Paros reiterados en el puerto: "Se está jugando la imagen entera del país" y generan "daño económico", advierten
La paralización de actividades en puertos uruguayos preocupa a actores del comercio exterior que registran pérdidas económicas en época de zafra.La paralización de actividades en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira varios días en la última semana —con motivo de los Consejos de Salarios— genera preocupación en los actores del comercio exterior uruguayo que registran pérdidas por contenedores parados durante la época de zafra. “Los barcos van a perder frecuencia en Uruguay porque tienen mucha menos carga”, dijo a El País el director de El Clon, Evaristo González.
En tanto, la presidenta de la Unión de Exportadores (UEU), Carmen Porteiro, sostuvo a El País que si bien los paros de 24 horas perjudicaron la operativa, se pudo negociar con el sindicato la culminación de las operaciones que se encontraban en curso al momento del paro. “Brinda previsibilidad al operador y para exportadores e importadores hace la diferencia”, sostuvo.
Por su parte, el director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, señaló a El País que existe una importante preocupación entre los actores privados debido a la inestabilidad que manejan los puertos.
González señaló que el último paro resuelto por el Sindicato Único Portuario (Supra) el pasado 18 de diciembre, la empresa había abonado los recargos correspondientes por tener los contenedores paralizados. Según indicó, la Terminal Cuenca del Plata (TCP) —única especializada en contenedores— aceptó las devoluciones por demora, mientras que se aguarda la confirmación de Montecon (que opera en los muelles públicos).
Si bien González no especificó una cifra de las posibles pérdidas registradas por los paros, señaló que generan un “importante daño económico”. “Sufrimos la paralización de contenedores en zafra”, agregó.
El motivo de los últimos paros de 24 horas registrados en el puerto de Montevideo y Nueva Palmira es la falta de acuerdo por Consejo de Salarios entre los trabajadores y el Centro de Navegación (Cennave), la principal cámara empresarial marítima portuaria. El principal reclamo del gremio está vinculado al pago de 13 jornales asegurados aunque los trabajadores tengan menos jornales trabajados en el mes.
Puerto sucio
Durante el conflicto entre el Supra y TCP desatado en octubre de este año, una de las principales discusiones estuvo en torno a la declaración de esencialidad en el puerto (para obligar a los trabajadores a volver a sus puestos) y la denominación de “puerto sucio” ante organismos internacionales. Previo a la ley de Puertos de 1992, el puerto de Montevideo fue considerado “puerto sucio” debido a repetidas huelgas e importantes demoras. Si bien el término no implica una declaración formal de los actores del comercio exterior, es una percepción por parte de las navieras ante la falta de seguridad y agilidad en las terminales.
“Sería un perjuicio enorme para la imagen”, sostuvo Porteiro y agregó que genera un importante impacto en los flujos logísticos y la toma de decisiones futuras por parte de las navieras. Porteiro también sostuvo que si bien los paros de 24 horas “no afectan los pagos”, la esencialidad es un tema que estará “arriba de la mesa por la importancia de la actividad en Uruguay”.
“Las empresas que venden fletes y logística a Paraguay a través de Uruguay, van a parar todo su negocio porque se van a ir a Buenos Aires”, señaló González y agregó : “Me parece que acá se está jugando mucho más que una lucha sindical, se está jugando la imagen entera del país”.
“¿Quién va a querer invertir en un país que tenga esta nominación de puerto sucio y que no pueda garantizar el servicio del mismo?”, cuestionó.
Por otra parte, el sector de transporte de carga también fue protagonista durante los conflictos en el puerto. La Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) había denunciado el detenimiento de 50 camiones cargados dentro de la TCP sin poder salir y otros tantos sin entrar debido al bloqueo de la operativa hace algunas semanas. “Toma de rehenes a trabajadores y empresas que estaban desarrollando su actividad”, señaló la ITPC en una comunicación. González coincidió con que los transportistas “son rehenes de la situación”.
Apertura de negocios
La intención de atraer inversiones por parte del gobierno para alcanzar el crecimiento de 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) promedio anual en el quinquenio puede verse entorpecida por este tipo de conflictos. “Estamos convencidos de que la apertura de Uruguay a nivel internacional es fundamental”, dijo González y destacó el rol del mercado asiático: “Son los mayores consumidores, proveedores y clientes que puede tener Uruguay”.
