornada laboral manteniendo el salario en las mismas condiciones”.
¿Por qué no? “Por muchas razones”, dijo en entrevista con Montevideo Portal, y apuntó: “La cuestión básica que está atrás, que es la productividad, no ha mejorado”.
Sobre otros aspectos de la regulación laboral, el economista advirtió que “hay muchos temas sobre la mesa”. “Estaba lo del despido, recordemos también que se planteó en el Ministerio de Trabajo. Todo lo que está sobre la mesa de la parte laboral va a contramano de lo que sería mejorar la competitividad”, dijo
En la entrevista, Munyo dio su visión del ministro de Economía Gabriel Oddone, dijo que hay áreas del Estado que deben “ir a presupuesto base cero” y planteó salir de una “inercia” de “atajar penales”. “Es muy importante poder procesar los cambios que el Uruguay cree hoy que son un costo político hacer, pero que, si no los hace, el futuro no se ve con mucha claridad”, alertó.
Lo que sigue es la entrevista completa.
—¿Qué podría implicar el preacuerdo entre el Sunca y la Cámara de la Construcción por la reducción de la jornada laboral?
— Lo que hay que tener claro es que esto es un acuerdo puntual que tiene condiciones muy particulares, que hay que analizar específicamente para el sector de la construcción, con las características que tiene el sector de la construcción. Por lo tanto, lo primero que hay que evitar es generalizarlo. Nosotros hemos sido enfáticos en que Uruguay no está en condiciones de encarar un proceso de reducción de semana laboral o reducción de jornada laboral manteniendo el salario en las mismas condiciones. ¿Por qué no lo está? Por muchas razones. Lo que no implica que a nivel individual, a nivel de empresa idealmente, se pueda negociar condiciones diferentes. El país no está en condiciones porque la cuestión básica que está atrás, que es la productividad, no ha mejorado. En la última década empeoró, de hecho, la productividad laboral en Uruguay, lo que quiere decir que se produce prácticamente lo mismo. La economía no ha crecido en la última década, con más trabajo. O sea, se paga más trabajo para producir lo mismo a nivel global. Por lo tanto, el argumento que se usa a nivel global —porque esto es un concepto que está en discusión en el mundo— de que al aumentar la productividad, hay que trabajar menos y ganar lo mismo, en Uruguay no estaría aplicándose a nivel general.
—¿O sea que no lo ves tan extensible a otros sectores?
— No lo veo extensible directamente a otros sectores porque no aplican las premisas que están en el resto del mundo. Además, cuando uno compara con otros países que han ido por este camino, por ejemplo Chile en el gobierno de Boric, que aprobó una reducción de la jornada escalonada año tras año, hay dos cosas. Primero, el punto de partida es muy distinto al de Uruguay. Chile está 40 % más barato que Uruguay. El mismo producto, exactamente el mismo producto en Uruguay o en Chile. Una hamburguesa o un café con leche de la misma marca sale 40 % más barato en Chile que en Uruguay. Y digo eso porque atrás de esos productos está el trabajo de las personas que lo hacen, están los insumos, está el local en alquiler, está la energía, está el combustible. O sea, están todos los componentes que al Uruguay lo vuelven caro. El laboral es uno de ellos, pero suma. Entonces, no se puede aislar y decir: “No, estamos espectacularmente competitivos en todo, entonces podemos ir hacia un aumento de las retribuciones”; porque en el fondo es eso, ¿no? Es menos trabajo, lo que es un aumento del salario real. Para las empresas es un costo laboral. En otras condiciones, en otros contextos, en otros países, se podría considerar. En este contexto, en este momento en Uruguay, creemos que es muy contraproducente para el mercado de trabajo, para el crecimiento y para la inversión del Uruguay, que es algo que tanto se necesita.
— ¿Has tenido alguna consulta de inversores o crees que esto de alguna manera pueda enfriar un poco alguna decisión?
