UNA POLÉMICA CANTERA
La guerra de los vecinos de Pueblo Edén contra una mina que traerá explosiones, camiones y mucho polvo
Un grupo de vecinos logró frenar por ahora el reinicio de la explotación de una vieja cantera minera en una zona de chacras y turismo tranquilo en Maldonado. Pero la historia no terminó.La ruta 12 se aleja de la costa allá por Portezuelo y de a poco se mete entre las sierras. Ni bien el auto atraviesa la ruta 9, aparece Pueblo Edén, un bucólico paraje fernandino que en el correr de los últimos años se ha consolidado como un lugar turístico bajo el eslogan de slow town (pueblo lento o tranquilo, en inglés).
La gente llega hasta este sitio para escapar de la locura puntaesteña, comer algo rico en alguno de los restoranes como el célebre La Posta de Vaimaca y bajar unos cambios. La zona de influencia, conocida como corredor del Edén, incluye chacras, olivares, bodegas, restoranes de campo, hotelitos y hasta una reciente plantación de cáñamo industrial.
Hace ya unos cuantos años se instaló, por ejemplo, el peluquero Roberto Giordano en la fastuosa chacra Villa del Edén. Y a unos 15 kilómetros reside el actor argentino Fabio Alberti, quien instaló el restorán Choto (ver aparte en un recuadro más abajo). En la zona viven argentinos, alemanes, holandeses, franceses, estadounidenses y uruguayos, claro, que conviven en forma bastante armónica con la gente del lugar.
En medio de todo eso, una cantera minera a cielo abierto. Tres explosiones semanales y 40 camiones diarios llevando polvo para aquí y para allá.
Ese es el escenario que se imaginan muchos vecinos y que la empresa no niega. ¿Pero tiene sentido hoy? ¿Es viable con el entorno del lugar? Y, si no lo es, ¿por qué una empresa tramitó durante una década un permiso y finalmente lo obtuvo?
La historia empezó tres décadas atrás con una vieja cantera que hoy luce abandonada y tapada por matorral pero que, aunque no existen registros oficiales, en su momento se usó para sacar piedra para la obra de la ruta 8 y del aeropuerto de Laguna del Sauce. Está a un kilómetro y medio de la ruta 9 y casi 10 antes de llegar a Pueblo Edén o Villa de Mataojo. En aquella época, cuando se explotó por primera vez, no había slow town, chacras lujosas ni restaurantes.
Es una de las más de 200 canteras de este tipo que hay en todo el país. Y a veces están muy cerca de zonas urbanizadas. En 2020 la producción de piedra bruta y piedra partida —eso es lo que se explotaría en Pueblo Edén— representó el 15,31% del total del sector áridos para la construcción, de acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige). La minería uruguaya es pequeña y la de cielo abierto, como esta, es la más extendida. En los últimos 15 años la producción minera representó en promedio el 0,40% del PIB a precios corrientes. Hay 364 empresas y 479 permisos otorgados. Se generan 2.615 puestos de trabajo, según Dinamige.
La empresa Sadaril S.A., que se dedica a fabricar hormigón, inició hace ya una década —en 2011, en concreto— el trámite para reflotar los permisos y explotar la vieja cantera, de donde pretende sacar piedra partida para llevarla a unas plantas donde elabora hormigón.
Su dueño, Leandro Sánchez, considera que el lugar es estratégico: se ubica al norte de la ruta 9 y cerca de una zona poblada como San Carlos, donde existen canteras que generan complicaciones por estar en medio de la ciudad.
“Se cumplieron todos los pasos necesarios y el proceso nos llevó mucho más de lo que pensábamos. Los trámites burocráticos demoraron mucho”, lamenta Sánchez, desde Montevideo. Dice que parte del proceso incluyó un estudio de tránsito, otro de viabilidad, de vientos y hasta la contratación de un sociólogo que hizo entrevistas: “Se buscó asegurar que el emprendimiento no generara inconvenientes donde se iba a hacer”.
Los vecinos, en cambio, dirán que faltaron muchos pasos, como una audiencia pública. También que no están en contra de la cantera, pero que ese no es lugar para una explotación así. Piden que se mueva, que salga del corredor de la ruta 12. Pero no todo es blanco o negro.
