Juan Castillo: "Así como el empleador reclama cláusula de anuncio de conflicto, es lógico también que comunique si piensa en despedir masivamente"
En entrevista con El Observador, Juan Castillo hizo un balance de sus primeros meses en el Ministerio de Trabajo y sostuvo que dentro del gobierno ha “logrado que otras iniciativas se reconsideren” pero que ha “tenido que flexibilizar” algunas de sus posiciones.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, evaluó positivamente la ronda de negociación salarial en el sector privado y señaló que la mayoría de las mesas cerró con acuerdo. Defendió las pautas salariales del gobierno y explicó que el Poder Ejecutivo no acompañó convenios con cláusulas gatillo o correctivos semestrales porque la inflación viene mostrando una tendencia a la baja y esos mecanismos no son coherentes con la política de estabilidad macroeconómica.
Además, rechazó las críticas empresariales, reafirmó la intención de avanzar en la reglamentación del Convenio 158 de la OIT sobre despidos y sostuvo que “así como el empleador reclama cláusula de anuncio de conflicto, es lógico también que comunique si piensa en despedir masivamente o retirarse del país”.
En entrevista con El Observador, Castillo anunció que el gobierno impulsará debates sobre productividad y reducción de la jornada laboral, tomando como referencia experiencias como la de Chile; sostuvo que dentro del gobierno de Yamandú Orsi ha “logrado que otras iniciativas se reconsideren” pero que ha “tenido que flexibilizar” algunas de sus posiciones, y defendió que “seguramente” hubiera militado como “dirigente sindical” por la derogación de las AFAP, pero que ahora se apega a la eliminación del “lucro” promovida por el programa del Frente Amplio.
¿Qué evaluación hace sobre los resultados de la ronda de negociación salarial que está terminando en el sector privado?
La mayoría de las mesas ya está cerrada. De un total de unas 155 o 156 mesas convocadas para la apertura, alrededor de 140 ya estaban cerradas —al lunes 29 de diciembre—. El porcentaje marca una importante cantidad de acuerdos, muchos de ellos tripartitos, o bien situaciones en las que, durante la votación, el gobierno debió abstenerse porque seguramente se escaparon por encima del lineamiento. De todas formas, esto es beneficioso para las partes: para los trabajadores, porque hubo acuerdo, pero también para el sector empleador, que lo acordó. La suma total de eso da 85%. Y dentro de los que fueron con votación para un lado o para otro fueron los mínimos, así que, desde nuestro punto de vista, hay una evaluación positiva en la cantidad de acuerdos suscritos y en el impacto en el salario.
¿Se demoró más de la cuenta la firma de acuerdos, costó que se destrancara la cosa? ¿Por qué?
Si me das a elegir, hubiese preferido que hubiéramos dado todo esto sobre finales de noviembre. Desde que nosotros, sobre finales de junio, anunciamos los lineamientos, se acordaron en el Consejo Superior Tripartito e iniciamos la ronda de negociación, no fue instantáneo que se instalaran. Demoraron unos 15, 20 días en que aparecieran los primeros grupos convocados. Cuando nosotros hicimos el anuncio de los lineamientos, las dos partes se fueron con un poco de enojo. Las cámaras empresariales dijeron que aspiraban a que hubiesen sido de menor cuantía, pusieron el grito en cielo en cuanto a que esto iba a generar muchos problemas, impactos negativos. Y el movimiento sindical se fue enojado porque esperaba un mejor resultado, que tuviera mejores números desde el punto de vista de la recuperación y del crecimiento.
Bueno, la primera valoración nuestra es que estuvimos en la media colocados; las dos partes no se fueron conformes: una porque quería más, la otra porque exigía menos. Ahora se trataba de ver cómo nos iba la negociación. Nunca deja de ser un desafío si colocás una media justa. Lo cierto es que el resultado habla más de cualquier acto de presunción nuestra.
Y hay una valoración positiva porque, como contrapartida, hay algunos acuerdos que se van a transformar con el tiempo en históricos, como el servicio doméstico, donde se reconocen categorías. O en los rurales, donde se vuelve a recuperar el acuerdo tripartito —venía con varios decretos en las últimas rondas—. Hay un acuerdo donde por primera vez son tan explícitos los beneficios, derecho a cláusula de género, al sistema de cuidado, útiles escolares. Me parece muy bueno que se potencie el ámbito tripartito de la búsqueda de acuerdo a pesar de que cada cual hace su juego después en las declaraciones públicas.
