Trabajo interinstitucional
Gobierno presentó proyecto de ley para impulsar competitividad, reducir el costo de vida y promover empleo e inversión
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley orientado a fortalecer la competitividad, reducir el costo de vida, agilizar trámites e impulsar la inversión y el empleo. La ministra Fernanda Cardona destacó el trabajo interinstitucional que permitió construir la iniciativa y subrayó que las medidas impulsadas desde el MIEM, con el aporte de otros actores públicos y privados, contribuirán a fortalecer a las mipymes, atraer inversiones y generar mejores condiciones para la internacionalización y el desarrollo productivo del país.
El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida en una conferencia que se realizó en la Torre Ejecutiva el 10 de junio. La presentación estuvo a cargo del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; y de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.
Este proyecto surgió de un trabajo colectivo entre esta cartera y otros organismos públicos. También tomó en consideración 150 sugerencias recogidas en más de 40 reuniones con cámaras empresariales, sindicatos, academia y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, llegaron propuestas a través de una consulta pública abierta a toda la ciudadanía.
La iniciativa, que se enviará al Parlamento la semana próxima para su análisis, tiene como objetivos principales generar más empleo y más inversión; promover la reducción de precios; y reducir la burocracia. Para eso, incluye un conjunto de reformas de gestión y de relacionamiento del Estado con la ciudadanía, así como de promoción de "vínculos diferentes entre los agentes económicos". Como resultado, se espera una mayor competitividad para las empresas y un menor costo de vida para la población.
El proyecto de ley consta de más de 240 artículos que se dividirán en cuatro capítulos: agilización de trámites en la administración, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de la inversión.
El ministro Oddone precisó que "este es el momento de recurrir a un mecanismo de este tipo porque la macroeconomía tiene un suficiente orden hoy en Uruguay, gracias a un conjunto de cosas hechas en los últimos 20 años". En este marco, "el corazón de la competitividad está en los costos de gestión y del funcionamiento del sistema", aseveró.
En segundo lugar, dijo, el proyecto aborda obstáculos concretos que generan costos innecesarios. "El objetivo final nuestro es hacer de Uruguay un país más competitivo y a su vez también menos costoso", señaló.
El ministro de Economía explicó que se trata de "una modesta pero importante reforma del Estado". Agregó que, desde 1995, no ha habido avances en este sentido. Además, sostuvo que este proyecto de ley es "un buque insignia" de los objetivos de esta administración en estas áreas.
Los pilares de la ley y algunos de sus contenidos se incluyen a continuación:
Menos burocracia
A través de este proyecto de ley se establecen mecanismos para que el Estado uruguayo sea más ágil y preciso a la hora de responder a las solicitudes de empresas y de la ciudadanía. Para mejorar los trámites, se promoverá el uso de:
declaraciones juradas;
establecimiento de plazos máximos para obtener una respuesta;
establecimiento de la falta de respuesta como consentimiento (silencio positivo).
Programa de calidad regulatoria
Creación de un programa permanente de calidad regulatoria y agilización de trámites, orientado a mejorar los procesos de manera continua para simplificarlos, reducir sus tiempos y abaratar sus costos.
Plataformas accesibles para la agilización de trámites
Se busca que la ciudadanía y las empresas puedan realizar sus interacciones con el Estado desde donde se encuentren e ingresar la información necesaria una única vez. Esto contribuirá a mejorar la automatización y la comunicación entre los organismos. La ley crea y promueve:
Registro único de apoderados y representantes: las empresas registrarán sus representantes una sola vez y el Estado deberá utilizar esa información, evitando solicitar estos poderes en cada oficina.
Centralización de estados financieros: el Registro de Estados Contables de la Auditoría Interna de la Nación tendrá plenos efectos sobre otras dependencias estatales, que no podrán requerir los estados financieros, salvo razón fundada.
Ventanilla Única Marítima: gestión electrónica integrada de los trámites marítimos y portuarios (arribo, permanencia y salida de buques), bajo la dirección técnica de VUCE.
Plataforma de información positiva: para mejorar el acceso al crédito, se disponibilizará información positiva sobre los solicitantes.