Los pasos que se dieron.
En mayo de 2019 hubo resolución favorable del ministerio de Vivienda, donde en ese entonces estaba la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama): se concedió la Autorización Ambiental Previa y la Autorización Ambiental de Operación para cinco padrones ubicados en la cuarta sección catastral de Maldonado que cubren un total de 52 hectáreas desde la ruta 12 hacia el oeste, hasta el Camino de las Torres.
Pero la autorización ambiental perdería vigencia a los dos años si no se iniciaba la actividad, según establece una resolución del Ministerio de Ambiente a la que accedió El País.
Esos dos años se cumplieron el 10 de mayo de 2021. Una resolución del ministerio relata que el 7 de junio la empresa informó que en mayo había comenzado las tareas preparatorias para la fase operativa.
El 5 de julio el Ministerio de Industria declaró la servidumbre minera de ocupación, que en los hechos autoriza a iniciar la explotación minera.
Más o menos en esa época los vecinos empezaron a ver movimientos en el lugar y enseguida se organizaron. Grabaron videos, contrataron abogado, pusieron carteles, les rompieron los carteles por la noche, los volvieron a colocar. Juntaron unas 200 firmas de gente de la zona (solo en el pueblo viven 85, según el último censo). Pidieron reuniones con legisladores y gobernantes y tuvieron cierto eco, salvo en el Ministerio de Turismo, donde curiosamente el tema no generó el más mínimo interés.
Allí, rápidos, se movieron los diputados de la zona. El nacionalista Rodrigo Blás, que luego adoptaría una postura distinta y no tan cercana a la de los vecinos, elevó en octubre un pedido a los ministerios de Industria y Ambiente para dar por caducado el permiso y preservar la zona como punto turístico y residencial. El frenteamplista Eduardo Antonini envió pedidos de informe a los ministerios de Industria, Turismo y Ambiente, donde denunció que el destino turístico de la zona “se vería en gravísimo riesgo de perderse, en función de un proyecto de explotación de cantera de piedra”. El cabildante Sebastián Cal llamó al líder de su partido, Guido Manini Ríos, y organizaron una gran movida en el lugar el 27 de noviembre, donde participaron unas 100 personas.
Un mes antes, el 21 de octubre, técnicos del Ministerio de Ambiente constataron que no había actividad en el predio ni maquinaria, que la portería estaba trancada, el trillo de acceso empastado y que no existía cartelería identificatoria. El día siguiente hubo una nueva inspección coordinada con el arquitecto de la empresa, y allí recién se constató “el inicio de los trabajos de mejora de la caminería interna y las plataformas de operación”, dice una resolución ministerial.
El gobierno interviene.
El ministro de Industria, Omar Paganini, recibió el 23 de diciembre a un pequeño grupo de vecinos en Montevideo y unos días después llegó la resolución del Ministerio de Ambiente: la autorización ambiental había caído porque no se habían realizado intervenciones en dos años y se le pidió a la empresa que iniciara los trámites para un nuevo permiso. La resolución lleva la firma del director de Calidad y Evaluación Ambiental, Eduardo López.
El propio Peña fue hasta Edén el 30 de diciembre y explicó a los vecinos que la actividad minera no está prohibida en la zona. O sea, desde el punto de vista del ordenamiento territorial y de las directrices departamentales, no hay restricciones. “Luego está la discusión de si eso es compatible con el enfoque turístico que los vecinos le quieren dar a ese lugar”, dice Peña a El País tras una larga jornada de trabajo en la Torre Ejecutiva. “Pero nosotros en el ministerio, en las condiciones actuales, no tenemos elementos para impedir el desarrollo”, admite.
El ministro estudió el expediente y también le contó a los vecinos que el proyecto originalmente fue clasificado como A, lo que implica impactos ambientales escasos. Pero eso podría cambiar, porque luego viene B (impactos significativos a mitigar), C (impactos muy significativos) y alta complejidad (grandes proyectos como UPM o Aratirí en su momento).