Muchos empresarios han consultado en los últimos meses al respecto, desde que el tema está sobre la mesa. Recordemos que hay una campaña del PIT-CNT activa en este momento que dice: “Trabajar menos y trabajar mejor”. También ahí hay que tener claro qué quiere decir trabajar menos y trabajar mejor, porque si por definición se está trabajando mal, o sea, se está violando la base de un contrato laboral que es la buena fe. He escuchado argumentos que dicen: “No, ahora trabajando seis horas en lugar de ocho, los trabajadores van a estar mejor y esas dos horas que no se trabajan no van a existir, y es como que no pasara nada”. Entonces, la pregunta natural que uno debería hacerse: entonces, en esas dos horas, ¿qué estaban haciendo? Son cosas que hay que poner sobre la mesa a la hora de analizar algo tan complejo que implica una política generalizada, que es lo que quiere el PIT-CNT y es la proclama que se establece como una de las consignas fundamentales de los últimos tiempos.
— En cuanto a la competitividad, desde Ceres has impulsado distintos documentos, has hablado de la cantidad de trámites y de la burocracia. ¿Qué evaluación hacés de la propuesta del Poder Ejecutivo del último proyecto de ley sobre el tema? ¿Quedaste conforme?
— Bueno, estuvimos justamente en la Comisión de Hacienda del Senado en los últimos días, dando nuestra opinión al respecto, contribuyendo con sugerencias para mejorar el proyecto de ley, que de por sí es un buen proyecto de ley. O sea, es un avance importante en toda un área de la competitividad. Lo primero que hay que tener claro es eso: es un área importante, pero menor de la competitividad. La competitividad tiene por lo menos tres grandes patas. La que la ley afecta, que es la regulación de la competencia, fundamentalmente. Pero después está toda la regulación laboral, que como recién hablamos, hay muchos temas sobre la mesa. Estaba lo del despido, recordemos también que se planteó en el Ministerio de Trabajo. Todo lo que está sobre la mesa de la parte laboral va a contramano de lo que sería mejorar la competitividad. Y después está la parte en la que el Estado tiene un rol central, que es la carga fiscal. No solo impuestos, sino también en combustibles y en electricidad y en agua, o sea, todas las tarifas públicas. Esas dos patas, que son muy importantes para la competitividad, no están metidas en la ley. Lo que sí está en la ley, avanza, es importante. Plantea cosas que son realmente obvias, como por ejemplo, no pedir dos veces lo mismo por parte del Estado, simplificar los procedimientos, reconocer acreditaciones internacionales de lugares de alta jerarquía. Sentido común. Tiene mucho sentido común, que no existe el sentido común dentro del Estado muchas veces, por distintas razones. También plantea, por ejemplo, lo del silencio positivo, algo que me parece muy importante. Si el Estado no dice nada por determinado plazo, queda aprobado. O sea, el encajonamiento de los expedientes terminaría. ¿Cuál es mi preocupación al respecto de todas estas buenas intenciones que se plantean en la ley? Que deja abierta a la reglamentación de todo esto, que va a ser después que se apruebe la ley. Y abre una ventana de un año hacia adelante. Por lo tanto, vamos a tener todo un año para ver cómo se lleva a la práctica, cómo se hace concreto esto. Y por ejemplo, en el caso del silencio positivo, ya se está diciendo: ¿A qué aplica esto? ¿A qué trámites? ¿A todos? No, a los de bajo riesgo. ¿Y qué es bajo riesgo? Va a quedar a disposición de la propia burocracia definir qué es bajo riesgo. Y en Uruguay, si algo sabemos es cubrirnos por todos lados y asumir el menor riesgo posible. Por lo tanto, ahí hay que tener muchísimo cuidado, que lo que la ley aprueba no lo termine desaprobando la propia regulación de la reglamentación ejecutiva de lo que se vota en el Parlamento.
— En tus últimas declaraciones sobre la Rendición de Cuentas, has puesto mucho énfasis en que se está discutiendo una parte, que por ahí es el tema de las resignaciones, pero nunca se llega al fondo del asunto. ¿Qué revisiones harías dentro de lo posible teniendo en cuenta que siempre hay un tema de margen político?