¿Hay acuerdo entre empresarios y trabajadores en que el gobierno no acompañó porque tienen elementos no incluidos en la pauta, como cláusulas gatillos, salvaguarda e incluso que garantizan puntos de crecimiento real. ¿Sigue habiendo en algunos sectores desconfianza sobre el cumplimiento de metas de inflación que lleva a que se siga recurriendo a estas cosas? ¿Cómo lee ese tipo de situaciones que se dieron en varios grupos?
Sí, son variadas. Hay otros acuerdos que no pudimos acompañar porque pretenden correctivos semestrales, mientras que nosotros estábamos trabajando con correctivos anuales, ya que el comportamiento de los últimos tres años ha sido de inflación a la baja. O sea, no estoy levantando un centro para el mismo gobierno que integro. Desde el gobierno anterior, en Uruguay se viene siguiendo una tendencia en sus políticas que ha logrado reducir la inflación. Si volvemos a colocar cláusula gatillo o correctivo semestral, no estamos dando esa señal, y el gobierno se afirma en la necesidad de transmitir confianza a los trabajadores, a los empleadores y a los inversionistas también, de manera tal que hay un país que tiene una política en lo monetario y en lo financiero con determinada estabilidad.
Dice que la inflación viene bajando hace tres años. Desde su punto de vista, ¿estaban dadas las condiciones, por ejemplo, para que la última franja de ingresos, la más alta, no tuviera correctivos, como planteó la pauta? ¿Usted, como sindicalista, hubiera firmado un acuerdo sin correctivos?
Vaya a saber qué hacía como sindicalista; yo no era de los que más me ataba a los esquemas. Y tampoco a la hora de la respuesta. Si tuviera que hablar en contra de alguna de las acciones del gobierno, tendría que agradecerle por haberme designado el presidente de la República, y me voy. Porque no puedo estar formando parte de un equipo en el cual cada una de las resoluciones genera debates y discusiones. No hay que andar jugando a la adivinanza, que adentro del gobierno no pensamos todos iguales, ni si pienso exactamente igual a otros ministros, porque tanto se prejuzgó antes cuánto íbamos a convivir el ministro de Economía y yo —bueno, estamos llegando a los nueve meses de gobierno— y nosotros sabemos buscar los consensos y administrar las diferencias.
¿Cuál es el límite desde mi punto de vista? Gabriel (Oddone) dirá lo que quiera; mi límite es no condicionar a nuestro gobierno. La única persona electa en el Consejo de Ministros es el presidente y la vicepresidenta. Los demás somos designados, y a mí me convocaron para ver si quería formar parte de este equipo, y nuestro punto de apoyo son las bases que elaboró el FA, que fueron las que se sometieron a juicio y a veredicto popular. Yo me pego a eso. ¿Siempre me va tal cual dice el texto? No, hasta ahora no. Hasta ahora he logrado que otras iniciativas se reconsideraran, y he tenido que flexibilizar alguna de las posturas que yo tenía. Y no me duelen prendas.
Cuando el Ministerio de Trabajo anunció un proyecto para regular el Convenio 158 de la OIT por los despidos, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, dijo en Búsqueda que no estaba enterado. ¿En qué situación está ese proyecto? ¿Se terminó de redactar? ¿Se conversó dentro del gobierno?
Es cierto lo que dijo Vallcorba. No estaba enterado porque yo dirijo el Ministerio de Trabajo, no el de Economía. Y hay muchas cosas que coloca como iniciativa del Ministerio de Economía de las que yo no estoy enterado. Ninguno de los dos mentimos. Yo no lo oí decir “estoy de acuerdo”, porque no estaba enterado, no sabe lo que es el contenido, y porque hay muchas cosas de las relaciones laborales y del mundo del trabajo que continuamente tenemos que estar explicándolas en el Consejo de Ministros o a otros ministro, que a veces el presidente de la República nos convoca a uno o dos ministros por algún tema, alguna industria o algún conflicto.
