Efice, el cloro y la contradicción pública
Subsidios, exportaciones a precio de dumping y la postergación del fin del mercurio.
La polémica en torno a Efice, la histórica productora uruguaya de cloro y soda cáustica, no es sólo ambiental: es un caso que mezcla subsidios estatales, distorsiones de mercado y dilaciones administrativas que terminan recayendo sobre el consumidor y la salud pública. Que una planta estratégica —esencial para la potabilización del agua y para industrias locales— venda internamente a precios que quintuplican lo que exporta a la región merece, cuando menos, una explicación coherente y transparente.
Los números son elocuentes. Según investigaciones periodísticas y reportes sectoriales, Efice llegó a vender cloro a OSE en torno a 1.850 dólares por tonelada, lo ofrecía en el mercado interno entre 2.800 y 4.000 d/tn, y sin embargo lo exportaba a Porto Alegre a aproximadamente 150 d/tn —un precio entre diez y veinte veces menor que el cobrado en Uruguay. Esa brecha plantea preguntas básicas: ¿están los uruguayos subsidiando un negocio de exportación barato que compite deslealmente en la región? ¿Qué rol cumplen las bonificaciones eléctricas en esa ecuación?
La historia añade otra capa de inquietud. En 2016 la autoridad ambiental fijó un plazo para que Efice reconvirtiera su proceso productivo —hoy obsoleto y basado en mercurio— y cerrará la línea con esa tecnología.
Ese plazo, originalmente acotado, fue postergado y la empresa ha dilatado la inversión durante años, mientras el país enfrentó acumulaciones significativas de mercurio provenientes de la planta. Los informes técnicos y de ONG ambiental advirtieron con antelación los riesgos y reclamaron controles más firmes.
La contradicción entre la retórica de “industria nacional estratégica” y la práctica empresarial es flagrante.
En momentos en que Efice disfrutó de bonificaciones energéticas y facilidades, la empresa no sólo mantuvo precios altos en el mercado doméstico sino que, según denuncias, desplazó mercado en Brasil con ventas a precios muy inferiores, lo que sugiere prácticas de dumping que perjudican la industria regional y ponen en cuestión los criterios de política industrial y de competencia.
¿De qué sirve proteger “lo nacional” si el ciudadano paga como si importara el insumo y, además, financia indirectamente exportaciones a precio de saldo?
La cuestión ambiental empeora el cuadro: el Convenio de Minamata fija 2025 como fecha límite para erradicar el uso de mercurio en procesos industriales. Efice solicitó prórrogas y —según versiones públicas— incluso pidió un año más para culminar la reconversión tecnológica, solicitud que el gobierno ha estado evaluando.
Pedir extensiones en un insumo ligado a la potabilización y a la salud pública choca con la responsabilidad de proteger a la población y preservar el ambiente. Extender plazos debería venir acompañado, al menos, de garantías firmes: cronogramas vinculantes, auditorías independientes y medidas de mitigación que hoy no parecen suficientes.
En suma: hay tres responsabilidades que exigen respuesta urgente. Primero, la fiscalización estatal debe garantizar que no exista un trato que subvencione exportaciones predatorias mientras encarece el insumo para los uruguayos. Segundo, toda bonificación (por ejemplo, en tarifas eléctricas) otorgada por razones de política industrial debe condicionarse a contrapartidas transparentes —precios justos, inversión en reconversión y cumplimiento ambiental— y no transformarse en un subsidio encubierto a la rentabilidad privada. Tercero, si se concede una prórroga por razones logísticas o técnicas, esta debe ser limitada, pública, y con controles externos que verifican avances reales.
Los ciudadanos y las instituciones merecen claridad: la soberanía industrial no se logra con favores ni con dobles estándares. Si el objetivo es mantener la capacidad productiva local, ese interés debe armonizarse con precios justos, responsabilidad ambiental y políticas de competencia que no sacrifiquen al consumidor ni al territorio. Urge que las autoridades rindan cuentas y que la empresa muestre, de manera verificable, cómo su modelo de negocios sirve al interés público y no sólo a sus balances.