Descartado Arazatí, gobierno y consorcio se encaminan hacia un nuevo proyecto que garantice el suministro de agua
Representantes del Poder Ejecutivo, de OSE y de las empresas se reunieron este miércoles por la tarde y acordaron de palabra cómo será la nueva propuesta que modificará el contrato.El proyecto Arazatí, tal como fue planteado durante el gobierno anterior, no se realizará.
La voluntad de la administración del presidente Yamandú Orsi fue desde siempre que esa obra no se haga y en su lugar impulsar otras iniciativas que garanticen el suministro de agua potable en la zona metropolitana durante varias décadas y, de ser posible, incluyendo la construcción de una represa en Casupá.
Ese rumbo es precisamente el que tendrá la obra millonaria que el gobierno de Luis Lacalle Pou acordó a pocos días de finalizar su mandato con el consorcio Aguas de Montevideo. Y quedó plasmado en un encuentro que mantuvieron autoridades de gobierno con representantes de las empresas en la sede de OSE este miércoles por la tarde, tal como adelantó El País.
En la reunión que duró poco más de una hora participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y representantes de las empresas que integran el consorcio, entre ellos el titular de la constructora Saceem, Alejandro Ruibal.
Allí, según relataron a El País fuentes vinculadas a la negociación, se alcanzó un acuerdo de palabra que ahora deberá plasmarse en la propuesta concreta tanto a nivel técnico como legal ya que implica modificar las condiciones del contrato ya firmado.
Los cambios
El rechazo al proyecto Arazatí es algo que no sorprende ya que tanto Orsi como figuras relevantes del gobierno -el secretario de Presidencia y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño,- criticaron la iniciativa y aseguraron que buscarían modificarla desde antes de asumir el 1° de marzo. El proyecto Arazatí -que es el que aún está firmado por contrato- implicaba la instalación de una toma de agua bruta en la zona de playa Arazatí en el departamento de San José, una planta potabilizadora, una reserva de agua dulce y una tubería aductora de agua tratada hasta los tanques de Cuchilla Pereira, para abastecer al sistema metropolitano. También se construiría un lugar para poner los lodos deshidratados, producto del proceso de potabilización del agua. La iniciativa implicaba que OSE pagara unos US$ 50 millones anuales por 17,5 años, que suman unos US$ 900 millones.
Sin embargo, ahora la propuesta presentada por el gobierno y que cuenta con el aval de las empresas implica que en lugar de Arazatí se construya una nueva planta cerca de Aguas Corrientes y una aductora de 40 kilómetros de distancia hasta Cuchilla Pereira.
También se prevé realizar obras complementarias en el este del país en la zona de Solís Chico para mejorar el abastecimiento en la Costa de Oro.
En el encuentro, Sánchez destacó la “buena voluntad” de las empresas para encontrar un acuerdo.
A diferencia de Arazatí, que tomaba agua del Río de la Plata, esta propuesta contempla que la fuente siga siendo el río Santa Lucía. Por otra parte, según estiman desde el gobierno, con esta salida se estaría manteniendo la naturaleza del contrato y no implicaría consecuencias legales.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo está decidido a llevar adelante la obra de la represa en Casupá. Y se analiza si es posible incorporarla al nuevo proyecto. Aunque, según indicaron los informantes, no entra en lo que contempla el contrato. El proyecto de modificación que se plantea brindará la misma cantidad de agua que preveía Arazatí: unos 200 mil metros cúbicos diarios.
El mensaje
A poco de asumir el gobierno, las autoridades decidieron junto al consorcio suspender por 90 días la ejecución del contrato y el proyecto Arazatí se paralizó.
El plazo definido para tomar una decisión definitiva vence el 24 de julio aunque tanto desde el gobierno como desde las empresas coinciden en que ya se alcanzó un acuerdo para modificar el contrato.
Esta decisión implica para el gobierno varios pasos en simultáneo. Por un lado, al modificar la propuesta que llegó a ser una suerte de buque insignia de la administración de Luis Lacalle Pou para asegurar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana se está rebatiendo la anterior gestión.
Al mismo tiempo, se evita llegar a un litigio legal con el consorcio ya que en caso de rescindir el contrato debía pagar multas millonarias y no contaría con las obras para reforzar el sistema de suministro de agua potable.
Además, estas obras, según aseguraron los informantes, formarán parte de un conjunto de iniciativas que reforzarán la capacidad que tiene el país y que implicarán una mejor solución junto a Casupá.