Gobierno y Montecon acordaron una nueva prórroga en las negociaciones ante posible arbitraje contra Uruguay
El nuevo plazo establecido por ambas partes es de 90 días; la firma busca demandar al Estado por unos US$ 600 millones, por sentirse dañada luego de que el anterior gobierno concediera por 80 años a la Terminal Cuenca del Plata el uso de los muelles especializados.
Luego de meses de diálogo, el gobierno de Yamandú Orsi y la firma Montecon acordaron darse una nueva prórroga, mientras continúan las negociaciones previo a un arbitraje internacional que la empresa quiere promover contra Uruguay, luego de que el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou concediera por 80 años a la Terminal Cuenca del Plata el uso de los muelles especializados.
Un comunicado del gobierno divulgado en las últimas horas por Presidencia recuerda que fue en mayo de 2024, cuando "Neltume Ports y Atco —empresas del grupo Montecon— notificaron formalmente al Estado uruguayo el inicio de arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial".
Tras eso, y luego del cambio de la administración, en agosto de 2025 el actual gobierno y Montecon ya habían acordado que la firma suspendiera esas acciones para "abrir un período de negociación por 120 días, plazo que venció el pasado 12 de enero de 2026".
Y ahora, "ante la solicitud de una extensión de la suspensión, Uruguay resolvió acceder a una prórroga adicional de 90 días".
La demanda que Montecon promueve contra el Estado —en cuya defensa jurídica está el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, a la cabeza— es por unos US$ 600 millones.
Según señalaron en su momento los accionistas de la firma, "la acción se funda en que el Estado uruguayo violó los tratados de protección de inversiones suscritos con Chile y Canadá", de donde proviene el mayor capital de la empresa.
A su entender, Uruguay adoptó "una serie de medidas que impiden a Montecon transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del Puerto de Montevideo" desconociendo "el régimen legal de libre competencia aplicable a estas actividades".
Como informara El País tiempo atrás, la cifra de US$ 600 millones reclamada por Montecon es la estimación de pérdidas y daños por los cambios en la operativa en el puerto desde que se extendió la concesión por 80 años a la TCP, “privilegiando” a esta operadora, que fue creada por una ley y que es 80% de la multinacional belga Katoen Natie (80%), mientras el otro 20% es de la Administración Nacional de Puertos (ANP).