La autorización otorgada a Colonia Express para operar entre Montevideo y Buenos Aires abre una competencia largamente postergada. Buquebus advierte sobre una posible “depredación” del mercado, pero los pasajeros necesitan más opciones, mejores precios y servicios eficientes.
Durante años, viajar directamente por vía marítima entre Montevideo y Buenos Aires quedó sujeto a una oferta prácticamente única. Buquebus consolidó una posición dominante sobre una ruta estratégica para el turismo, los negocios y la conexión entre Uruguay y Argentina. Esa situación puede comenzar a cambiar con la autorización concedida a Colonia Express para ingresar al servicio.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas habilitó a la empresa a operar con el catamarán Colonia Express, una embarcación de bandera uruguaya con capacidad para unos 600 pasajeros y 70 vehículos. El permiso, otorgado a fines de julio, tiene carácter precario y revocable. Por tanto, todavía no constituye una garantía de competencia estable, pero representa un primer paso para quebrar una estructura cerrada. La reacción de Buquebus fue inmediata. La compañía advirtió que la llegada de un nuevo operador podría generar “depredación” entre las empresas y hasta un “caos total”. El argumento merece ser analizado: lo que para una empresa puede significar pérdida de cuota de mercado, para los usuarios puede traducirse en más frecuencias, mejores tarifas y una mayor exigencia en la calidad del servicio.
No corresponde confundir competencia con caos. Tampoco presentar la defensa de una posición dominante como si fuera la protección del interés general. La ruta Montevideo–Buenos Aires no pertenece a una compañía. Es una conexión internacional que utiliza infraestructura pública y cumple una función relevante para dos países estrechamente vinculados.
Colonia Express sostiene que su ingreso permitiría bajar el precio de los pasajes y ampliar la demanda del transporte fluvial. Esa afirmación deberá probarse en la práctica. La nueva empresa tendrá que demostrar capacidad operativa, regularidad, seguridad y tarifas realmente competitivas. Abrir el mercado no significa entregar privilegios a otro operador, sino establecer reglas transparentes para que varias compañías puedan competir en igualdad de condiciones.
Buquebus también tiene derecho a defender sus inversiones y advertir sobre los riesgos de una oferta excesiva. Pero no puede pretender que el Estado preserve indefinidamente un escenario sin competencia directa para asegurar su rentabilidad. Ninguna empresa debe quedar blindada frente a nuevos actores cuando están en juego los intereses de miles de pasajeros.
La apertura también obliga al Gobierno a actuar con responsabilidad. Un permiso precario y revocable puede servir para comenzar, pero no alcanza para construir una política duradera. El MTOP y la Administración Nacional de Puertos deben definir condiciones claras sobre frecuencias, uso de terminales, tasas, seguridad, calidad y derechos de los usuarios. La regulación debe impedir abusos, no conservar monopolios.
La competencia puede generar un efecto positivo sobre todo el sistema. Cuando el pasajero puede elegir, las empresas quedan obligadas a mejorar. Los precios, los horarios, la puntualidad, la atención y las condiciones de viaje dejan de depender de una sola decisión empresarial. Ese es precisamente el valor de abrir el mercado.
También existe un impacto turístico. Una conexión más accesible entre ambas capitales puede aumentar el flujo de visitantes, favorecer al comercio, fortalecer la hotelería y facilitar los viajes de corta duración. El beneficio no debe medirse únicamente por la rentabilidad de las navieras, sino por el movimiento económico que una mayor conectividad puede generar. Uruguay no puede promover la competencia en los discursos y frenar cuando afecta intereses consolidados. Si Colonia Express cumple con las exigencias técnicas, jurídicas y de seguridad, debe tener la posibilidad de operar. Y si aparecen otros interesados en el futuro, también deberán ser evaluados con reglas objetivas.
El Río de la Plata no puede seguir administrándose como el territorio exclusivo de una empresa. La apertura de la ruta Montevideo–Buenos Aires no debe convertirse en una guerra privada ni en un intercambio de favores oficiales. Debe ser una decisión orientada a los pasajeros. Romper un monopolio no garantiza automáticamente mejores servicios. Pero conservarlo sí garantiza que nada obligue a mejorar. Entre proteger una posición empresarial y ampliar el derecho de los ciudadanos a elegir, el Estado no debería tener dudas.