Nosotros elaboramos en función de algunas propuestas que hicimos públicas el 6 de marzo cuando asumimos, coherente con eso, y en otras porque el transcurso de la gestión nos fue dando señales de que hay que legislar y reglamentar. Ahora, otra empresa que operaba en Colonia —metalúrgica Cla Sienz— anunció cierre y el envío de 80 trabajadores al despido, al seguro de paro. ¿Y qué son los trabajadores y las trabajadoras de este país? ¿Ciudadanos de segunda, tercera categoría? ¿Nosotros no somos dueños también de saber qué va a pasar con nuestro destino? ¿El que vive de un salario ahora puede estar pendiente libremente de que no sabe si a fin de mes va a pagar el alquiler porque lo despidieron, no sabe de qué va a vivir su familia o si va a ser frente a las tarifas públicas? De la misma forma con que el sector empleador reivindica o reclama que en cada convenio que se establezca una cláusula de anuncio ante un conflicto, es lógico también que haya otro instrumento que le avise al sector empleador, que comunique sus perspectivas si está pensando en reducir la plantilla, despedir masivamente o retirarse del país.
Si tuviéramos ese instrumento hoy, capaz que alguna empresa no se hubiese ido. Por ejemplo, si alguna se fue porque el costo de la energía eléctrica es muy caro… Y si yo tengo que estar midiendo si me quedan 190 trabajadores en la calle, o hago una ley de bonificación o busco un mecanismo para que la energía… ¿Qué me cuesta más después? ¿Seis meses de seguro de desempleo para 190 trabajadores? ¿O acordar alguna tarifa?
El convenio 158 de la OIT fue aprobado mundialmente en forma tripartita por gobiernos, empleadores y trabajadores, que nosotros queremos que se ratifique acá. Es increíble que aparezcan tantos, gritando tantos fantasmas, que esto ahuyenta la inversión.
¿Cómo toma esas críticas? De las cámaras empresariales, por ejemplo.
La de las cámaras es menos comprensible porque, ¿qué es lo que se fomenta entonces? Que venga cualquiera y en cualquier condición. Digo de las cámaras porque los dirigentes políticos que salen atrás mío cada vez que yo aparezco son siempre los mismos. Se ve que me pusieron tres o cuatro; cada vez que hablo, salen todos a coro. Ninguno contrapone una idea distinta.
¿Cuál es la idea mejor para que 1.250 trabajadoras no se enteren por el estado de WhatsApp a las 2:15 de la mañana que están despedidas, que no vayan al otro día? ¿Cuál es la idea mejor para que un call center instalado, que dijo un jueves de una semana “tenemos 300, vamos a crecer a 500 y nos estamos expandiendo”, y a la semana siguiente, antes de que culminara la semana, se vaya del país y queden 300 en la calle?
¿Nadie tiene hijos, nietos y sobrinos? ¿No tienen familiares? ¿No tienen una sociedad para defender? Yo quiero brindar todos los derechos y las garantías para vivir mejor, para que la calidad de vida de los compatriotas sea mejor. Ocurren despidos en todos los lugares; en algunos es inevitable. Lo que estamos pidiendo es que se pongan las causas.
¿El proyecto propone ratificar el convenio 158 y después reglamentar algunas cosas puntuales?
En realidad, ya nos pidió eso el Parlamento. En 2016 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una minuta en la cual se le pide al Poder Ejecutivo que remita una reglamentación para el Convenio 158. Estamos cumpliendo con lo que el Parlamento nos pidió.
Algunos legisladores que salieron a hablar y a decir cosas en contra de lo que yo dije son votantes de esa moción. Es más, lo que yo dije ya tiene forma de proyecto de ley. Hay una iniciativa que, en el periodo anterior, colocaron los senadores (José) Nunes y (Oscar) Andrade, regulando una sola parte de ese convenio que era la cláusula de preaviso, que le daba determinadas garantías a los trabajadores y al gobierno.
Una vez que ese convenio está ratificado, obliga a que se reglamente. No es el Poder Ejecutivo el que lo elabora como ley; es el Parlamento el que tiene que discutirlo. O sea, de aquí a que todo esto pase por una aprobación del convenio y una reglamentación futura o un proyecto de ley, hay algún tiempo todavía de por medio.
