Luego del fallo de YPF, Kicillof dará una conferencia donde ratificará que “la derecha nunca la habría nacionalizado”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires se presentará, ante la prensa, en la Casa de Gobierno local, junto al ministro Carlos Bianco.El gobernador Axel Kicillof anunció que brindará una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Gobernación luego de que se hiciera público el reciente fallo vinculado a YPF, en el que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió anular la condena contra la Argentina por la expropiación de la petrolera.
La decisión judicial revierte así la sentencia de primera instancia, que obligaba al país a afrontar un pago superior a los 16.000 millones de dólares, en uno de los litigios más sensibles de los últimos años en materia económica y soberana.
La exposición del mandatario provincial, prevista para este lunes 30 a partir de las 9.00 horas, contará con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y estará centrada en analizar el alcance del fallo, sus implicancias políticas y económicas, y el debate que se abrió en torno a la legitimidad de la nacionalización de YPF, concretada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese marco, Kicillof buscará reafirmar una postura que ha sostenido desde entonces: que la recuperación de la petrolera fue una decisión estratégica y soberana, clave para el desarrollo energético del país. Según adelantó, el reciente pronunciamiento judicial pone en cuestión lo que definió como “un relato impulsado por los fondos buitre”, orientado a desacreditar la expropiación y a generar condiciones para obtener beneficios económicos a partir del litigio.
El gobernador también apuntó contra sectores de la oposición y del actual oficialismo nacional, a quienes acusó de haber reproducido durante años esa narrativa. En particular, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había calificado el proceso judicial como el “impuesto Kicillof”. Para el mandatario bonaerense, esa caracterización formó parte de una “operación política y mediática” que buscó instalar la idea de que la nacionalización había sido técnicamente defectuosa o jurídicamente inviable.
“Mientras se repetían esas críticas, los propios abogados del Estado argentino defendían en los tribunales internacionales los mismos argumentos que nosotros sostuvimos desde el inicio”, señaló Kicillof en declaraciones previas. A su entender, el fallo de la Cámara de Apelaciones deja en evidencia que aquellas acusaciones carecían de sustento, y abre una instancia de revisión sobre el tratamiento político y mediático del caso.
Más allá del aspecto judicial, el gobernador enmarcó la discusión en un plano más amplio, vinculado al modelo de desarrollo. En ese sentido, reivindicó la decisión adoptada en 2012 como un punto de inflexión que permitió recuperar herramientas de política energética y fortalecer la capacidad del Estado para intervenir en un sector estratégico.
Kicillof sostuvo que la nacionalización de YPF no sólo respondió a la necesidad de revertir una situación crítica en materia de producción y reservas, sino que también definió una orientación económica basada en la defensa del interés nacional, la articulación entre el sector público y privado, la inversión en infraestructura y ciencia, y el impulso a la industria local.
En contraposición, afirmó que los sectores políticos que hoy critican aquella medida “nunca habrían tomado una decisión de esa naturaleza”, ya que, según su visión, históricamente han priorizado la apertura irrestricta al capital extranjero y la desregulación del sector energético. “No se trataba de un ataque personal, sino de cuestionar una política soberana y de alinearse con intereses externos”, expresó.
Finalmente, el gobernador remarcó una paradoja que, a su juicio, atraviesa el presente económico argentino: que incluso quienes cuestionaron la recuperación de YPF se benefician hoy de su aporte a la generación de divisas y al sostenimiento del sistema energético. En ese sentido, insistió en que el fallo judicial no solo tiene consecuencias legales, sino que también reabre un debate de fondo sobre el rol del Estado, la soberanía sobre los recursos naturales y el rumbo productivo del país.