Nuestra opinión
Si un comestible es potencialmente tóxico es un tema técnico que debe ser analizado por especialistas en medicina, nutrición o bromatología. Si una empresa contamina el medio ambiente, y en particular las aguas de un río, es también un tema técnico que debe ser resuelto por los profesionales capaces de hacer e interpretar los análisis que sean pertinentes. Parece de Perogrullo, pero llevó más de un lustro conseguir que Argentina se aviniera a resolver en el ámbito que corresponde el diferendo planteado por la instalación de Botnia en la margen oriental del río Uruguay. De todas maneras, cabe congratularse con entusiasmo por el final del conflicto, del que es necesario extraer alguna moraleja útil.

Un abrazo que fue incluso más efusivo de lo usual en el mundo diplomático selló en la antevíspera el final de un largo conflicto. Lo protagonizaron los cancilleres de Uruguay y Argentina, Luis Almagro y Héctor Timerman, luego de estampar en el Palacio Santos sus firmas en el documento que establece las modalidades del monitoreo de las aguas del río Uruguay. Un acto que debiera terminar con más de un lustro de desencuentros entre ambos países con motivo de la instalación en la margen uruguaya del río de una gran industria de producción de celulosa.

El final -corresponde destacarlo- no es demasiado diferente a la primera propuesta que realizó Uruguay bien al comienzo de los cuestionamientos que derivaron en el corte de rutas de acceso al país y en la demanda argentina ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Es un motivo de satisfacción que el diferendo haya concluido a nivel de los gobiernos, pero no puede dejar de señalarse que los años de enfrentamiento político y el proceso contencioso en La Haya en realidad fueron solamente una demora. El problema, según lo entendió el presidente Mujica, se arreglaba conversando. Algo probablemente muy difícil con el anterior mandatario argentino, pero que llegó a buen puerto con su sucesora y con las dotes negociadoras del presidente uruguayo.

Si una fábrica contamina o no contamina es un tema estrictamente técnico. La manera de determinarlo es medir la presencia de contaminantes en el aire y las aguas contiguas a la planta y estar a lo que señalan los parámetros internacionales sobre admisibilidad de sustancias potencialmente tóxicas para el hombre o el ambiente. Lamentablemente, al diferendo por la instalación de Botnia se le dio desde un principio un enfoque político que, especialmente en el lado argentino, solamente manejaba adjetivos y no los datos científicos que hubieran sido pertinentes. En realidad, quien le dio un verdadero impulso al conflicto fue el anterior gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, a quien corresponde recordar como un verdadero enemigo de Uruguay.

En su momento, Busti, que disputaba su reelección como gobernador de Entre Ríos, dio con fines electoreros un apoyo gubernamental decisivo a un grupo de pseudoambientalistas que consideraban una amenaza la instalación de la pastera en territorio uruguayo. Tal causa pareció simpática al electorado entrerriano, al que se le presentó a Botnia como sinónimo de muerte: “Botnia o vida”, rezaban las pancartas.

Fue así que un tema técnico salió de madre y se proyectó como reivindicación de toda la provincia, primero, y luego como tema nacional a partir del apoyo que desde la Presidencia de Argentina Néstor Kirchner le otorgó a su correligionario Busti y al mismo movimiento piquetero. Quien quiera saber qué puntos calza el ex gobernador Busti no tiene más que buscar en la página en internet de You Tube la filmación de un discurso político suyo que en 1989 presentaba el proyecto de instalar una pastera del lado argentino del río como uno de los grandes logros de su administración. Por entonces, camaleónico, Busti ni siquiera mencionaba la palabra contaminación, dando cuenta de la envergadura de la voltereta que le llevó a provocar el peor momento en muchos años en las relaciones entre dos países hermanos.

Según la documentada crónica que Ultimas Noticias le dedicó ayer a la firma del acuerdo, el canciller argentino enfatizó en sus declaraciones: “El conflicto entre Argentina y Uruguay está resuelto”. La única sombra pendiente fue la actitud de los piqueteros, que en principio anunciaban nuevos cortes del tránsito entre ambos países. Timerman eludió responder sobre ese tema, afirmando que la Justicia argentina es la que debe actuar en el caso. Hay que recordar que la Fiscalía argentina acusó ante la Magistratura a varios líderes piqueteros que hoy viven la amenaza de que como consecuencia de sus acciones pueden ser procesados criminalmente.

En la mencionada crónica de Ultimas Noticias, se expusieron los principales rasgos del acuerdo. Dos técnicos por cada país integrarán una Comité Científico como “órgano subsidiario de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru)” y realizarán controles sucesivos en una y otra margen del río. Se comenzará por la planta, hoy de la empresa UPM, y luego se verificará el grado de contaminación que el río Gualeguaychú descarga en el río Uruguay. La ciudad cuna del llamado movimiento ambientalista que estableció el piquete en Arroyo Verde arroja todas sus aguas residuales sin tratar al río homónimo, a unos 20 kilómetros de la desembocadura de este en el río Uruguay. Es altamente probable que la contaminación provocada allí tenga sí características amenazantes para el medio ambiente.

Ha sido, en fin, un acuerdo digno, al que no se le puede tildar de violatorio de ninguna soberanía, en cuanto ambos Estados se otorgan facultades recíprocas de contralor en una y otra orilla, con el que felizmente termina un largo conflicto. Cabe alegrarse por un final que irá desvaneciendo los malos momentos de los últimos años.

Diario ULTIMAS NOTICIAS - Montevideo - URUGUAY - 01 setiembre 2010