—Nosotros nos metimos de lleno en esto hace tiempo ya, porque pensamos que es un gran problema. Es un gran problema el desarrollo presupuestal en Uruguay y el crecimiento del gasto ininterrumpido de 25 años que se ve en el Uruguay. Más que se ha duplicado por persona el gasto público; más que el doble gasta el Estado en términos reales por persona. Y esto es acumulativo. Cada Presupuesto, cada Rendición de Cuentas toma lo que está, parte de un escalón y sube otro escalón, y sube otro escalón. En parte por el diseño, que da muy poco tiempo, esa es la realidad. Se asume el 2 de marzo, y el 31 de agosto ya hay que mandar un presupuesto para todo el quinquenio. Eso hace que sea muy difícil revisar, pero pensamos que es hora de cambiar un poco esta lógica y tenemos que, en vez de discutir el 1 % del presupuesto, que es lo que se discute en la Rendición de Cuentas, y el 99 % que se queda como está, hay que ir al 99. Ahora, pero, ¿cómo? Esa es la pregunta. Nosotros definimos categorías, porque no todo el gasto es igual. Entonces, nosotros definimos aquello que es esencial. O sea, cuál es el gasto esencial para el funcionamiento del Estado. Lo más básico desde el punto de vista del funcionamiento: la seguridad, la justicia y la promoción del país en el exterior. La esencia misma del Estado, que haya convivencia interna y que Uruguay pueda mostrarse en el exterior para que vengan inversiones, para que vengan turistas, para que el país pueda tener relaciones internacionales. Bueno, ese gasto cayó a lo largo de los últimos 20 años. Y la principal preocupación de los uruguayos es la seguridad. O sea, en seguridad y justicia se gasta cada vez menos cuando es la principal preocupación. Y hacemos un Plan Nacional de Seguridad, en el cual participamos activamente en más de 20 reuniones el año pasado en la Torre Ejecutiva con distintas personas de ámbitos totalmente distintos, pero todos asociados con la seguridad. Tuvimos un año entero ahí, nos convocaron decenas de veces y se armó un plan muy bueno, como nunca hay, pero no tiene recursos, porque no se le asignan los recursos para poder funcionar cuando hoy es la principal preocupación. El crimen organizado, el ciberdelito, son todos problemas que hoy son mucho más grandes que lo que eran antes, y tienen menos recursos en proporción a otros. O sea, lo esencial se debilitó en el Uruguay desde el año 2000 hasta ahora. Porque hay que verlo en perspectiva, porque como cada presupuesto trabaja en el margen, hay que ver cómo esos márgenes generaron una dinámica de 25 años. Después viene lo básico. ¿Qué es lo básico del gasto, más allá de lo esencial? Educación, salud, vivienda, primera infancia, CAIF. Bueno, eso creció. Creció significativamente a lo largo de estos años, pero no se analiza qué impacto está teniendo. Ahí lo que hay que hacer es revisar esos resultados, porque probablemente se pueda mejorar la asignación. En particular, por ejemplo, todos esos rubros que mencioné están vinculados a una ley que se aprobó por unanimidad en el gobierno anterior, que todavía no se empezó a utilizar, que es la que coordina todos los programas que afectan a la primera infancia, a la niñez y a la adolescencia. Supuestamente, el Ministerio de Economía debería tener una oficina trabajando en toda esta coordinación. Yo no la conozco. Ojalá esté y, y no lo sepa, pero me parece que esto es muy importante, porque ahí, en lo básico, hay mucho para mejorar en los resultados, con todo lo que se aumentó. Y después está lo complementario, que es todo el resto, y eso es lo que más creció. Para que te hagas una idea, creció cinco veces más lo complementario que lo esencial en los últimos 25 años. Ahí está el portland, ahí está Colonización, ahí está el puerto con la gestión del dragado. Ahí hay centenares de cosas que son recursos que todos sabemos que se pierden, que no impactan de una forma sustancial en la sociedad como podrían hacerlo en otros aspectos, y es donde hay que revisar a fondo. Es más, diría que ahí es donde hay que ir a presupuesto base cero. ¿Qué quiere decir? Bueno, borrón y cuenta nueva. Veamos qué se está gastando y si se justifica no quiere decir que no haya que hacerlo, pero hay que hacer ese ejercicio en lo complementario, que es lo que más creció. Hay que hacer borrón y cuenta nueva con un presupuesto en base cero, como se hace en algunas empresas, de analizar qué estamos haciendo. Hay que frenar y decir: esto así por inercia no puede continuar. Eso hay que hacerlo. Nunca se hizo. Tampoco nunca habíamos llegado al grado de tamaño y de ineficiencia y disfuncionalidad, porque no es solo tamaño e ineficiencia, es que no funciona, no resuelve los problemas, crece de forma disfuncional. Entonces, es muy importante que el Estado haga bien su trabajo en el Uruguay en muchos aspectos. Hoy necesitamos pedirle más, exigirle más y darle otra capacidad de acción que no la tiene por la forma como fue creciendo.