Gandini sostuvo que se trata de “épocas muy sensibles” en los puertos debido a la llegada de cruceros internacionales. El director de ANP aclaró que el flujo de turistas no se ve afectado por los paros, aunque sí las cargas de los cruceros.
“Siendo un país pequeño, la producción de ciertos artículos estamos obligados a comprarlos en el extranjero”, acotó González.
Por otra parte, fuentes de la ANP señalaron a El País que pese a la conflictividad sindical, existe una preocupación por los puertos de Paysandú y Fray Bentos en los que se hicieron importantes inversiones pero tienen baja operativa. Sin embargo, resaltaron el crecimiento de comercialización de nuevas mercaderías como minerales de hierro.
Conflicto político
Los paros en el puerto se desarrollan en medio de un conflicto de intereses políticos. Operadores consideran que la conflictividad no tiene relación con reclamos hacia las empresas sino que es parte de una interna existente dentro del Frente Amplio, protagonizada entre el Partido Socialista —que lidera el gremio— y el MPP, fuerza mayoritaria dentro de la ANP.
“Se corta el flujo de ingresos de las empresas, tiene que estar por encima de lo político”, señaló Porteiro. Por su parte, González afimó: “Sea partidos políticos luchando por quien encabeza o quien dirige o quien maneja los sindicatos me resulta secundario” y agregó: “Lo que pretendo es un gobierno que entienda que hay prioridades y que actúe en consecuencia de las mismas”.
Gobierno busca regulador portuario "potente"
El gobierno prepara un proyecto de ley con un conjunto de reformas para facilitar el comercio y promover la competencia, que va a incluir “algunos aspectos que tienen que ver con mejoras para la regulación del sistema portuario”, según dijo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
“Tenemos que avanzar en la gobernanza del sistema portuario, hoy tenemos una gobernanza difusa, la ANP (Administración Nacional de Puertos) es socia (tiene el 20% de Terminal Cuenca del Plata), es al mismo tiempo propietaria del espacio público y a su vez es el regulador del sistema. Nosotros tenemos que separar”, afirmó.
En una entrevista con el programa En Perspectiva de Radimundo, Oddone dijo que “es parte de lo que estamos trabajando en este momento con objetivos del primer cuatrimestre del año”. En este caso, es en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
“La regulación (portuaria) tiene que tener un regulador potente que permita precisamente introducir los niveles de competencia y gestionar los niveles de competencia a todo nivel que son necesarios, tanto dentro del puerto como trazado de competencia con otras actividades”, añadió.
También “tenemos que revisar el sistema tarifario. Nuestro sistema tarifario se conoce como la tarifa de la mercadería, sigue siendo un criterio que no fue reformado en la ley de Puertos de los años 90, tiene un criterio típicamente de componente arancelario de política comercial donde se grava en función de si el producto es de exportación o de importación, no en función del espacio que ocupa o del costo de movilización del bulto que tiene esto”, cuestionó Oddone.
Explicó que no solo se refiere a los espacios públicos que arrienda la ANP a privados en el puerto, sino que “precisamente el hecho de fortalecer la regulación implica (...) que los servicios sean prestados en una determinada calidad a un precio que tenga que ver con condiciones de competencia”, en referencia a TCP.
Si bien el gobierno anterior firmó una ampliación de la concesión a TCP con Katoen Natie (que tiene el 80% de las acciones), “como todo contrato, siempre es susceptible de mejoras en el marco de una regulación más general”, dijo Oddone.
Aunque remarcó que “cumpliendo y honrando lo que está establecido en el contrato”.
“Por supuesto que hay un conjunto de rigideces que restringen el margen de maniobra, es un tema que hay que estudiar, que hay que revisar”, agregó el ministro.
“Lo que es importante aquí es que la regulación del sistema portuario permita a las actividades que tienen lugar en el puerto, acceder a una calidad de servicio, a unas condiciones de precios que sean razonables y el único que lo puede establecer es un regulador potente y externo con independencia que hoy en nuestro sistema de gobernanza no existe, así que eso es parte de lo que estamos queriendo introducir y promover”, concluyó.