Sustitución del Proyecto Neptuno: entre críticas y celebración
Las autoridades nacionales ven como un logro la cancelación del proyecto.
El contrato del Proyecto Neptuno, también conocido como proyecto Arazatí, se firmó en enero del presente año entre la Torre Ejecutiva con representantes del gobierno saliente encabezado por el entonces presidente Luis Lacalle Pou y el Consorcio Aguas de Montevideo, quien era el encargado de ejecutar la obra.
Según el exmandatario, la intención era construir una nueva planta potabilizadora en la playa Arazatí ubicada en el departamento de San José y de esa manera reforzar el sistema de agua potable en el área metropolitana.
Según el documento firmado, reflejaba que la inversión para llevar adelante el proyecto sería de US$ 304 millones. Además, para OSE la obra significaba un aporte anual de US$ 50,6 millones, que se repartirán entre US$ 45,6 millones que se pagará al privado por gestión y mantenimiento (bombas, tuberías, laguna artificial), más otros US$ 5 millones asociados a costos operativos de la planta potabilizadora, que sí será administrada por la empresa estatal.
Desde ese momento en que el Estado asumió el compromiso, se oficializó la polémica, ya que dicha decisión de firmar ese contrato causó molestias en el gobierno que estaba próximo a asumir el mando del país. A juicio de las nuevas autoridades, el proyecto era “insostenible desde el punto de vista financiero y social”, ya que para ellos tomar agua del Río de la Plata para el consumo humano carece de evidencia científica y que la “represa de Casupá era más viable”. Por otro lado, se pensaba que era una amenaza de privatización del servicio.
Una de las primeras medidas que anunció el actual presidente Yamandú Orsi fue la suspensión del proyecto por 90 días para renegociar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo. Después de tres meses de incertidumbre, ambas partes llegaron a un acuerdo para sustituir la construcción de la potabilizadora en Arazatí por una en la cuenca del río Santa Lucía, cerca de Aguas Corrientes.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que las partes acordaron construir la nueva potabilizadora de agua de 200.000 metros cúbicos, “lo que permitirá producir 900.000 metros cúbicos de agua potable”. Por otro lado, Sánchez informó que se redujo en una tercera parte el costo previsto inicialmente y agregó que se extenderá la prórroga hasta el 31 de agosto para modificar el contrato, que también será evaluado por el Tribunal de Cuentas de la República.
El secretario recordó que el Gobierno se comprometió a construir una represa en Casupá, que robustecerá, en el futuro, la capacidad de OSE de hacer frente a situaciones de déficit hídrico. Este nuevo panorama no “calmó las aguas” y la polémica se mantuvo a pesar de que las autoridades nacionales “celebraron el logro”.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, expresó que el cambio del proyecto para solucionar los problemas de abastecimiento de agua potable en el Área Metropolitana se debe a una decisión técnica. “La decisión política sin respaldo técnico fue lo que se planteó cuando se generó el Proyecto Arazatí en el gobierno anterior”, expresó.
“El cambio lo realiza el gobierno a partir de los estudios técnicos que desaconsejan Arazatí y recomiendan esta opción como prioritaria”, reflexionó. Sobre el nuevo plan, afirmó que en el Santa Lucía hay caudal y cantidad de agua y lo que hay que tener “es regulación”. En tal sentido, dijo que Casupá permitirá guardar agua para cuando haya sequía. A estas declaraciones se sumaron las felicitaciones de los militantes del partido de gobierno que ocupan cargos gubernamentales.
Oposición uruguaya
Después de una reunión de varios ex jerarcas del Partido Nacional, el directorio blanco expresó su “preocupación” al respecto luego de que se oficializó la noticia del cambio. Dentro de su comunicado afirma que la decisión retrasa el “fortalecimiento del abastecimiento de agua potable para el Área Metropolitana. Este proyecto (Neptuno) es vital para asegurar el acceso al agua, un derecho fundamental para todos los uruguayos”.
Señala que la obra ofrecía “una fuente alternativa que aseguraba la disponibilidad de agua para la zona más poblada del país”. En el documento se criticó que esta medida “desaprovecha un trabajo serio e interinstitucional, con aportes técnicos y académicos de primer nivel”, que además había recogido la voz de la ciudadanía en distintas instancias de participación.
A juicio del Partido Nacional, se trataba de un proceso que apuntaba a “establecer políticas de Estado en un tema tan sensible como la seguridad hídrica”. En ese marco, se exhorta a la bancada parlamentaria nacionalista a realizar un seguimiento de las decisiones adoptadas por el gobierno y sus consecuencias, tanto jurídicas como ambientales.
Por su parte el expresidente Lacalle Pou, escribiría en su cuenta de X: El gobierno toma una decisión netamente política y técnicamente desacertada. No diversifica la fuente de agua que es vital, utilizando la misma cuenca. Demorando así muchos años en obtener esa supuesta reserva”. “Esperemos no tener que vivir otra sequía como la de hace un par de años. Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre las malas decisiones las pagan los uruguayos. La responsabilidad es del Presidente @OrsiYamandu y su equipo”, apuntó.
En esa misma línea, se colocó el Partido Colorado, que rechazó la medida y dijo: “Si en Uruguay vuelve a haber sequía, la zona metropolitana se queda sin agua”, sentenció el directorio. El excandidato presidencial Andrés Ojeda mencionó que se está “ante un capricho monárquico” del Frente Amplio “que cambia esto por cambiarlo”.
Sector privado
El presidente de la Cámara de la Construcción y representante del consorcio constructor “Aguas de Montevideo”, Alejandro Ruibal, dijo que “el gobierno que está ahora no quiere hacer Arazatí. Quiere hacer las obras en otro lugar. Se reconoce que hay una carencia de potabilización; el proyecto está ubicado sobre el río Santa Lucía”. “Era público que este gobierno no estaba de acuerdo con Arazatí. No me corresponde opinar cuando el gobierno ya tomó una decisión”, sostuvo el empresario. “Es la misma planta que se hace en otro lugar. El plazo de la obra será de 36 meses; no sigamos perdiendo más tiempo. Aún no puedo decir cuándo comenzarán las obras”.