— ¿Cómo ves el debate que se ha dado sobre la unificación de las transferencias y en particular sobre si deben haber condicionalidades?
— Me parece una muy buena discusión la unificación de transferencias. De hecho, hace mucho tiempo que lo venimos diciendo nosotros, que Uruguay tiene programas perdidos por todos lados, y que sería bueno coordinar para que tenga un impacto mayor. Esto pasa en varias áreas del Estado, por ejemplo, en las pymes pasa lo mismo, en vivienda pasa lo mismo. Lo medimos nosotros. Hicimos un programa en su momento, hace un par de años, de inteligencia artificial, para buscar en todo el Estado oficinas que se duplican, se triplican y en el fondo genera dos cosas: exceso de gastos y, al mismo tiempo, se diluye la responsabilidad. En ese sentido, me parece bueno que la responsabilidad la tenga una sola persona y que se vean resultados. Entonces, me parece un avance la unificación. También estoy a favor de que las condicionalidades no estén presentes. La evidencia muestra que no es que la gente malgasta los recursos que recibe del Estado, sino que los invierte en lo que considera mejor. Confío en las personas. Ahora, si decimos: “Pero son recursos públicos, hay que pedir a cambio muchas cosas”. Bueno, ahí está todo el resto del gasto público, que a mí me gustaría también pedirle a cambio. Lo que hace la gestión de la educación, que es nefasta desde hace tanto tiempo, también me gustaría pedirle a cambio. También me gustaría pedirle a cambio a la gestión de la salud. También me gustaría pedirle a cambio a la gestión del INAU. Entonces no seamos hipócritas en decir que como son recursos públicos hay que pedir contrapartida, porque todo el resto de los recursos públicos están sin contrapartida en el Uruguay hace mucho tiempo.
—¿Cómo ves a tu colega Gabriel Oddone al frente del Ministerio de Economía y cómo creés que administra las tensiones internas que hay en el Frente Amplio?
— Creo que está haciendo un trabajo muy bueno. Está queriendo impulsar su visión del Uruguay. Está plasmado en sus trabajos previos, en sus libros. O sea, es claro lo que él quiere para Uruguay. Es una visión socialdemócrata, que claramente no es la única dentro de su partido. Entonces, es una puja permanente que está tratando de imponerse con determinados apoyos. Pero lamentablemente, y este es el punto que quiero hacer, no alcanza solo —en el contexto actual del Uruguay— con que haya un ataja penales. O sea, que esté evitando daños. Porque la mayoría de lo que se está haciendo es evitar daños, como pasó por ejemplo con el sistema jubilatorio y como va a tener que pasar ahora con esto de la reducción de la jornada, porque van a querer extenderlo a otros sectores. Entonces, es atajar un penal tras otro. Lo que se delega, se entrega y se va por un camino totalmente distinto al que van los países modernos y que tienen éxito en el mundo. Entonces, es una tarea titánica, pero que no alcanza. No alcanza, porque el Uruguay llegó a un punto en que tiene que hacer goles, no evitar que le hagan. Y eso es lo que está hoy faltando. Hay que hacer goles en el sentido de generar condiciones para que haya competencia, competitividad e inversión en el Uruguay, y no evitar daños. Evitar daños puede funcionar en otro contexto. Hoy ya no alcanza.
—¿Pero ves que alguien en el sistema político esté dispuesto justamente a pagar el costo de hacer eso?
