TCP pide esencialidad mientras sigue sin avances la negociación
Terminal Cuenca del Plata (TCP) solicitó formalmente este jueves al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la declaración de esencialidad.Leer aquí documento
-https://drive.google.com/file/d/1yjErMp8cLRZr60h82qKsPKDu8UFBRAlr/view?usp=sharing.
Terminal Cuenca del Plata (TCP) solicitó formalmente este jueves al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la declaración de esencialidad de determinados servicios que deberían mantenerse durante eventuales medidas de conflicto que afecten la operativa de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo. La presentación fue realizada al amparo del derecho de petición y remitida con copia a Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Administración Nacional de Puertos (ANP).
En su escrito, la empresa señala que el pedido se formula respetando el derecho de huelga reconocido por la Constitución y sostiene que su objetivo es asegurar exclusivamente aquellas prestaciones cuya interrupción pueda comprometer bienes jurídicos esenciales. En ese sentido, plantea que, si correspondiera, se establezca un servicio mínimo “adecuado, necesario y proporcional”.
La solicitud se produce en medio del conflicto que enfrenta a TCP con sus trabajadores y mientras continúa la negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo. En las últimas reuniones no se registraron avances en los principales puntos pendientes, vinculados al régimen de guardias gremiales, la duración del convenio colectivo y la cláusula de paz. El plazo de 72 horas fijado por el Poder Ejecutivo para procurar un entendimiento vence este viernes a las 17 horas.
TCP sostiene que el convenio colectivo anterior venció el 31 de mayo y que desde entonces participó en numerosas reuniones bipartitas y tripartitas, en las que presentó sucesivas propuestas. La empresa afirma que el 26 de agosto incorporó nuevas mejoras a partir de los planteos sindicales y comunicó que su propuesta había quedado formulada en términos definitivos.
En la carta, la empresa afirma además que durante el conflicto se acumularon 36 días con afectaciones operativas severas y enumera distintas paralizaciones registradas durante el año, entre ellas las medidas desarrolladas en junio, julio, agosto y setiembre. También menciona la paralización iniciada el 7 de setiembre, durante la cual se implementó una “guardia gremial” por tiempo indeterminado, seguida de la reanudación de la operativa normal anunciada por el sindicato el día siguiente.
Uno de los principales argumentos utilizados por TCP para fundamentar su pedido refiere precisamente a esa jornada. La empresa sostiene que la guardia gremial implementada el 7 de setiembre resultó insuficiente para garantizar las prestaciones mínimas necesarias para la operativa y señala que se produjeron extensas colas de camiones, con conductores que, según afirma, debieron esperar en algunos casos hasta 20 horas para ingresar a la terminal.
A partir de esa experiencia, TCP plantea que la existencia de una guardia gremial no garantiza por sí misma la continuidad de las prestaciones indispensables. En particular, menciona la atención segura de buques, el movimiento y conservación de cargas sensibles, el mantenimiento de contenedores refrigerados, la circulación interna y la respuesta ante eventuales contingencias.
La empresa solicita al Ministerio que, previo análisis técnico y con participación de los organismos que considere pertinentes, determine cuáles son las prestaciones cuya interrupción puede comprometer la vida, la salud o la seguridad de las personas, la seguridad de las operaciones o la preservación sanitaria de determinadas cargas.
TCP pide además que cualquier declaración se limite estrictamente a las prestaciones y dotaciones indispensables, preservando en todo lo demás el ejercicio del derecho de huelga, y que la petición tenga trámite urgente ante la posibilidad de nuevas interrupciones. Al mismo tiempo, la empresa reafirma en el escrito su disposición a continuar participando en las instancias de negociación colectiva para alcanzar un nuevo convenio.
En paralelo, en la negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo “nada se pudo avanzar” este miércoles. La estaba centrada en las guardias gremiales, la duración del convenio colectivo y la cláusula de paz. Este viernes a las 17 horas vence el plazo de 72 horas fijado por el Poder Ejecutivo para que las partes alcancen un acuerdo.
La solicitud enviada
La nota remitida al MTSS y dirigida Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, tiene copia a Presidencia de la República, Ministerio de Transporte y Obras Publicas y la Administración Nacional de Puertos. Se indica que al amparo del derecho de petición consagrado por el artículo 30 de la Constitución de la República, se «viene a promover la determinación y expedición de resolución fundada del Poder Ejecutivo en cuanto a declarar la esencialidad de los servicios que deban ser mantenidos en el ámbito de la Terminal y durante las medidas de conflicto colectivo que afectan su operativa».
A esto se acotan las consideraciones. «La presente solicitud se formula con pleno respeto del derecho de huelga reconocido por el artículo 57 de la Constitución. Se pretende asegurar exclusivamente el mantenimiento de aquellas prestaciones cuya interrupción compromete bienes jurídicos esenciales y que, por tanto, deben continuar mediante un servicio mínimo adecuado, necesario y proporcional».