Y así nos pasa con el convenio 190, de acoso laboral, o con el convenio 188 de las condiciones laborales de la pesca. Muchos hablan de la refundación de la pesca; bueno, vamos a refundar la pesca, vamos a discutir todo lo que se dice a nivel internacional, en qué condiciones tiene que zarpar un barco y, después, los tripulantes que están arriba del barco, en qué condiciones tienen que estar. Vamos a discutir el 153. Ya estamos en la etapa de reglamentación y formamos una comisión interna con las gremiales empresariales y todos los sindicatos de transporte de carretera para ver la jornada de trabajo y la jornada de descanso en los camiones y en los ómnibus interdepartamentales.
Otro grupo de temas que estamos colocando, ya lo dijimos en el Consejo Superior Tripartito, porque dimos todo el año y no lo acordaron los actores sociales, es instalar una mesa que debata, investigue y proponga sobre la productividad de las empresas y la regulación del tiempo de trabajo.
Se puede y se debe demostrar que ha mejorado la productividad en varias industrias y empresas en función de que tengan jornadas laborales más reducidas, con más calidad de vida para los trabajadores. Queremos discutirlo y propusimos en el ámbito de que hay otras experiencias en el continente que podemos escuchar. Vamos a invitar al gobierno de Chile a ver: ¿Cómo fue que ellos pudieron reducir la jornada de trabajo? Están en plena ley del proceso de ir paulatinamente reduciendo hasta llegar a las 40 horas. ¿Qué problemas tuvieron? ¿Qué iniciativas tomaron? ¿Qué errores cometieron? ¿Qué beneficios están teniendo? Tomemos nota.
¿Ve condiciones en el gobierno? El presidente fue muy categórico con que tiene que ir estrictamente atado a la productividad.
Y para nosotros también. Condiciones hay. Yo no tengo la negatividad como una pronta respuesta. ¿Por qué es posible en Chile y no en Uruguay? ¿Por qué en Colombia hay una reducción del tiempo de trabajo sin trauma con indicadores de mejora en la economía y no en Uruguay? ¿Por qué en México se está implementando? ¿Por qué España y otros países de Europa que lo vienen llevando adelante con éxito? Si el mundo lo que más está generando ahora son desocupados, ¿nos vamos a conformar con integrar un número más en esa lista o vamos a darle más posibilidades de empleo para quien no lo tiene? La generación de políticas activas de empleo y generación de oportunidades tiene que ver con la formación, la capacitación y una cantidad que tengamos que colocar. Pero tomando esta discusión ordenada, dirigida por el Consejo Superior Tripartito, me parece una cosa acorde. No hay que temer al debate.
Vieron que hablo de reducción del tiempo de trabajo y no de jornada laboral, sino inducimos a que solamente se debe pasar de 8 a 6 horas. La ley en Uruguay habla de 48 horas semanales en la industria y 44 horas en el comercio. Decimos de ir paulatinamente reduciendo esa carga semanal. Capaz que terminás en 40 horas, pero 8 horas de lunes a viernes. Acá en Uruguay ya hay acuerdos bipartitos en algunas industrias que posibilitan que esto ocurra. Y no se fundieron.
En Uruguay creció mucho la contratación de trabajadores independientes, que muchas veces encubren relaciones de dependencia y los trabajadores no participan en la fijación de sus condiciones de trabajo o de su salario. ¿Cómo ve ese tema?
No lo tengo muy analizado. Una de las preocupaciones que sí conversamos con el Cuesta Duarte son las tercerizaciones, que son el impacto más grande que tiene el mundo del trabajo acá. Si hace 10 años atrás me hablaban de tercerizaciones, siempre era de aquellas empresas que subcontrata el propio Estado para algunos servicios. ¿Para quién de nosotros no es normal ir a cualquier dependencia del Estado y ver algún tipo de trabajador o trabajadora vestidos con determinados uniformes y logo, en la portería, en la conserjería, en la guardia de seguridad, en la limpieza? En cualquier dependencia parece que hay cuatro o cinco empresas distintas de esas, que a veces se van mudando, ganan la licitación acá, la pierden, van para otro lado.
Ahora también eso está en la actividad privada. Hay cada vez más contrataciones de empresas que tercerizan las tareas que antes hacían normalmente. Eso quita muchos derechos, genera un gran problema. Se hace porque sale más barato. Es un número importante de contratos del orden de 140 mil personas, nos dicen las agremiaciones de tercerizados del PIT-CNT.
