Un informe social presentado en el marco del proyecto de la presa de Casupá identifica distintas valoraciones sobre la futura reserva de agua para el área metropolitana y preocupaciones concretas de familias y productores de la zona de influencia. Entre los asuntos señalados figuran las expropiaciones, la continuidad de las explotaciones rurales, el acceso al agua y los cambios en la vida de las comunidades cercanas.
El estudio fue contratado por → OSE y presentado al → Ministerio de Ambiente en el proceso de evaluación del proyecto. La información sobre sus resultados fue difundida este 24 de septiembre por El Observador, que tuvo acceso al documento elaborado por la consultora Rivero-Quirino. La versión íntegra de ese informe social actualizado no pudo ser corroborada en un repositorio público al preparar esta nota; sus datos específicos se consignan aquí con atribución a esa cobertura periodística.
El estudio describe una percepción territorial diversa: el interés por ampliar la disponibilidad de agua ante futuras sequías convive con inquietudes sobre el destino de tierras productivas, viviendas y actividades que hoy dependen del arroyo y de sus afluentes. No se trata de un único impacto ni de una opinión homogénea entre los habitantes de la zona.
La función de Casupá en el abastecimiento metropolitano
El proyecto prevé construir una presa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía, con la finalidad de aumentar las reservas de agua bruta disponibles para el sistema metropolitano. Según OSE, la infraestructura complementaría al embalse de Paso Severino y permitiría contar con mayor capacidad de respuesta ante períodos prolongados de déficit hídrico. La empresa pública mantiene como fecha prevista de inicio de obra el primer trimestre de 2027, sujeta al cumplimiento de las etapas correspondientes.
Para financiar el proyecto, OSE suscribió con → CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, un préstamo por US$ 130 millones. El 10 de septiembre, la empresa informó que había completado la adquisición de aproximadamente 61 hectáreas destinadas al obrador y a las obras de cierre de la presa, además de haber recibido dos desembolsos del préstamo que totalizaban cerca de US$ 10 millones. Estos avances patrimoniales y financieros no equivalen a la autorización ambiental definitiva de la obra.
La superficie perdida no explica por sí sola el impacto productivo
Según los resultados del relevamiento divulgados por El Observador, el trazado del embalse afectaría directamente a 37 unidades productivas. Los consultores entrevistaron a propietarios de 19 unidades, aproximadamente el 51 % del total identificado. La participación parcial limita la posibilidad de extender las percepciones registradas a todas las personas propietarias o a la población de la cuenca.
El documento reseñado identifica, además, efectos que van más allá de la extensión expropiada: 25 unidades perderían acceso directo al agua de arroyos, 11 establecimientos quedarían divididos por la inundación y cinco requerirían nueva caminería. Dos predios que perderían cerca del 80 % de su superficie contemplan abandonar la producción. En otros casos, una afectación menor en hectáreas podría comprometer igualmente la actividad si corta accesos internos, separa instalaciones o elimina aguadas utilizadas por el ganado.
Esta diferencia entre pérdida de tierra y pérdida de funcionalidad es relevante para la gestión rural. Una superficie remanente puede conservar valor catastral y, sin embargo, necesitar nuevos caminos, cercos, puntos de agua o reorganización de potreros para seguir siendo utilizable. El informe recoge la preocupación de productores por disponer de tomas de agua que permitan sostener las explotaciones cercanas al futuro embalse; esa posibilidad figura como un planteo de los entrevistados, no como una medida ya concedida.
Hogares, trabajo rural y servicios de las localidades cercanas
Las afectaciones reseñadas no se agotan en la situación de las personas propietarias. También pueden alcanzar a familias residentes, asalariados rurales y prestadores de servicios vinculados con esas unidades productivas. El traslado de un hogar o la pérdida de un establecimiento puede modificar redes de trabajo, vínculos comunitarios y formas de vida que no quedan descritas solamente por el valor monetario del terreno.
El informe también registra incertidumbre en Casupá, Reboledo y Gaetán ante los cambios asociados a la etapa de construcción. El Ministerio de Ambiente informó el 18 de septiembre que la actividad de obra podría involucrar alrededor de 700 personas, entre empleos directos e indirectos. Frente a ese movimiento temporal, el Poder Ejecutivo anunció una agenda de coordinación sobre salud, vivienda, formación, infraestructura vial, empleo y otros servicios para varias localidades del entorno.
La agenda interinstitucional anunciada constituye una respuesta de planificación territorial; su existencia no permite concluir por sí sola que estén resueltas las situaciones individuales de expropiación, reasentamiento o continuidad productiva descritas en el estudio. Esas definiciones requieren información específica sobre cada predio y cada hogar involucrado.
La protección del agua también alcanza al monte nativo y a los campos
La evaluación del futuro embalse incluye efectos sobre suelos, vegetación, fauna, cursos de agua y actividades existentes. Entre las intervenciones que deben examinarse se encuentra la pérdida de vegetación y de sectores de monte nativo por el avance de las aguas. El → Observatorio Ambiental Nacional reúne antecedentes y documentos del procedimiento de evaluación y explica que OSE debe actualizar estudios anteriores para proseguir con la autorización ambiental previa.
Para ICI Forestal, la dimensión forestal de esta obra se encuentra especialmente en el tratamiento del bosque nativo, de las franjas ribereñas y del ordenamiento de usos del suelo de la cuenca. No corresponde confundir esta afectación con la expansión de plantaciones forestales comerciales ni atribuir al nuevo informe social resultados ecológicos cuantificados que no fueron verificados en su texto completo.
En paralelo, el Ministerio de Ambiente abrió durante septiembre una convocatoria con apoyo de hasta $ 390.000 por productor ganadero o lechero de las subcuencas de Casupá y La Virgen para medidas como cercados, abrevaderos, protección de áreas ribereñas y restauración con especies nativas. Se trata de un programa de protección de la cuenca, distinto de las compensaciones y soluciones que pudieran corresponder a quienes pierdan tierras o infraestructura por el embalse.
La etapa pendiente: evaluación ambiental y gestión de las afectaciones
OSE procura avanzar con el procedimiento ambiental durante 2026, pero la presentación del estudio social y la adquisición de terrenos no constituyen una aprobación definitiva. Según la información publicada por el Ministerio de Ambiente el 18 de septiembre, el proyecto se encontraba en una etapa avanzada de análisis de impacto ambiental, con la evaluación y las definiciones correspondientes todavía en trámite.
Los autores del informe social, según la cobertura de El Observador, señalan que las respuestas a las afectaciones identificadas no pueden limitarse a establecer el valor de los terrenos. Entre las cuestiones que plantean están la continuidad de los medios de vida, la viabilidad de los predios remanentes, el acceso a información sobre expropiaciones y la participación de las comunidades en las decisiones que las afectan.
El caso Casupá muestra dos escalas de un mismo proyecto: una infraestructura concebida para reforzar las reservas de agua de la zona metropolitana y una transformación concreta del territorio donde se instalaría. La evolución del expediente ambiental y de las medidas sociales permitirá conocer con mayor precisión cómo se abordarán ambas dimensiones antes del comienzo de las obras.
Fuentes principales
→ OSE. (2026, 23 de septiembre). Proyecto Casupá.
→ Ministerio de Ambiente. (s. f.). Presa del arroyo Casupá. Observatorio Ambiental Nacional.
ICI Forestal – Elaboración propia a partir de información institucional y cobertura periodística del informe social. 24 de septiembre de 2026.