—No lo sé, porque en el fondo siempre hablamos del costo, pero el costo ya lo estamos pagando. O sea, tenemos un país estancado, un país donde los jóvenes se quieren ir, que nos cuesta traer a la gente. Entonces, ¿cuál es el costo? Si el costo ya está, o sea, ya lo estamos teniendo. Así que yo relativizaría esto de si alguien quiere pagar el costo. Creo que hay que pensar que este país tiene mucho más para dar, tiene mucho más para ofrecerle a su gente y hay que hacer las cosas mejor. Y el Estado es culpable. El Estado tiene una responsabilidad. Me concentro en la educación. Hace por lo menos 20 años que hablo del tema, desde que se conocieron los resultados de las pruebas internacionales de cómo nos va al Uruguay, que es muy mal. Hace 20 años que sabemos que la mitad de las personas que están en el sistema público, en tercer año de liceo, no puede resolver lo más básico, porque las herramientas que reciben son muy malas. Tenemos lo mismo, los mismos resultados y las mismas herramientas. Le cambiamos el nombre a primero de liceo, segundo de liceo y tercero de liceo, para llamarlo séptimo, octavo y noveno. O sea, así no va. Entonces, ¿cuál es el costo? El costo es esta inercia, esta lluvia que de a poquito te va mojando y te va empapando y te va dejando sin perspectiva. Entonces, el costo ya lo estamos pagando.
— Cambio de tema, al transporte en Montevideo, donde has hecho algunas declaraciones sobre el monto a destinar ¿Crees que no es necesario hacer ese tamaño de inversión?
— Endeudar al país por mil millones de dólares para pagar mis hijos, porque es una deuda de largo plazo, a mí me gustaría tener más información, ¿no? Porque creo que puede haber otras prioridades también. Yo no estoy seguro que ahorrar minutos de transporte, cuando es difícil pensar que la gente va a cambiar de utilizar un vehículo particular a un vehículo colectivo, con la magnitud de esa inversión, sea hoy prioritaria. Creo que hay otras prioridades para utilizar esos recursos hoy en Uruguay, más allá de la movilidad. Y si se hablara de movilidad, debería ser un proyecto mucho más amplio, que no es solo movilidad, no es solo ganar tiempo, es asentamiento de la población en distintas regiones de la ciudad que están vacías y otras que no. Un urbanismo mucho más amplio que solo los minutos que se ahorran de transporte. Esa es nuestra visión. Pensamos que es un tema importante. No es absolutamente prioritario. Hay otras prioridades. Por ejemplo, los asentamientos. Doscientas mil personas que viven en asentamientos en el país hace veinte años. No son las mismas, pero se van renovando permanentemente y Uruguay convive como si no existiera esa realidad, con las enormes consecuencias que tiene para las personas que viven ahí, que salen de ahí, y que tienen que insertarse en una sociedad formal. Entonces, es mucha plata. Eso es lo que quiero decir. Es un proyecto muy grande, importante. Dudo que sea lo más prioritario que hay, pero si se englobara en un proyecto de mejorar todo el urbanismo de la ciudad, tal vez, me parecería más adecuado.
— Volviendo a más política partidaria, por así decirlo, desde tu plano personal, ¿te ves en algún momento dando el salto para ese lado?
— La verdad que en este momento estoy totalmente concentrado en mi trabajo. No está en mis planes. Me gusta mucho lo que hago. Creo que Uruguay necesita tener discusión pública de estos temas. Hay que hacer cambios profundos en el Uruguay y cambios profundos exigen licencias sociales. Es un concepto que a mí me gusta mucho, que nació en la minería. Cuando un proyecto minero grande implica modificar el ambiente, modificar el paisaje, para que la comunidad lo acepte, tiene que haber una licencia que se tiene que lograr. Esa licencia se trabaja con información, con diálogo, con intercambio. Es el trabajo que hacen, por ejemplo, las instituciones como Ceres. Entonces, es muy importante para nosotros hacer eso para poder procesar los cambios que el Uruguay cree hoy que son un costo político hacer, pero que, si no los hace, el futuro no se ve con mucha claridad.