Exploración petrolera en la mira: un juez declaró incompetencia para resolver y la Inndhh presenta un recurso de amparo
El Estado uruguayo firmó siete contratos de exploración y explotación offshore, y cuatro de prospección sísmica.Los contratos de exploración y explotación petrolera firmados por el Estado uruguayo están siendo objeto de litigios judiciales, ya que un grupo de colectivos pretende impugnar los acuerdos firmados y suspender la actividad en el mar uruguayo, bajo el entendido de que afecta al medio ambiente.
En las últimas horas, el juez letrado Federico Tobía, de octavo turno, declaró a su sede incompetente para resolver una medida cautelar de suspensión de la exploración petrolera y la nulidad de los contratos. En la sentencia, a la que accedió El Observador, el magistrado sostuvo que la competencia para "calificar la juridicidad de los actos administrativos" corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Esto dado que el juez consideró que, para juzgar lo que los demandantes pretendían, debe existir una impugnación previa del acto administrativo que habilitó a Ancap a firmar los contratos
De esta manera, el juzgado no llegó a analizar la legitimación activa de los demandantes (algo que los representantes de las petroleras demandadas cuestionaron).
Ante esta sentencia, el colectivo Mar Libre de Petroleras Uruguay (que impulsa las acciones contra la exploración petrolera) anunció que apelará la decisión del juez Tobía y analizará la promoción de otros recursos legales.
En un comunicado publicado en Instagram, el grupo cuestionó la postura adoptada por el magistrado.
Tobías entendió que la impugnación debía primero tramitarse ante el TCA, pero el grupo señaló en su comunicado que el contrato "no es un acto administrativo" y que la Constitución establece que ese organismo tiene competencia para anular actos administrativos y no contratos.
"Este criterio ha sido sostenido de manera constante por la doctrina nacional y se ve reafirmado por el actual Código de lo Contencioso Administrativo", señala el escrito compartido por el colectivo
"Frente a esta decisión, interpondremos recursos de apelación para que la cuestión sea revisada por el Tribunal de Apelaciones competente, y nos encontramos evaluando otras vías procesales idóneas que permitan asegurar una tutela judicial efectiva", agregaron.
La Inddhh entra en escena
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), por su parte, presentó un recurso de amparo ante un juzgado civil contra el Ministerio de Ambiente, el de Industria y contra empresas involucradas en los contratos de exploración petrolera.
El organismo ya se había manifestado en contra de los contratos firmados. En agosto pasado había exigido al Estado la "suspensión inmediata" de las autorizaciones otorgadas para que las petroleras operen, ante una denuncia presentada por el grupo Mar Libre de Petroleras Uruguay.
Ahora, en tanto, presentaron una acción de amparo buscando la suspensión inmediata de las actividades, según el texto al que accedió El Observador.
En la fundamentación del amparo y de la legitimación activa que la Inddhh argumenta tener, surge que la acción judicial pretende cesar un "daño grave e inminente", así como prevenir los "perjuicios susceptibles de prolongarse en el tiempo, frente a un riesgo ambiental ya advertido y reconocido por las partes intervinientes".
La institución también alegó que el Ministerio de Ambiente fue omiso al oficio enviado meses atrás, ya que en diciembre y febrero se constató la llegada de dos buques petroleros destinados a la prospección sísmica en el mar uruguayo.
Diario EL OBSERVADOR -Montevideo - URUGUAY - 11 Febrero 2026