Sistema de información integral para la cadena cárnica.
Promoción del notariado electrónico.
Mandato de interoperabilidad con el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV).
Mecanismos sectoriales para la agilización de trámites
Ampliación de la duración de los registros sanitarios o técnicos: los registros de mercadería sometida a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental tendrán una vigencia de 10 años, al igual que en Argentina y Brasil. Actualmente, la vigencia es de cinco años.
En la renovación se elimina la obligatoriedad de la traducción de documentos en inglés o portugués y bastará la presentación de una declaración jurada por parte del responsable del registro, salvo que se hayan modificado las condiciones técnicas del producto.
Además, el proyecto de ley revisa distintos registros y procedimientos de los sectores agropecuario, industrial y de la salud, promoviendo su agilización:
Agro: trazabilidad en la hortifruticultura; interoperabilidad y digitalización de registros en la cadena forestal.
Industria: eliminación del registro de empresas fabricantes de bebidas; simplificación del Código de Minería; agilización de trámites ante el BPS para la industria proveedora de la construcción.
Salud: tramitación en paralelo de la habilitación de depósitos y la obtención de registros de productos; procedimiento simplificado mediante declaración jurada; incorporación de alternativas al certificado de libre venta.
Promoción de la competencia y reducción del costo de vida
Se fortalecerá y dotará de mayor independencia técnica a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), a efectos de que asuma un rol más proactivo en sus cometidos.
Creación de un servicio descentralizado: la ley crea una autoridad de competencia autónoma, con nuevas reglas de gobernanza, independencia, financiamiento, personal y funcionamiento institucional.
Separación de las funciones investigativas y resolutorias: la Dirección de Investigación investigará y los comisionados realizarán la valoración de la prueba y adoptarán las decisiones.
Fortalecimiento de la función investigativa: se establecen nuevas reglas sobre acceso a la información y mayores facultades para requerirla, realizar inspecciones y solicitar medidas cautelares, junto con garantías procesales para los investigados.
Medidas para reducir el costo de vida y facilitar la toma de decisiones con base en información de calidad
Facilitación de importadores múltiples de un mismo producto: se habilitarán múltiples registros de un producto sin requerir información que el regulador ya posee. Se deberá garantizar que el producto sea el mismo y asegurar la trazabilidad de cada lote. Se permitirá una aplicación restringida a orígenes confiables.
Precio por unidad: la normativa establece que los locales comerciales deberán publicar, junto con el precio de venta de los productos, el precio por unidad de medida equivalente en kilogramos, litros, metros o unidades del producto.
Quedan comprendidos los comercios de grandes superficies y los establecimientos que comercialicen alimentos y artículos de higiene personal o de uso doméstico. La medida también alcanzará a los canales de comercio electrónico. Tanto el precio de venta como el precio por unidad de medida deberán exhibirse en la etiqueta del producto en góndola, así como en medios digitales y mensajes publicitarios.
Innovación y aceleración de la inversión
Mipymes
Simplificación tributaria para mipymes: graduación tributaria para las empresas Literal E, con el objetivo de acompañar su crecimiento.
Facilitación de la gestión y la facturación electrónica mediante la creación de un sistema integrado de gestión y facturación gratuito para micro y pequeñas empresas.
Reducción de los costos de registro de productos para mipymes.
Innovación en fintech
Entornos controlados de prueba (sandboxes): habilitación de espacios controlados con menores regulaciones para probar y desarrollar nuevas soluciones financieras.
Finanzas abiertas: creación de un sistema regulado por el Banco Central del Uruguay que permitirá a los usuarios compartir de forma segura sus datos financieros con instituciones autorizadas mediante su consentimiento. El objetivo es promover la inclusión financiera, la competencia y la innovación, facilitando el desarrollo de nuevos servicios financieros bajo estándares de interoperabilidad, seguridad y protección de datos personales.
Financiamiento a la innovación:
Fondos de inversión cerrados promovidos: ampliación del espectro de inversiones posibles, reducción de barreras de entrada mediante la eliminación de la garantía hipotecaria y mayor transparencia, con beneficios tributarios asociados.
Plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding): ampliación de su definición e incorporación de incentivos tributarios.
Estímulos sectoriales
Parques industriales: mayores incentivos tributarios para usuarios y facilidades en las autorizaciones de recategorización del suelo.
Investigación clínica: se proponen incentivos para esta actividad, que actualmente no se desarrolla en Uruguay y que contribuiría al acceso temprano a tratamientos innovadores, impulsando la transferencia de conocimiento y fortaleciendo las capacidades científicas y sanitarias del país.
Proyectos mineros: ajuste a la definición de minería de gran porte.
Facilitación del comercio exterior
Creación del autodespacho aduanero: los importadores y exportadores podrán registrarse ante la Dirección Nacional de Aduanas para realizar sus propias declaraciones aduaneras. Los titulares o sus empleados deberán acreditar formación en comercio exterior.
Agilización de procedimientos aduaneros: eliminación de la intervención previa de la DGI en la mercadería que retorna e implementación del cobro diferido de tributos.
Análisis de riesgo, sin controles redundantes
Canales de gestión diferencial y tramitación preferencial en el control de alimentos y bebidas importados por parte del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Programa de reconocimiento de certificaciones u otras acreditaciones emitidas por autoridades u organismos certificadores de países con altos estándares regulatorios.
La determinación de los canales de revisión en el control aduanero se realizará exclusivamente con base en análisis de riesgo de la Dirección Nacional de Aduanas.
Desempapelamiento, que ahorra tiempo y dinero
El proyecto propone digitalizar decenas de trámites, entre ellos los relacionados con el comercio exterior. La Dirección Nacional de Aduanas pasaría a aceptar exclusivamente documentos electrónicos y el archivo de documentación se realizaría en formato electrónico.
Internacionalización y desburocratización
La ministra Cardona destacó el tiempo de intercambio interinstitucional entre equipos técnicos de los organismos públicos, junto con el aporte de actores públicos y privados. Además, valoró el momento en que este proyecto de ley se presenta, tanto a nivel nacional como en cuanto a la coyuntura internacional.
En lo nacional, enfatizó la importancia de los meses de trabajo conjunto. En lo internacional, recordó que el contexto que plantea el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Las medidas planteadas en el proyecto de ley, dijo al respecto, buscan atraer inversiones y crear nuevos mercados para exportar, y complementan otras herramientas y acciones del Gobierno.
Desde la perspectiva del MIEM, Cardona subrayó algunos puntos. Agradeció los aportes del Consejo de Industria, que actualmente elabora la política industrial, liderado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el aporte del empresariado, los sindicatos y la academia. También valoró el trabajo surgido desde los Núcleos Productivos.
Las medidas concretas surgidas del MIEM se vinculan con alimentos y bebidas, metalurgia, minería, pesca y acuicultura, entre otras.
Destacó las que corresponden a las mipymes, que "sostienen cadenas de valor", por lo que el Gobierno debe darles un "salto de escala" para que puedan contar con herramientas para internacionalizarse.
En minería, añadió que se desburocratizará el trabajo de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), lo que beneficiará no solo a las empresas, sino que también reducirá los costos presupuestales.
También se introducen modificaciones a los conceptos de parque industrial y parque científico tecnológico. Consideró que estos son "absolutamente necesarios" porque mejoran la eficiencia de quienes se suman a ellos. Entre otros puntos, en el proyecto de ley se incorporan la agilización de procesos de categorización de suelos y beneficios en los montos y plazos para exonerar el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).
En tanto, el ministro Fratti saludó la iniciativa y recordó que recoge un viejo reclamo de los sectores productivod: la simplificación de trámites y una reducción del nivel de burocracia. Aseguró que esto facilitará la instalación de empresas nacionales y extranjeras.
Por su parte, la ministra Cristina Lustemberg dijo que este proyecto busca que las instituciones se adapten a los cambios, "no para renunciar a los controles", sino para hacerlos "más ágiles a los desafíos del presente", sin reducir la calidad ni la trazabilidad.
Ministerio de Industria, Energía y Minería - Montevideo - URUGUAY - 10 Junio 2026