Partido Nacional cuestiona obra sustitutiva del proyecto Neptuno a nivel ambiental y jurídico
El senador Lema aseguró que "es, como mínimo, apresurado y engañoso” que el gobierno afirme que va a haber un "ahorro cuando ni siquiera se conocen todos los costos asociados" a la nueva iniciativa.El Partido Nacional decidió seguir bien de cerca la decisión del gobierno de cancelar el proyecto Neptuno, una planta potabilizadora de agua prevista para Arazatí que impulsó la administración de Luis Lacalle Pou.
Luego de que el directorio “lamentara” el lunes la resolución del gobierno de Yamandú Orsi, legisladores blancos se reunieron el martes para ver cómo seguir adelante. Aún tienen sobre la mesa la opción de realizar una interpelación pero, por ahora, están a la espera de los informes técnicos internos y de recibir información específica sobre la iniciativa.
También se espera una instancia clave: el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, comparecerá en la comisión de Ambiente de Diputados el próximo lunes 4 de agosto.
La idea del gobierno —que oficializó el viernes en una conferencia— es que el río Santa Lucía sea el cauce del que se tome toda el agua a potabilizar para la zona metropolitana. Se logró un acuerdo con el consorcio Aguas de Montevideo —que tenía por contrato el proyecto Neptuno— para construir una nueva planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos.
El senador Martín Lema, después de la reunión de bancada en el Palacio Legislativo, aseguró a El País que “no están resueltos ni los aspectos jurídicos ni ambientales” del nuevo proyecto que anunció el gobierno. Sobre lo primero, indicó que, “si cambia el objeto, el proceso” de licitación “debe iniciar de nuevo” y, sobre lo segundo, recordó que aún no hay un “estudio de impacto ambiental” de las obras, lo que “Arazati ya tenía”.
Uno de los argumentos que utilizó el gobierno —en específico, el ministro Ortuño— es que el Estado “ahorrará más de US$ 100 millones” con las nuevas obras en comparación a las que involucran al proyecto Neptuno. Pero, para Lema, esa afirmación “carece de sustento, dado que —según el propio presidente de OSE, Pablo Ferrari— los costos del proyecto Casupá aún no están cerrados y resta la evaluación económica completa por parte de un grupo técnico”.
“Afirmar un ahorro cuando ni siquiera se conocen todos los costos asociados al nuevo proyecto —como la planta de potabilización, las potenciales obras de conexión con Paso Severino, ni las medidas necesarias de mitigación ambiental— es, como mínimo, apresurado y engañoso”, agregó. Además de que es “metodológicamente inválido y al menos tendencioso”, sostuvo, el “comparar el costo de una represa con el de un sistema integral que incluía captación, potabilización y distribución”.
Otra de las razones que dio Ortuño el lunes para avanzar con las obras es que comprobaron en “carne propia” que “tomar agua del Río de la Plata no era la solución ni en calidad ni cantidad” por los “problemas de salinidad, de concentración de cianobacterias en esa zona y, también, de bromuros y otros aspectos”. A entender del ministro, además, “Arazatí no tenía la capacidad de abastecer” a toda el área metropolitana, lo que sí con Casupá y otras obras que el gobierno anunció que se harán.
Pero, para Lema —en lo vinculado a las cianobacterias—, Ortuño “parecería ignorar información técnica ampliamente disponible”. Y argumentó: “El proyecto Neptuno preveía la captación de agua a una profundidad que evita la acumulación de cianobacterias, fenómeno que ocurre principalmente en la superficie. Además, los problemas de cianobacterias no son exclusivos del Río de la Plata: en 2013, el propio Santa Lucía —principal fuente actual del sistema— sufrió un evento severo de floración de cianobacterias y algas tóxicas que comprometió la calidad del agua distribuida”.
Además, habló sobre la salinidad: “El punto de toma propuesto en Arazatí se ubica a una altura del Río de la Plata donde, según registros históricos, el agua es dulce durante prácticamente todo el año. El proyecto contemplaba la construcción de un pólder que actuaría como reserva de agua dulce para esos días excepcionales”.
A su vez, el senador catalogó como argumento “débil” de Ortuño que el proyecto Neptuno "no tenía capacidad" de abastecer al área metropolitana. Esa postura, indicó Lema, se “contradice” con los “datos técnicos” porque ambas iniciativas “estaban diseñadas para producir la misma cantidad de agua potable diaria”.
Por último, Lema recordó que el “problema del abastecimiento de agua potable en Uruguay no es nuevo” sino que es una “necesidad diagnosticada desde hace décadas”. En esa línea, marcó que, “durante los tres gobiernos del Frente Amplio, no se impulsó una solución estructural y se descartaron proyectos como Neptuno por razones más políticas que técnicas”.
Y añadió: “Resulta difícil hablar de voluntad de acuerdo cuando, en los hechos, se han obstaculizado propuestas viables por motivos ideológicos partidarios. Hoy, mientras se exige diálogo, se posterga nuevamente la acción, priorizando la construcción de relato por encima de la ejecución concreta”.
El gobierno estima que la nueva planta y la actual de Aguas Corrientes permitirán, juntas, producir 900.000 metros cúbicos de agua potable. Dentro de las otras obras que se proponen realizar están una reserva de agua bruta y una pequeña potabilizadora en la zona de Solís Chico.
OSE abrió ayer el Llamado a Expresión de Interés N.º 1/2025 para la precalificación de empresas interesadas en ejecutar la construcción de una represa sobre el Arroyo Casupá (Florida) y obras anexas.
Se comenzarán a recibir las ofertas el 25 de setiembre de 2025 a las 14:00 horas en la sede central de OSE, ubicada en Carlos Roxlo 1275, Montevideo, Edificio Cordón.