Peña dice que el componente de la movilización de los vecinos hará que el proyecto, si se vuelve a otorgar, se clasifique como B. “Eso incluye una serie mayor de exigencias que debe cumplir la empresa. Puede caber la audiencia pública si hay mucha presión de la sociedad, aunque es propia del C”, indica el ministro
Desde Dinamige, el director Marcelo Pugliesi afirma que el trámite en Industria quedó suspendido hasta tanto no esté la autorización ambiental. Y desliza que el problema fue la demora del proceso y que en pocos años el paisaje del lugar cambió: “Quizás una explotación para piedra triturada no sea lo más adecuado para la zona ahora, con explosivos y polvo en la vuelta”.
El reclamo de la gente del lugar, admite, “es atendible”. Larga una risa y agrega: “Si yo fuera minero no hubiera puesto una cantera ahí porque sabés que vas a tener reclamos”.
El diputado Antonini ironiza que “lo que se sacará de ahí no es diamante, sino piedra para hacer hormigón”, como en tantas otras canteras ubicadas en lugares que se le ocurren más adecuados en Maldonado.
El diputado Blás, en cambio, está a favor de buscar una postura intermedia, como regular y reducir el tiempo y lugar de explotación, porque entiende que la minería es natural en el campo aunque en una zona de residencias como esta “hay actividades que molestan” y los vecinos “quieren que no haya nada”. Prohibir si se cumplen los requisitos “no es posible”, explotar sin tener en cuenta las nuevas condiciones del lugar “también es peligroso”, dice el legislador blanco.
Ya se sabe que la empresa, en tanto, apelará la decisión porque entiende que la decisión de Ambiente no corresponde. Su dueño afirma que el plazo no caducó y que están en tiempo y forma. Pero eso lo veremos más adelante.
Gente en lucha.
Todos los minerales que están bajo tierra son propiedad del Estado, que da la autorización al que los descubra (no necesariamente es el propietario del campo). En este caso hay cinco padrones que serían afectados por la explotación minera y recibirían un canon por ello. Según supo El País, solo uno de esos propietarios está a favor de la cantera. Los demás se oponen. En los alrededores hay 11 chacras, un arroyo y casas a pocos metros. Los dueños de esas propiedades son los que iniciaron la movida contra la cantera, que luego llegó hasta el propio Pueblo Edén.
Algunos de esos vecinos quieren bajo perfil y no hablan. Tienen miedo que, ahora que frenaron el avance, todo se complique otra vez si toma estado público a corto plazo.
Otros no tienen problema en dar la cara. Como Alfredo Veiga, quien relata que la cantera “está en el patio” de su casa y que el poco dinero que cobrará no justifica todo lo que perderá. Su testimonio aparece aparte al final de este artículo.
El abogado argentino Adrián Figueroa, mientras, se presenta como “vecino comprometido con Uruguay” desde hace décadas. Tiene 55 años de edad y es dueño de la chacra Victoria, a tres kilómetros de la cantera. En la zona descansan las cenizas de su abuela, su padre y uno de sus hermanos. Se siente tan uruguayo que ya sacó la cédula de identidad. Acá pasa el verano
Lo grave, dice Figueroa, es que se genere “un antecedente” y se autorice una cantera en una zona vinculada al ecoturismo y cuidado del medio ambiente. “Por eso fue la reacción de la comunidad”, explica en su casa con una espléndida vista a las sierras, “los que elegimos vivir acá es porque confluyen un montón de valores vinculados a los recursos naturales” y además “el interés de un privado no puede afectar el interés público de bienestar general”.
En esa misma línea, el empresario Juan Carlos Hermelo dice que los vecinos solo quieren “vivir tranquilos” y que la canteras deben existir, pero no en este sitio. “Acá es inviable por donde se mire”, afirma Hermelo, quien tiene un restorán de campo en la zona y agradece al gobierno por la última decisión ministerial pero al mismo tiempo dice que ni al intendente Enrique Antía ni al diputado Blás “les interesó” la postura contra la cantera.
