Sánchez y el conflicto portuario: no descarta esencialidad si la negociación se tranca
El secretario de la Presidencia sostuvo que, si esa decisión contradice la posición del ministro de Trabajo, Juan Castillo, este deberá “dar un paso al costado”.El conflicto que mantiene paralizada parcialmente la operativa de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) sumó este lunes un nuevo elemento de presión política, luego de que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, advirtiera que el gobierno está dispuesto a recurrir a la declaración de esencialidad de los servicios si las negociaciones entre la empresa y el sindicato no alcanzan una salida
La definición de Sánchez adquiere especial relevancia porque el ministro de Trabajo, Juan Castillo, había manifestado públicamente su rechazo a recurrir a esa herramienta como mecanismo para resolver el diferendo. Para el secretario de la Presidencia, sin embargo, si llegado el momento el Poder Ejecutivo entiende que la esencialidad es necesaria para garantizar la continuidad de un servicio estratégico, deberá aplicarla.
“Si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ella. Si es el límite de Juan y hay que declararla, renunciará. Es un tema de Juan, no es un tema del gobierno”, afirmó Sánchez en declaraciones al programa Desayunos Informales.
El jerarca procuró, de todos modos, diferenciar la situación actual de un escenario en el que el gobierno ya hubiera resuelto aplicar esa medida. Según explicó, por el momento el Ejecutivo continúa apostando a la negociación y considera que existe margen para alcanzar un acuerdo entre TCP y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA).
“Estamos trabajando para que haya un acuerdo finalmente. Creo que se está a punto de llegar a un acuerdo”, sostuvo.
La tensión, sin embargo, se mantiene y el conflicto comenzó a generar preocupación creciente entre sectores productivos que dependen directamente de la operativa portuaria para colocar sus productos en el exterior.
“No poner de rehén al Uruguay”
Sánchez reconoció estar “muy preocupado” por la situación en la terminal de contenedores y sostuvo que las diferencias entre la empresa y el sindicato están comenzando a afectar a terceros.
“Nosotros le hemos dicho a las dos partes que no pongan de rehenes al Uruguay, porque sus diferencias están poniendo de rehenes al Uruguay del trabajo”, señaló. El secretario de la Presidencia mencionó dificultades que ya se han registrado en otros sectores vinculados al comercio exterior y recordó que la actividad portuaria tiene una incidencia directa sobre las exportaciones.
En ese sentido, señaló que el Ejecutivo ha planteado a ambas partes la necesidad de establecer guardias gremiales que permitan asegurar la continuidad de determinados servicios y evitar interrupciones de la actividad. El conflicto se desarrolla en TCP, la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, y no afecta de la misma manera al conjunto de las instalaciones portuarias. La situación adquiere una dimensión particular debido a que TCP es actualmente la única terminal especializada de contenedores de Montevideo.
“Cuando tenés una única terminal especializada de contenedores hay un poder muy grande de quien la para, el sindicato”, sostuvo.
Uno de los elementos centrales del diferendo es que TCP y sus trabajadores no cuentan actualmente con un convenio colectivo vigente.
Según explicó Sánchez, el convenio anterior venció y no fue posible construir uno nuevo. Las negociaciones vienen desarrollándose durante los últimos días y, de acuerdo con el jerarca, hubo momentos en los que se estuvo cerca de alcanzar un principio de acuerdo.
Sin embargo, la incorporación de nuevos planteos por parte del sindicato habría dificultado el avance de las conversaciones.
“Se estaba llegando a un principio de acuerdo con algunos puntos, el sindicato volvió a traer algunos otros y eso entorpeció las negociaciones. Ahora estamos de vuelta reencauzando para que haya un acuerdo finalmente”, afirmó.
Sánchez también cuestionó algunos de los planteos sindicales y mencionó como ejemplo el reclamo de una suma de $50.000 por trabajador para sentarse a negociar, una demanda que consideró difícil de encauzar. Desde el gobierno, la estrategia continúa siendo facilitar el diálogo y evitar que la disputa se extienda indefinidamente.
“El primer objetivo de un negociador es mantener el conflicto donde está y no extenderlo, y tratar de que las partes sean racionales”, sostuvo.
Pero agregó una advertencia: “Hay un momento en el que la negociación tiene que terminar, y es lo que le hemos transmitido a ambas partes”.
La esencialidad divide al Ejecutivo
Días atrás, Castillo había descartado la posibilidad de recurrir a esta herramienta y había defendido la negociación colectiva como el mecanismo para resolver las diferencias entre trabajadores y empresas. “Si nosotros solamente gobernáramos con decreto de esencialidad, no habría negociación colectiva, no habría Consejo de Salarios”, había señalado el ministro.
Castillo sostuvo entonces que una declaración de esencialidad no necesariamente solucionaría el conflicto y que incluso podría agravarlo.
Sánchez respondió ahora que el gobierno no puede quedar condicionado por la posición individual de un ministro cuando entiende que está en juego un interés nacional. “Todos somos fusibles y responsables de nuestras decisiones”, afirmó.
Según el secretario de la Presidencia, si el Ejecutivo finalmente entiende que debe decretar la esencialidad y esa medida resulta incompatible con la posición del ministro de Trabajo, Castillo deberá decidir si continúa en el cargo.
“En el momento que el Poder Ejecutivo toma una decisión que uno siente que va en contra de lo que siente, tiene que dar un paso al costado, y no hay drama”, sostuvo.
De todos modos, Sánchez insistió en que esa definición no está tomada y que el objetivo inmediato es alcanzar un acuerdo entre las partes.
Más allá del conflicto laboral, el gobierno también tiene entre sus preocupaciones el cumplimiento de los compromisos asumidos por TCP en materia de inversiones y ampliación de la terminal.
Sánchez recordó que el gobierno anterior otorgó a la empresa la exclusividad en la operación de contenedores y que el Frente Amplio cuestionó en su momento ese acuerdo. “Estuve en contra, pero está firmado y Uruguay se rige por el Estado de derecho”, afirmó.
Presión del sector productivo
Mientras el gobierno intenta acercar posiciones entre TCP y el sindicato, distintas organizaciones empresariales y productivas comenzaron a reclamar medidas para asegurar la continuidad de la actividad portuaria.
Las gremiales agropecuarias que integran Campo Unido solicitaron al Poder Ejecutivo que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la operativa normal del puerto de Montevideo e incluyeron expresamente entre sus planteos la declaración de esencialidad. En un comunicado, señalaron que Uruguay es “esencialmente agroexportador” y que una parte sustancial de su desarrollo depende de la capacidad de colocar la producción nacional en los mercados internacionales.
Para las gremiales, las interrupciones de la actividad generan atrasos, mayores costos e incumplimientos comerciales que terminan afectando la competitividad y la confianza en el país como proveedor internacional.
La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) expresó también su “profunda preocupación” por la reiteración de paros en el puerto de Montevideo y planteó la necesidad de cuantificar los daños provocados por la situación, determinar responsabilidades y evaluar eventuales acciones legales.