
La transformación eléctrica uruguaya se apoyó en una política de largo plazo, inversiones públicas y privadas y una planificación que sobrevivió a distintos períodos de gobierno. Ese proceso, iniciado en 2005 y respaldado por un acuerdo multipartidario en 2010, ayuda a explicar por qué la energía renovable es hoy uno de los argumentos del país para atraer proyectos como el de Solaria.
El Foro Forestal Regional de → Uruforest 2026 incluirá una mesa sobre inversiones y mercados del Cono Sur, un bloque sobre negociaciones comerciales y una presentación sobre las exigencias que podría plantear el mercado global hacia 2040. La agenda se desarrollará el 21 y 22 de octubre en Juan Lacaze, mientras los últimos datos oficiales muestran que las exportaciones forestales uruguayas perdieron valor en 2025 por la baja de los precios internacionales de la celulosa.
Los informes oficiales del viernes 16 de octubre describieron niveles todavía altos en el río Uruguay, con tendencias diferentes según el tramo y la estación. La → Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) registró bajas en Paysandú y Concepción del Uruguay, pero subas en Fray Bentos y en la desembocadura del Gualeguaychú. A las 08:00, la → Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) informó una cota de embalse de 33,51 metros, 31 centímetros más que a la misma hora del día anterior, mientras evacuaba agua por turbinas y vertedero.
Fundada en España en 2002, Solaria cotiza en bolsa desde 2007 y forma parte del IBEX 35 desde 2020. Su presencia en Uruguay se remonta a proyectos solares desarrollados desde mediados de la década de 2010, no a varias décadas de operación. La compañía llega al nuevo acuerdo con experiencia en generación fotovoltaica y una estrategia que incorpora almacenamiento y centros de datos.
El acuerdo firmado por el Gobierno con Solaria proyecta una inversión de US$ 5.700 millones para instalar centros de datos y generación solar en Uruguay. La iniciativa pone en juego tres capacidades que el país construyó durante años: energía renovable y confiable, conectividad digital y estabilidad institucional. La firma representa un logro de gestión del Gobierno actual y abre una nueva etapa para la economía digital.
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