UPM: buscan que movimiento multitudinario obligue a frenar el proyecto
Unas 66 organizaciones sociales marcan con una movilización su rechazo a la instalación de la nueva pastera.
“Está claro que la inmensa mayoría de la población está de acuerdo con este proceso. Va a haber miles de empleos y cientos de empresas trabajando”.
Así se manifestó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, relativizando el impacto que tendrá la movilización que, en el Centro de Montevideo, le dirá una vez más “No” a la instalación de una nueva pastera de la empresa UPM.
Para destacar su postura, Murro apeló a las cifras oficiales que se vienen difundiendo en torno a las consecuencias positivas que para el país tendrá el nuevo emprendimiento.
También a una encuesta efectuada entre 2016 y 2018, divulgada en febrero de este año por Equipos Consultores, que indicó que seis de cada diez uruguayos apoyaba la instalación de la nueva pastera y solo el 20% la rechazaba.
La del ministro está lejos de ser la posición de los integrantes de las 66 organizaciones sociales que, nucleadas en la Coordinación Nacional contra UPM, estarán presentes en la movilización.
“Dicen que traerá trabajo, desarrollo y progreso, pero sabemos que esas promesas no se cumplen” afirma la proclama que será leída luego de la marcha, a la que accedió ECOS.
Así, se remarcará lo que ha sido la experiencia de las plantas de pasta de celulosa ya instaladas. Como la de Fray Bentos, que según la comisión emplea hoy a solo 230 personas.
“El costo ambiental de una planta de celulosa es altísimo”, se afirma. “Nos deja desertificación de los suelos, contaminación del agua y del aire, desaparición del monte nativo y de nuestra fauna, empeorando más el severo problema del cambio climático, que acarreará gravísimos perjuicios a las generaciones futuras.
Por “experiencia”, se subraya además que en la zona donde se instalan estos emprendimientos aumenta la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas.
La Comisión Nacional se declaró preocupada por la “injerencia” del UPM en la educación pública, ya que a través de su fundación, la multinacional “penetra en las escuelas y liceos con un mensaje claramente violatorio de la laicidad.
Entre los cuestionamientos, se insiste en que Uruguay se obliga a construir el Ferrocarril Central para el uso exclusivo de la nueva pastera. “Eso lo dice el contrato firmado, aunque nos digan que no es así”, se asegura.
La obra, se señala, afectará las viviendas y degradará la calidad de vida de miles de vecinos, desde Paso de los Toros hasta Montevideo.
“UPM impone condiciones laborales que restringen los derechos y las garantías de los trabajadores”, se dice. “Constituye un precedente muy peligroso, ya que luego será exigido también por otros sectores empresariales”.
Por otro lado se marca que la suba del nivel de aguas del río Negro debido a la enorme demanda que habrá para que funcione la planta llevará a la desaparición de las playas de San Gregorio de Polanco, arrasando a una comunidad con proyectos de valor económico, social y cultural.
“La historia de América Latina es la historia del saqueo de sus bienes naturales. De eso se trata este proyecto y por eso nos oponemos”, afirman las organizaciones convocantes.
En ese sentido, la intención es divulgar la “gravedad del endeudamiento” que significará el emprendimiento para el país a partir de la firma de un contrato “ilegal y secreto, firmado a espaldas de la población”.
De allí que se pretenda generar un movimiento que llegue a ser multitudinario y que oblique a parar este proyecto.
“Se puede vivir sin celulosa, sin agua no se puede vivir”, afirma la proclama.
Habrá libertad de expresión
La movilización de este viernes ocurre en un marco muy especial. Una instancia similar, desarrollada a principios de setiembre, culminó con varios heridos y detenidos luego que la Policía reprimiera a los manifestantes, en una acción denunciada por varias organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
El Ministerio del Interior se anticipó a una posible repetición de los hechos y este miércoles exhortó a que la movilización se lleve a cabo “pacíficamente, de acuerdo a la cultura cívica del pueblo uruguayo”, a la vez que garantizaba la “libre expresión de las ideas y su derecho a manifestarlas, en un marco de paz y de convivencia”.
La cartera advirtió, por otra parte, que estará rigiendo la veda electoral.