Empresas pesqueras citan a conciliación al gremio: exigen US$ 27 millones por pérdidas sufridas por conflicto
El inédito reclamo se basa en lo que las compañías dejaron de pescar durante el diferendo; el escrito ingresó en el Juzgado de Conciliación de 2° Turno y la audiencia se fijó para el 8 de setiembre.
Seis empresas, todas ellas agrupadas en la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU)y en la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), solicitaron a la Justicia una audiencia de conciliación previa a una demanda por "daños y perjuicios ocasionados" contra el Sindicato de Trabajadores del Mar y Afines (Sutma). Las firmas reclaman US$ 27 millones por concepto de pérdidas debido al conflicto de la pesca, según informaron a El País fuentes judiciales.
El conflicto en el sector pesquero duró 80 días y generó la pérdida de la zafra, pese a que había un convenio vigente. Otro conflicto, desatado por el gremio en 2024, también determinó que no se saliera a pescar en plena zafra. Por eso, las empresas pesqueras se quejan de que el gremio las hizo perder dos zafras en dos años consecutivos.
La demanda señala que la citación a conciliación se debe a "actos ilícitos realizados por el Suntma" que vienen ocasionando daños y perjuicios que "atentan" contra los derechos de las empresas "impidiendo" el libre ejercicio a comercializar, producir, vender, circular y usar sus bienes de producción.
Los demandantes consideran que los "daños" sufridos por las empresas "van más allá del incumplimiento de un convenio bipartito, y que "constituyen actos autónomos e independientes" que determinan la existencia de "un abuso de derecho" que "excede el derecho a huelga".
Las empresas sostienen que los sindicatos con personería jurídica "no están exentos de responsabilidad civil" por sus "actos ilegítimos o ilícitos" ocasionados a terceros, y agregan en la demanda que si éstos ocasionaron un perjuicio, el mismo debe ser reparado según lo establecido por la normativa.
El escrito también sostiene que la legislación uruguaya prevé que, en forma solidaria, respondan por sus actos en nombre del sindicato pesquero aquellos afiliados que ocasionaron un daño a las empresas, siendo estos los integrantes de la comisión directiva u otros representantes de la organización.
El documento expresa, además, que el abuso de derecho puede afectar distintos ámbitos como propiedad, circulación, contratos comerciales, derecho laboral o cláusulas abusivas entre partes. Y agrega que el sindicato provocó un daño con sus acciones pese a haber un convenio vigente —firmado en 2024— que regulaba el relacionamiento entre empresarios y trabajadores.
"En este caso no tenemos la menor duda que el Suntma actuó en forma arbitraria, haciendo un abusivo uso del derecho, cometiendo una serie de actos y hechos ilícitos, que han tomado público conocimiento y que excede el proceso de negociación colectiva entre trabajadores y empresas", insiste el escrito.
La demanda recuerda que prestigiosos juristas ya se pronunciaron sobre la responsabilidad civil de los sindicatos, y cita a los abogados Matías Pérez del Castillo y Gabriel Sosa. Este último profesional reconoce que hay responsabilidad jurídica del sindicato por el comportamiento de sus miembros e incluso de dirigentes que generan un abuso de derecho o una conducta ilícita.
El documento señala, también, que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, afirmó en un artículo que la libertad de asociación y negociación debe ejercerse dentro del marco legal y con respeto a los derechos ajenos.
"Cuando se cometen actos abusivos o ilícitos que lesionan otros derechos —como daños patrimoniales o afectación de libertades individuales— el sindicato debe responder patrimonialmente, sin que su condición confiera una inmunidad especial", dice la demanda.
Las empresas hicieron el cálculo de lo que supuestamente se les debe teniendo en cuenta lo que se perdieron de pescar. En este sentido, una de las firmas informó que sus barcos perdieron en la zafra 5.000 toneladas de pescado, lo que le significó una pérdida de US$ 6 millones.
En tanto, una planta procesadora de pescado estableció en la demanda que la falta de pescado le generó perjuicios por US$ 8,5 millones.
En pie de guerra
El conflicto en la industria pesquera comenzó el 28 de mayo de este año por un reclamo del sindicato de incluir un marinero más en los barcos costeros para que suplante al capitán cuando este descansa.
El gremio primero paró los barcos costeros y como la medida no tuvo la repercusión esperada, también detuvo las tareas de los buques congeladores, encargados de procesar el pescado en alta mar. Los barcos congeladores tienen un capitán y dos oficiales, por lo que cumplen con lo reclamado por el gremio.