El presidente de la ARU cuestionó el impacto de la represa sobre la cuenca del Santa Lucía y el estado de los caminos rurales. El titular del Congreso de Intendentes respondió que las intendencias no pueden sostener solas una infraestructura diseñada para el volumen de carga actual.
El cierre de la Expo Prado 2026 dejó al descubierto una fractura que el sector agropecuario y los gobiernos departamentales arrastran desde hace años. Mientras el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, cuestionó la represa de Casupá y el estado de la caminería rural, el titular del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, respondió que cargarle “todo a las intendencias” es “muy liviano y superficial”. En el medio, un proyecto de infraestructura de 130 millones de dólares que ya tiene financiamiento aprobado y que condiciona la gestión de toda la cuenca del Santa Lucía.
La represa sobre el arroyo Casupá es, a esta altura, un hecho administrativo. El Poder Ejecutivo aprobó en abril de 2026 el contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento por hasta 130 millones de dólares, con un período de amortización de 18 años y un plazo de gracia de 66 meses. Las obras están previstas para iniciar en marzo de 2027 y finalizar en septiembre de 2029, con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 100 hectómetros cúbicos.
El objetivo declarado es garantizar al menos 60 días de reserva de agua potable para la zona metropolitana. Sin embargo, el proyecto implica la afectación de 45 unidades productivas y más de 40 propietarios en los departamentos de Florida y Lavalleja. El abogado Mauricio Fioroni, vinculado al tema desde 2019, señaló que las primeras indemnizaciones se acercaron a 9.000 dólares por hectárea, pero que los procesos más recientes parten de 5.000 dólares, lo que ha generado “mucha molestia en los nuevos procesos”.
Ferber: “Condiciona la gestión de toda la cuenca”
En su discurso de cierre de la Expo Prado, Ferber fue categórico. Sostuvo que la represa “condiciona la gestión de toda la cuenca del Santa Lucía” y planteó “evaluar con urgencia una fuente alternativa para el sistema metropolitano”. La propuesta de la gremial es complementar el abastecimiento con un sistema de bombeo desde Juan Lacaze que lleve agua del Río de la Plata hasta Aguas Corrientes.
El cuestionamiento no es menor. La ARU argumenta que concentrar la respuesta a la sequía en una sola obra genera un riesgo sistémico. Productores de la zona han ido más lejos: Walter Martínez, ganadero de quinta generación en Casupá, calificó el proyecto como un “fracaso” y un “cementerio de plata”. Vecinos y productores se movilizaron en agosto de 2026 hacia Montevideo con una caravana de unos 30 vehículos encabezada por un tractor, y entregaron una carta al presidente Yamandú Orsi pidiendo que considere “personalmente” la situación antes de que se adopte una decisión definitiva.
La respuesta de Enciso: “Hoy por hoy, Casupá es un hecho”
Carlos Enciso, intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, no eludió el tema. Consultado sobre las críticas, afirmó que “hoy por hoy Casupá es un hecho” porque las decisiones institucionales de los organismos nacionales “ya están interviniendo en el territorio”. Su postura es pragmática: en lugar de resistir el proyecto, propone minimizar las dificultades para la producción de la zona, incluyendo la definición de por dónde se desviarán las rutas departamentales afectadas.
Enciso también cuestionó el enfoque de la gremial respecto a la caminería rural. Señaló que hay caminos con más de 100 años de antigüedad y que las intendencias no pueden sostener con recursos propios caminos de balastro por donde pasan decenas de camiones con 40 toneladas promedio de madera cada día. “No es aceptable que cada vez que llueve haya productores que no puedan entregar el producto de su esfuerzo”, había dicho Ferber. Enciso respondió que el problema de fondo es que durante décadas los gobiernos priorizaron sacar la celulosa al puerto pero “se olvidaron” de que las arcas municipales ya son insuficientes para mantener esa infraestructura.
El nudo del financiamiento
La discusión de fondo es quién paga la caminería rural. En julio de 2026, al asumir la presidencia del Congreso de Intendentes, Enciso propuso crear un fideicomiso para financiar la infraestructura vial rural, integrando distintas fuentes de recursos. El presidente Orsi respaldó la iniciativa y anunció que el Gobierno la analizará junto a los ministerios de Economía y de Transporte.
En la reunión que la ARU y el Congreso de Intendentes mantuvieron durante la Expo Prado, ambas partes coincidieron en avanzar hacia la eliminación del 1% que grava la comercialización de ganado. Enciso señaló que ese recurso representa unos 45 millones de dólares anuales para las intendencias y que “no lo podemos perder porque está en nuestro presupuesto, pero estamos de acuerdo que no se lo cobren más a los productores”. Ferber fue claro: “El 1% es un impuesto que hoy se cobra y después te lo devuelven. Lo que pedimos es que se termine el mecanismo”.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, presente en la Expo Prado, calificó el discurso de Ferber como “un punto de encuentro para pensar el Uruguay productivo”, aunque aclaró que “no todas las opiniones de la ARU son compartibles”. Sobre Casupá, reafirmó que es un proyecto estratégico donde “ya está la licitación armada y se están haciendo los estudios de impacto ambiental”.