Libro “La Entrega – El Proyecto Uruguay UPM” traduce varios puntos clave dicen los representantes de ACAS
El mismo ya fue presentado en Salto y opera a modo de denuncia
El jueves 21 de noviembre con el auspicio de ACAS (Asociación Civil ambientalista de Salto), Víctor Bacchetta y William Yohai, hicieron la presentación del libro “La Entrega”-El Proyecto Uruguay- UPM2. Este evento se realizó a la hora 17 en la Universidad Católica de Salto.
En el Prefacio, los autores expresan:
Que el Proyecto Uruguay-UPM (lo llamamos así porque es más claro que hablar de ROU) no tiene precedentes en nuestro país en varios aspectos clave.
El primero de ellos son las implicaciones constitucionales y legales de los compromisos firmados por el gobierno nacional.
Es el principal porque afecta la integridad de la República. Este proyecto determinó prácticamente una rendición incondicional ante la multinacional. A la luz de las anteriores concesiones a las plantas de celulosa precedentes, no era una novedad que se le dieran a este proyecto condiciones económicas privilegiadas, pero los compromisos fueron mucho más lejos.
En el plano económico, la diferencia mayor son las obras de infraestructura que el gobierno se comprometió a realizar para uso exclusivo de ese proyecto. Las inversiones de Uruguay superan ampliamente la inversión de la empresa, lo que convierte a estos acuerdos simplemente en un negocio ruinoso para el país.
Un negocio en donde UPM se queda con el 100% de las exportaciones de celulosa y recupera en poco más de tres años la inversión en un proyecto con 20 años de vida útil. En contrapartida, la ganancia de Uruguay por su inversión es cero y por aportar además agua, sol, suelo y trabajo, lo que obtiene a cambio son migajas.
Los compromisos del gobierno uruguayo son más graves aún al aceptar la injerencia de UPM en los planes de enseñanza y en las normas laborales del país, invadiendo atribuciones del Poder Legislativo y dejando fuera de la jurisdicción nacional la resolución de los conflictos que pudieran surgir con la empresa trasnacional.
En el plano ambiental, por el impacto que puede significar la instalación
de una planta de celulosa de esas dimensiones sobre el río Negro, un río que ya tiene altos niveles de contaminación y al que este proyecto, por la demanda de agua y la descarga de efluentes, simplemente agravará.
Esa planta de celulosa está encadenada a una vía férrea y una terminal portuaria que trastocan en 180 grados las políticas de desarrollo futuro de cinco departamentos. Se mantiene el pasaje por zonas densamente pobladas de un tren de cargas al servicio de UPM para el traslado de celulosa y productos químico peligrosos.
Las condiciones de aprobación de este proyecto aceptadas por el gobierno uruguayo condujeron a graves alteraciones de las normas y los procedimientos de autorización vigentes. Las medidas para mitigar o compensar los impactos ambientales y sociales de la planta y del proyecto ferroviario son completamente insuficientes.
El gobierno nacional y los gobiernos departamentales que lo acompañan han hecho un enorme despliegue publicitario para presentar los supuestos beneficios del proyecto, en el cual utilizan directamente los informes elaborados por la empresa y, en lugar de demostrar su independencia, actúan como meros socios de la multinacional.
Todo esto es acompañado de negociaciones secretas para el resto del sistema político y el desconocimiento por el Ejecutivo de los otros poderes del Estado, como el Poder Legislativo, al que ni siquiera se informa de los compromisos asumidos y el Poder Judicial, que también es dejado de lado en posibles litigios con la empresa.
Esto es más grave aún con la ciudadanía, a la que se niega el acceso a la información sustancial con alegaciones de confidencialidad del proyecto de UPM y de las propias decisiones del gobierno nacional. Esto va en paralelo con la negativa sistemática de las autoridades a participar en debates públicos con diferentes opiniones.
Mientras se proclama un «cambio de la matriz productiva» y una nueva «estrategia de desarrollo nacional», la diferencia entre las concesiones y los privilegios otorgados a UPM y las condiciones en que deben desempeñarse el resto de las empresas nacionales y otros sectores productivos del país evidencia una flagrante discriminación.
En los hechos es solo la aspiración de consolidar una economía primaria, sustentada en forma exclusiva en la extracción de nuestros recursos naturales, básicamente de la fertilidad de la tierra y la prodigalidad del agua.
Es peor, la maximización del lucro a corto plazo de estas inversiones destruye el ecosistema e hipoteca el futuro.
La consolidación de este modelo extractivista en el país, bajo las condiciones que han sido establecidas en los contratos firmados con UPM, colocan al Uruguay en la categoría de enclave colonial de una empresa extranjera multinacional.
Es innegable que, si se plasma en estos términos el Proyecto Uruguay-UPM, nubes negras se ciernen sobre la República y la sociedad uruguaya.
Ante una oposición partidaria que no parece percibir estos peligros, la esperanza de detenerlo radica inevitablemente en la conciencia y la movilización de nuestro pueblo.
Esperamos que este trabajo contribuya en esa dirección.