Se agrega que el convenio colectivo que regía la actividad venció el 31 de mayo de 2026. «Desde entonces, TCP ha participado en numerosas reuniones bipartitas y tripartitas, incluidas instancias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ha presentado sucesivas propuestas con el propósito de alcanzar un acuerdo responsable y sostenible. El 26 de agosto de 2026, luego de analizar siete puntos planteados por la representación sindical, TCP incorporó nuevas mejoras en tres de ellos y comunicó que su propuesta había quedado formulada en términos definitivos, manteniendo su disposición a explicar y aclarar su contenido» señala la nota.
TCP explica que la propuesta aludida «contempla mecanismos de prevención de conflictos y la obligación de establecer una guardia que permitiera sostener la atención de buques, gates y procesos vinculados con contenedores llenos, vacíos y refrigerados. No obstante, durante el proceso se reiteraron paralizaciones totales y parciales. En este contexto se han acumulado 36 días con afectaciones operativas severas, circunstancia que evidencia la prolongación y recurrencia del conflicto». A esto se agregan las detenciones efectuadas durante la operativa.
También está «la paralización iniciada el 7 de setiembre, con una denominada «guardia gremial» por tiempo indeterminado. El 8 de setiembre el sindicato anunció la reanudación de la operativa normal a partir de las 15:00 horas. Empero, esa reanudación no elimina los perjuicios ya producidos ni hace desaparecer el riesgo cierto de nuevas interrupciones mientras persista el conflicto colectivo».
TCP señala en la nota que «la guardia implementada el 7 de setiembre fue definida unilateralmente por la organización sindical y resultó objetivamente insuficiente para asegurar las prestaciones mínimas requeridas por la operativa. Se formaron extensas colas de camiones, cuyos conductores debieron permanecer, en algunos casos, hasta 20 horas a la espera de ingresar a la Terminal para efectuar operaciones de entrega o retiro de contenedores».
Insuficiencia para atender buques
Otro aspecto es que «la insuficiencia de un eslabón operativo puede impedir o comprometer la atención segura de buques, el movimiento de cargas sensibles, el mantenimiento de contenedores refrigerados, la circulación interna y la respuesta frente a contingencias».
«La Terminal Especializada integra el recinto portuario y constituye una infraestructura relevante para el ingreso y egreso del comercio exterior» destacando que «especial consideración merecen los contenedores refrigerados y las cargas perecederas o sanitariamente sensibles».
Otrosa spectos tienen que ver con «determinadas tareas vinculadas con la atención segura de buques, la prevención de accidentes, la circulación interna, la respuesta ante emergencias y la preservación de instalaciones y cargas no admiten una interrupción absoluta sin riesgo para las personas o los biene»s.
La empresa invoca el artículo 30 de la Constitución que reconoce el derecho de petición ante todas y cualesquiera autoridades de la República, acotando que «si bien el artículo 57 de la Constitución reconoce la huelga como derecho gremial y dispone que sobre esa base se reglamentará su ejercicio y efectividad, cualquier limitación debe tener fundamento legal y aplicarse de modo necesario y proporcional».
Otro aspecto es que el artículo 1.º de la Ley N.º 16.246, Ley de Puertos, «declara objetivo prioritario para el desarrollo del país la prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos y establece que los servicios portuarios se prestarán en los puertos comerciales durante las veinticuatro horas del día y todos los días del año, si la demanda así lo requiere». Finalmente en la nota se solicita que se determine «cuáles son las prestaciones desarrolladas en la Terminal cuya interrupción puede comprometer la vida, la salud o la seguridad de las personas, la seguridad de las operaciones o la preservación sanitaria de cargas sensibles». Y de configurarse los presupuestos legales, «declare mediante resolución fundada cuáles de esas prestaciones revisten carácter esencial durante las medidas de conflicto y determine los turnos de emergencia, servicios mínimos y dotaciones indispensables para asegurar su efectivo mantenimiento». Otro punto en la solicitud es que «la determinación se limite estrictamente a las prestaciones y dotaciones indispensables, preservando en todo lo demás el ejercicio del derecho de huelga» y se le da trámite urgente a la solicitud.
Etcheverry: el retiro de la demanda no condiciona al gobierno
La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, descartó que el desistimiento de Neltume Ports —propietaria de Montecon— de continuar con el arbitraje internacional contra el Estado uruguayo implique un condicionamiento para que el gobierno acepte el proyecto de inversión anunciado por la empresa para el puerto de Montevideo, por unos US$ 900 millones.
Etcheverry afirmó que existe una intención de vincular ambas decisiones, pero sostuvo que no existe ningún compromiso entre ellas. “No corresponde, no es vinculante de ninguna manera para el gobierno”, señaló.
La jerarca explicó que tomó conocimiento del proyecto de inversión “por la prensa”, aunque posteriormente la iniciativa privada fue presentada ante Presidencia de la República, desde donde deberá ser derivada al Ministerio de Transporte y a la Administración Nacional de Puertos (ANP) para su análisis.
La ministra insistió en que “bajo ningún concepto” existe un condicionamiento relacionado con el retiro de Neltume del arbitraje. En ese sentido, remarcó que el proyecto será estudiado bajo los procedimientos correspondientes, como ocurre con cualquier otra iniciativa privada que se plantee para el sistema portuario.