UPM quiere vender más energía a UTE y renegociar los precios: el gobierno analiza los números
Con el aumento de producción en Fray Bentos, la finlandesa podría inyectar hasta 1.250 GWh anuales a la red. Mientras el gobierno analiza la viabilidad del pedido, los detractores del convenio original advierten sobre un nuevo impacto en las tarifas.La historia se repite, pero con números más grandes. Cuando el gobierno de Tabaré Vázquez firmó en 2017 el contrato que obliga a UTE a comprar todos los excedentes de energía de UPM por 20 años, las críticas no tardaron en llegar.
El Tribunal de Cuentas lo observó, la oposición lo tildó de lesivo para los intereses nacionales y los técnicos advirtieron que ataba a la empresa pública a pagar precios por encima del mercado. Siete años después, la finlandesa vuelve a golpear la puerta con un pedido que reaviva aquel debate: quiere que UTE le compre más energía porque su planta de Fray Bentos va a producir más celulosa.
El detonante es la solicitud que UPM presentó semanas atrás al Ministerio de Ambiente para ampliar la capacidad de la planta Orión en 200.000 toneladas anuales. La empresa defiende que se trata de optimizaciones internas —nuevos evaporadores, un horno de cal y mejoras en el chipeado— sin ampliación estructural y dentro de los límites ambientales ya autorizados. Pero la consecuencia inevitable es que, si se muele más madera, se genera más vapor y, por tanto, más electricidad. Y esa electricidad, según el contrato de 2017, UTE está obligada a comprarla.
¿Cuánto más y a qué precio?
Aquí empieza la pulseada de números. Según el Informe Ambiental Resumen presentado por UPM y al que accedió El Observador, entre 2020 y 2024 la planta volcó a la red un promedio de 959 GWh por año. Con la ampliación, la empresa proyecta un aumento “proporcional” de la generación, con un incremento máximo del 15%, lo que la mantendría dentro del convenio actual sin modificar turbinas ni interconexión.
UTE, sin embargo, maneja proyecciones bastante más elevadas. Fuentes de la estatal confirmaron a este medio que el salto podría ser de hasta un 25%, llevando la inyección anual a una cifra de entre 1.200 y 1.250 GWh. Esto ya configura un escenario que excede los umbrales previstos y obliga, en los hechos, a renegociar las condiciones económicas.
El contrato vigente establece una estructura de precios escalonada. Por los primeros 1.000 GWh, UTE paga 76,57 dólares por MWh, un valor que los críticos consideran desfasado. Cuando se supera ese límite, el precio se calcula en base al costo spot —el de la máquina más cara del sistema— con un piso de 36,96 y un techo de 63,37 dólares por MWh. Con la nueva producción, UPM estaría perforando ese techo de 1.000 GWh año a año, algo que no sucedía con la misma frecuencia en el pasado. La empresa ya pidió, según reveló El Observador y confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo, renegociar la forma de pago.
¿Negociar o ceder? El margen de maniobra de UTE
Lo que está en juego no es menor. Si se toma el volumen incremental proyectado por UTE —entre 200 y 250 GWh adicionales— y se valora a los precios actuales del contrato, el desembolso extra para la empresa pública rondaría entre 15 y 20 millones de dólares al año. Eso, en un contexto donde el precio de la energía solar que UTE pretende instalar ronda los 30 dólares por MWh, según referencias internacionales citadas por el mismo El Observador, la mitad de lo que se le paga a UPM por los primeros 1.000 GWh.
Consultado por La Mañana, un técnico del sector energético que prefirió mantener su nombre en reserva fue gráfico: “Hoy tenés un sistema con mucha renovable, precios spot bajísimos en las horas solares y eólicas, y aun así estás obligado a comprarle a UPM a 76 dólares el bloque grande y después a precio spot con piso de 36. Es como ir al supermercado con el precio de la leche fijado por contrato aunque en la góndola esté de oferta. Y ahora te piden que lleves más leche”.
El espectro del sobrecosto tarifario
Desde que el contrato se firmó, el propio Directorio de UTE de la época estimó que la compra de excedentes a UPM podría generar un sobrecosto de 2% en las tarifas eléctricas durante los 20 años de vigencia. Ese número, pequeño en apariencia, pero sensible para la opinión pública, vuelve a la mesa cada vez que la finlandesa requiere un ajuste. El argumento del Frente Amplio ha sido que el beneficio macroeconómico de tener las plantas operando y exportando compensa ese diferencial, pero con las tarifas congeladas y la meta de déficit fiscal, cualquier presión al alza en los costos de UTE se vuelve un dolor de cabeza para la administración Orsi.
Lo que sigue
Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente avanza con la autorización ambiental. El ministro Edgardo Ortuño afirmó que el proyecto “en general está en condiciones de llevarse adelante”, aunque se mantienen observaciones sobre los vertidos al río Uruguay y la capacidad de monitoreo. El contexto es sensible. Informes recientes del Comité Científico Binacional han señalado incumplimientos en los monitoreos del río Uruguay, lo que ha generado preocupación en la sociedad civil y en organismos locales. Para monitorear esto, el gobierno reinstaló en enero la Comisión de Seguimiento de la planta, un ámbito de control que llevaba años inactivo y que ahora realizará al menos dos reuniones anuales de agenda abierta.
Mientras tanto el gobierno analiza los números, porque la sombra de una nueva negociación de precios con la multinacional se cierne sobre un tema que combina política energética, protección ambiental y, como siempre, el bolsillo de los uruguayos.