Gremial de transportistas reclama por "peaje encubierto" en la frontera de Fray Bentos y evalúan acciones legales
Las empresas de transporte de carga estiman que el cobro de $ 850 por cruce de camión representa un gasto anual de unos US$ 3 millones para el sector.La Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu) evalúa iniciar acciones judiciales contra el cobro que rige desde diciembre de 2024, en el Área de Control Integrado (ACI) del paso fronterizo de Fray Bentos-Gualeguaychú, donde afirman que cada camión que ingresa —con o sin carga— debe abonar $ 850 al operador privado Ciemsa por el uso de estacionamiento.
Para la gremial, se trata de un “peaje encubierto injustificado", que perjudica directamente al transporte de carga internacional.
El núcleo del reclamo es que los camiones deben ingresar a esa área para cumplir con los controles aduaneros, sanitarios, migratorios y de comercio exterior, más allá de que hagan uso o no del servicio de estacionamiento. “No hay alternativa: todo camión tiene que pasar por ahí. No es una decisión del transportista quedarse en el predio”, explicó a El Observador el gerente de Catidu, Gastón Landa.
"Si el camión quiere quedarse en la frontera y usar el estacionamiento por supuesto que está bien que se le cobre, pero no puede ser obligatorio si solo lo va a usar para hacer los trámites, está trabajando", agregó.
A diferencia de los vehículos particulares o de pasajeros —que, según un decreto del Ministerio de Defensa, tienen dos horas gratis para usar la zona de estacionamiento— los camiones deben pagar la tarifa completa aunque su estadía dure menos de ese tiempo. “Es discriminatorio. Se da tolerancia al auto que va de paseo porque quizás sea el que usa el freeshop o el restaurante, pero no al camión que está trabajando y haciendo trámites obligatorios. Es una incongruencia”, señaló Landa.
El decreto, firmado por Defensa en junio de 2023, habilita a los operadores privados, en este caso Ciemsa, a cobrar tarifas por el uso de infraestructura en los ACI. En el caso de los camiones, se establece expresamente el cobro de $ 850 por 24 horas pero la gremial afirma que deben pagar ese importe más allá de si se quedan 15 minutos o cuatro horas. "Discrepamos porque el decreto carga todo el costo de la obra sobre el transporte de carga internacional", indicó Landa.
Según estimaciones de la Catidu, por el paso de Fray Bentos transitan unos 400 camiones por día entre ida y vuelta, lo que equivale a una recaudación diaria de US$ 8.500 y un costo anual cercano a los US$ 3 millones para el sector. “Con eso, el operador recupera su inversión (estimada en US$ 14 millones) en cinco años. Todo el peso económico de la obra cae sobre el transporte”, afirmó el gerente de la gremial. "No es contra el operador, es contra el decreto que discrimina", señaló.
Por ese motivo, algunas empresas de transporte socias de Catidu —y otras extranjeras vinculadas al Círculo de Transporte— ya comenzaron a avanzar en trámites para iniciar acciones judiciales una vez que venzan los plazos de los expedientes administrativos que tienen presentados ante Defensa. Además, evalúan presentar recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). “Tenemos un expediente administrativo presentado en Defensa y están por vencerse los plazos sin respuesta. Si eso pasa, se habilita el camino judicial”, adelantó el dirigente.
La gremial también presentó la situación ante el bloque regional de los transportistas de carga en el ámbito del Mercosur. “Elevamos el planteo en el subgrupo de transporte del Condesur (Consejo Empresarial de Transporte de Cargas por Carreteras del Mercosur). Lo que pedimos no es nada extraordinario: que se use el mismo criterio que en Brasil, donde el costo de estos controles lo asume el importador o exportador porque se entiende que lo paga la carga, no el transportista”, argumentó Landa.
Las empresas plantearon este reclamo a las autoridades del gobierno anterior pero no tuvieron respuesta, según Landa. Tras el cambio de gobierno, Catidu solicitó una reunión con la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, pero hasta el momento no ha sido concedida, según el gerente.
No obstante, la gremial sí fue recibida por otras autoridades del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera del Ministerio de Defensa. “Ellos entienden que el decreto es injusto, pero aún no hay soluciones”, aseguró Landa quien remarcó que "se castiga al que produce".