Tribunal de Cuentas avaló acuerdo entre el MTOP y el Grupo Vía Central por construcción del Ferrocarril Central
Para el organismo, la última modificación del contrato "se ajusta a derecho" y no supone una "alteración sustancial"; eñ presidente del TCR, Francisco Gallinal, dijo además que el monto acordado no incrementa el costo total de la obra.
El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) aprobó por unanimidad el lunes 9 la tercera modificación al contrato firmado entre el Ministerio de Transporte y el Grupo Vía Central que diseñó y construyó el tramo ferroviario que une el puerto de Montevideo y Paso de los Toros.
El Grupo Vía Central está integrado por las empresas Saceem S.A, Berkes Construcción y Montajes S.A., Sacyr Concesiones y NGE Concessión S.A.S.U.
El contrato original firmado el 10 de mayo de 2019 estableció pagos futuros del Ministerio de Transporte al consorcio contratista que ascendían a US$ 2.171 millones.
En 2021 se firmó una primera modificación contractual, que incrementó las obligaciones en US$ 228 millones. Dos años más tarde, en 2023, se efectuó un segundo cambio al acuerdo entre el Estado uruguayo y el consorcio, el que aumentó los pagos en US$ 278 millones. La tercer modificación del contrato, rubricada en 2025, incluye nuevas modificaciones que alcanzan los US$ 144 millones. Este último monto surgió como producto de negociaciones entre el gobierno de Yamandú Orsi y la firma, que exigía el pago de una suma incluso superior que a su entender debía haber sido abonado en la gestión anterior —y por concepto de disponibilidad de la infraestructura.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Francisco Gallinal (Partido Nacional) dijo a El País que el monto de US$ 144 millones no incrementa el costo total de la obra del Ferrocarril Central. "A esos US$ 144 millones se les va a restar el tiempo del conflicto en que no se trabajó. Se disminuirá unos cuantos millones de dólares", explicó.
El Ferrocarril Central permitirá el transporte de carga de hasta 4 millones de toneladas por año. El recorrido incluye los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida, Durazno y Tacuarembó.
El proyecto consistió en la construcción y mantenimiento de las vías férreas a lo largo de 264 kilómetros, para lo cual se colocaron un total de 343 kilómetros de nuevas vías, llevando la infraestructura ferroviaria a un estándar superior, según informó el Poder Ejecutivo en el 16 de abril de 2024.
La red ferroviaria fue desarrollada bajo las normas europeas actuales e implicó la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas, como ser la utilización de rieles soldados, durmientes de hormigón y un sistema de seguridad y señalización según los últimos estándares europeos, según el Poder Ejecutivo.
El negocio.
La historia detrás de la resolución del Tribunal de Cuentas se arrastra a seis años atrás. El 1 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo autorizó la ejecución inmediata de las obras del Ferrocaril Central luego de que el consorcio adjudicatario presentara una garantía de cumplimiento de contrato por US$ 90 millones y un seguro contra todo riesgo por US$ 10 millones, entre otras obligaciones.
Al 30 de abril de ese año, el Poder Ejecutivo efectuó la adjudicación definitiva al Grupo Vía Central. Y un año más tarde, se suscribió el contrato el contrato de participación público privada (PPP) entre el Ministerio de Transporte y el consorcio.
En el primer agregado al contrato se estableció, entre otras cosas, la extensión del plazo de vigencia del mismo hasta el 8 de septiembre de 2038, más las prórrogas reconocidas al grupo constructor por los obstáculos imprevistos que que enfrentó durante la obra.
El 26 de mayo de 2023, el Estado uruguayo y el Grupo Vía Central suscribieron un memorándum de entendimiento, luego de varias instancias de negociación, en base a informes producidos por técnicos del consorcio y del Ministerio de Transporte.
Dicha modificación contractual implicó una renuncia expresa por parte de los accionistas y directores de las sociedades contratistas a cualquier reclamación que pudieran promover contra el Ministerio de Transporte o cualquier órgano del Estado uruguayo relacionadas a controversias planteadas en la mediación por hechos ocurridos producto de cualquier contrato o documento suscrito entre las partes.
Una segunda modificación al contrato se realizó el 26 de febrero de 2023. Un mes más tarde, el Grupo Vía Central comunicó que daba comienzo al mecanismo de resolución de disputas para lo cual designó árbitro de su parte y solicitó al Ministerio de Transporte indique al suyo, a efecto de que entre ambos, elijan al presidente del tribunal arbitral, sin perjuicio de que manifestaron su ánimo de arribar una solución.
A partir del 1 de marzo de 2025 se llevó adelante un proceso de negociación entre el Ministerio de Transporte y el consorcio contratista con un objetivo: asegurar la continuidad de la obra del Ferrocarril Central.
El acuerdo entre ambas partes establece que el Poder Ejecutivo abonará al Grupo Vía Central una suma de US$ 144 millones, por las obligaciones correspondientes al período 24 de diciembre de 2023 y 31 de marzo de 2025.
En tanto, el consorcio se obliga que en un plazo que finaliza el 31 de diciembre de 2025 subsane defectos constatados en el balasto colocado en la vía férrea. Al vencerse dicho plazo, el Ministerio de Transporte aplicará una reducción del 2% que corresponde a defectos constatados en el balasto.
En el acuerdo también se establecieron ocho hitos a cumplir por el grupo empresarial con el objetivo de mejorar o subsanar aspectos relevantes del funcionamiento del proyecto del Ferrocarril Central
Según señala la resolución del Tribunal de Cuentas, el 19 de mayo de 2025 se realizó la tercera modificación al contrato de la obra del Ferrocarril Central donde las partes acordaron las contraprestaciones ya mencionadas —los pagos por parte del Estado y que la empresa subsane defectos en el balasto.
El organismo de contralor advierte que el contrató prevé expresamente la posibilidad de su modificación y ambas partes están de acuerdo en los cambios. Y advierte que el monto máximo de las nuevas obligaciones estatales implican un gasto que "no excede" al límite máximo establecido por la normativa vigente.
Para el Tribunal de Cuentas, la modificación contractual de la obra del Ferrocarril Central "se ajusta a derecho" y no provoca "una alteración sustancial" de las condiciones originalmente pactadas en el contrato. Por ello, el organismo de contralor decidió no observar la tercera modificación del contrato.