Acreedores de Urupanel aceptaron propuesta de grupo
Dos empresas en concurso con realidades diferentes

Los acreedores comerciales de la empresa maderera Urupanel aceptaron la propuesta realizada por el consorcio Frutifor–Kappeseberg de capitales chilenos y brasileños, que tiene interés en comprar los activos para reactivar la actividad productiva mediante la conformación de una nueva empresa.
"Ellos se harían cargo de resolver el tema con la bancos, pagar los despidos de todos los trabajadores de Urupanel y hacer una propuesta para los acreedores quirografarios que alcanzaría a pagar el 51% de los créditos verificados", dijo a El País el asesor jurídico de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), Fernando Cabrera.

El proyecto que prevé emplear a alrededor de 100 trabajadores continuará trabajando la línea de MDF, desmontará la parte de paneles e instalará un aserradero. Esta semana llegaran al país representantes de los inversores para la firma de la documentación correspondiente. El siguiente paso será recolectar las firmas de los acreedores. Antes de fin de año se podría realizar una entrega precaria de la planta de Tacuarembó para comenzar con las tareas de acondicionamiento para desarrollar el nuevo proyecto.

El martes 29 de julio la maderera Urupanel cerró sus puertas sin previo aviso y dejó sin trabajo a 420 trabajadores que fueron enviados al seguro de desempleo a partir de los primeros días de agosto. Los extrabajadores mantuvieron el viernes una asamblea sobre la situación que enfrentan en la actualidad.

En diálogo con El País, el coordinador del Sindicato Obrero de la Industria de la Madera y Anexos (Soima), Hugo de los Santos, afirmó que es definitivo el cierre de Urupanel, algo que, según él, "está liquidado".

Por su parte, la pesquera Fripur que también se presentara a concurso de acreedores a principio de agosto sigue trabajando con normalidad. Aunque se prevé que una junta de acreedores se reúna en febrero para decidir si hay acuerdo para refinanciar las deudas o se determina la liquidación de la empresa, esta instancia puede suspenderse tomando en cuenta las medidas gremiales de los funcionarios judiciales que están dificultando el avance de los procesos.

La empresa tiene US$ 23 millones de deuda de créditos priviliegiados (acreedores con prioridad para cobrar) y unos US$ 16 millones que corresponden a acreedores quirografarios, según supo El País.

Diario EL PAIS -  Montevideo - URUGUAY - 10 diciembre 2014