Ahí hay que tener un debate. Ni siquiera digo que se prohíba, digo que cualquier contrato de trabajo tiene que ser en las mismas condiciones. No puede pasar que en el mismo ámbito de trabajo para hacer la misma tarea, dos personas ganen distinto. Tirar precios competitivos para ingresar al mercado sobre la base del salario de los trabajadores, no parece una cosa buena. Tendríamos que echarle más la mirada.
Reafirmó a la salida del Congreso del Partido Comunista que tienen vocación socialista y que siguen siendo revolucionarios, pero reconoció que este "no es un gobierno socialista". ¿Cómo cuaja su participación en ese modelo de gobierno?
No es ninguna novedad que el Partido Comunista se propone la construcción del socialismo y llegar a una sociedad comunista. En un sistema capitalista, se propone la revolución. Desde hace algunos años somos conscientes de la necesidad de ir ganando a las grandes mayorías para que esto ocurra. Y seguimos desarrollando la construcción de herramientas unitarias. El trabajador aislado dentro una fábrica es sujeto a quedar más desocupado que teniendo un trabajo estable. Es la unidad de los trabajadores en una fábrica, en una organización sindical y la de todos en una central sindical, la de todo el movimiento cooperativo en una federación, y de los jubilados y pensionistas, los estudiantes, y de todas las fuerzas políticas en un solo Frente Amplio. Ahí nos tiene a los comunistas. No solos, ni únicos.
El FA va camino a gobernar 20 años del siglo XXI y no se puede decir que haya sido socialista. El PCU se despacha contra las limitaciones del progresismo y de la socialdemocracia. Dicen que si bien logra "avances en derechos", no logra "reformas estructurales". ¿Están conformes con eso? ¿Creen que hay una concreción real en un mediano plazo para dar un paso más?
El conformismo no va con nosotros. Someter todo a la crítica está en nuestro ABC. Hemos cometido errores que se pagan caros. Ahora, nos hacemos cargo de toda la historia, no del pedazo que más me gustaría y hacer de cuenta que nuestras carencias no existen.
Ese proceso de acumulación de fuerzas hace que apostemos mucho a la unidad de todos los sectores de izquierda del FA. El FA todavía no se plantea objetivamente una construcción socialista, como sí queremos los comunistas y otros grupos dentro del FA, pero es un proceso de avance democrático. Para nosotros el objetivo de todo ese proceso es profundizar en la democracia, en materia de conquistas de derechos, de mejoras para la clase obrera, trabajadores y sectores medios.
El programa del FA, que nosotros salimos a militar, no se propone el socialismo, pero es ajustado a la etapa histórica que nos toca vivir.
En pocos meses el Diálogo Social para una nueva reforma de la seguridad social va a bajar una propuesta. Durante la campaña, el PCU y el PIT-CNT defendieron una consigna que incluía la eliminación del pilar de ahorro individual. ¿Creen que se debería mantener ese proclama?
Una cosa es lo que deba de seguir reivindicando la clase obrera y el movimiento sindical y otra la que hagamos los comunistas, planteados como partido que integra el FA, que hoy es responsable del gobierno.
Seguramente, si hoy estuvieras parado con el grabador frente al dirigente sindical Juan Castillo, te voy a decir que es válida, que eso reivindico como clase obrera y trabajadora. Hoy estoy en el rol de ministro de Trabajo e integro un gobierno. Entonces, me ato a lo que dicen las bases expuestas para el programa de gobierno, que dicen algo parecido, pero no exactamente igual.
Dicen que hay que establecer mecanismos para dar la posibilidad de jubilación antes, ni siquiera se plantea que vayamos para atrás a volver a jubilarnos a los 50 años de edad, pero sí capaz que hay quienes tienen condiciones y necesidades de jubilarse antes los 65 años de edad. Y habla de algún otro mecanismo en torno al lucro de las AFAP.
Hay una serie de mecanismos que intentan mejorar las condiciones, no como dice la ley 20.130, sino que aliviar también las tensiones que se generaron a partir de la reforma, que no estuvimos de acuerdo todo el FA, que militamos algunos del FA en contra, pero que perdimos a la hora de buscar los votos.
* Esta entrevista se realizó el lunes 30 de diciembre de 2025, días antes del ataque aéreo ordenado por el presidente de EEUU, Donald Trump, contra Venezuela.