Uruguay hacia 2030: Rol del sector público-privado en la segunda transición energética
La meta es descarbonizar sectores complejos como el transporte, la industria y el agro.Uruguay se ubica a la vanguardia global en sostenibilidad energética. Tras completar su primera transición, que permitió que entre el 95% y el 98% de la demanda eléctrica nacional sea abastecida por fuentes renovables (eólica, hidráulica, biomasa y solar), el país enfrenta ahora su «Segunda Transición».
El horizonte es el año 2030, y la meta es ambiciosa: descarbonizar sectores complejos como el transporte, la industria y el agro, y transformarse en exportador neto de energía limpia. La clave de este proceso radica en una alianza histórica entre el sector público y el privado.
Mientras el Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la estatal UTE, provee el marco regulatorio, incentivos fiscales y la infraestructura de red, el sector privado aporta la inversión, la tecnología y la capacidad de ejecución a gran escala. Esta articulación proyecta al país como el primero de la región en alcanzar una matriz de sustentabilidad integral.
El gran protagonista del camino al 2030 es el hidrógeno verde y sus derivados, como los e-combustibles. Uruguay cuenta con condiciones naturales excepcionales: una red eléctrica robusta, abundancia de recursos hídricos, vientos constantes y alta radiación solar, sumado a la disponibilidad de CO2
Desde el ámbito público se diseñó la «Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde», que ofrece incentivos fiscales mediante la Ley de Inversiones (COMAP). La respuesta privada ha sido inmediata: consorcios internacionales ya proyectan plantas de escala industrial en departamentos como Paysandú y Tacuarembó.
Estas iniciativas apuntan a la producción de metanol verde y combustibles sintéticos para el transporte marítimo y la aviación, mercados globales altamente exigentes en metas ambientales.
Electrificación del transporte y redes inteligentes
El transporte terrestre representa casi el 70% de las emisiones del sector energético uruguayo. Por ello, la movilidad eléctrica es prioridad absoluta. En este terreno, la complementariedad es palpable en el día a día.
Por un lado, UTE lidera la instalación de cargadores rápidos en rutas nacionales, consolidando la «Ruta Eléctrica». A nivel municipal, se impulsan subsidios para electrificar el transporte público. Por el otro, el sector privado, empresas logísticas y agroexportadoras, renueva sus flotas corporativas atraído por los beneficios impositivos y el bajo costo operativo por kilómetro en comparación con los combustibles tradicionales.
A esto se suma la digitalización. UTE completó la instalación de medidores inteligentes en casi todo el país. Esta tecnología permite a usuarios residenciales e industriales aplicar tarifas inteligentes, consumiendo más energía cuando la red cuenta con excedentes de generación eólica o solar, optimizando la red en tiempo real.
El desafío de la resiliencia ante el cambio climático
A pesar de los logros, la ruta al 2030 plantea retos complejos. Las sequías prolongadas evidencian que la matriz uruguaya, con fuerte componente hidroeléctrico, requiere de un respaldo constante para evitar el encendido de centrales térmicas fósiles o la importación de energía regional.
Para mitigar la intermitencia climática, la estrategia público-privada apunta a diversificar la matriz con mayor generación solar fotovoltaica, que complementa a la eólica diurna, y el desarrollo de sistemas de almacenamiento a gran escala mediante baterías de litio. La inversión privada en almacenamiento será clave para blindar la soberanía energética nacional frente a los embates del cambio climático.
Fiscalidad verde
En esta estrategia, herramientas como el Impuesto Específico Interno (IMESI) resultan determinantes para moldear la transición en el transporte. Tras años de exoneración total, el nuevo esquema de tasas progresivas, que mantiene el 0% para los modelos económicos de pasajeros y utilitarios, pero aplica un gravamen de entre el 5% y el 9% a los vehículos de mayor valor, busca equilibrar las cuentas públicas sin frenar el despegue de la movilidad eléctrica.