Manuel Varela, un referente en la zona y hoy jubilado, dice que con Blás no pudieron “seguir la misma ruta” ya que, después de su planteo inicial, lo llamó y le dijo que “esto no se puede parar”. Varela tiene un pequeño campo cerca de la cantera (“esto es como que pongan una cantera de piedra molida en medio de un barrio privado”) y avisa: “Si las aguas se ponen turbulentas, tenemos que seguir adelante y vamos a seguir”.
Pero no todos están en guerra contra la mina. Algunos vecinos creen que la movida es algo injusta. Una de ellas es la encargada del tradicional restaurante La Posta de Vaimaca, ubicado en el medio del pueblo (ver más abajo).
Algo curioso: esta no es la única cantera en la zona. Pasando Edén existe una cantera de balasto que, según Dinamige, es “ilegal” y ha recibido multas de más de 40.000 unidades indexadas (unos 200.000 pesos al valor actual) a partir de denuncias. La diferencia es que el balasto no requiere explosiones, es menos invasivo.
OTRA OPINIÓN
"Es un reclamo muy hipócrita"
El actor argentino Fabio Alberti vive en una chacra cerca de Pueblo Edén, donde puso el restaurante Choto. Alberti, famoso por sus actuaciones en los míticos programas argentinos Cha cha cha y Todo por dos pesos, responde a El País vía WhatsApp y dice que no está demasiado “imbuido” en el tema de la cantera y no quiere opinar: “Me queda a 15 kilómetros”. A diferencia de otros vecinos de la zona, decidió no firmar contra la cantera. En cambio, la encargada del restaurante La Posta de Vaimaca, María Inés Núñez, está decididamente en contra de los reclamos de los vecinos y lo dice sin vueltas: “Me parece muy hipócrita, esta zona se hizo con canteras porque el lugar da piedra. Me gustaría que todo el que proteste no use material de la cantera y se haga casitas de barro y madera”. Núñez admite que al reclamo “se une todo el mundo en la zona, incluso gente que ha hecha plata con fábricas de descartables”. Ella dice que, si la cambian de lugar, “a otro vecino le va a molestar, hay que ser realista”. Además, piensa que la cantera podría ayudar a proporcionar material a la demorada obra de la ruta 12, que empezaría este año.
La defensa de la empresa.
¿Y la empresa? Su postura es que no caducó el plazo de dos años que dio la Dinama, porque no estaba pronta la servidumbre de ocupación ni el titulo minero que otorga Dinamige. Los plazos no corren porque no podían entrar al terreno a trabajar, afirman.
Sánchez, el propietario, avisa además que la cantera generará más de 20 puestos de trabajo directos y que explotaciones como esta deben convivir con el turismo.
—Vinieron vecinos de Pueblo Edén (a quejarse) como podrían venir vecinos de Cerro Pelado, que tienen una casita y le explotan piedras a 50 metros diez veces por día -se defiende Sánchez-. Hay canteras en San Carlos y en Maldonado que afectan a barrios enteros. Pero la tendencia es que las canteras empiecen a funcionar lejos de esos lugares.
—¿Qué le dice a los vecinos si los tuviera acá?
—Yo entiendo a los vecinos que verán pasar un camión pero el mundo real funciona así. La operación no los afectará en su día a día porque cumpliremos con las exigencias. Ellos tienen su chacra, yo tengo una empresa que tomará recaudos para que la convivencia sea en paz y razonable. No tengo mucho más para decirles. Pero quiero que se me entienda: llevo once años invirtiendo con gente especializada para viabilizar algo, la contraparte me dijo que lo puedo hacer. Después se entera alguien y me dice que no puedo porque habrá tres explosiones a la semana. No es la forma.
—¿Cuánto invirtió hasta ahora?
—No te quiero decir una cifra sensacionalista. Te podría decir un disparate. Yo solo pido que me dejen trabajar.
Alfredo Veiga es un protagonista directo de esta historia. Jubilado carpintero de 68 años, parte de la zona de la cantera está dentro de su campo, que compró hace 23 años, cuando aún funcionaba la explotación original.
De las 52 hectáreas tomadas para el emprendimiento, Veiga es propietario de 10 y tiene casa en el lugar.
En 2016, dice, le enviaron un cedulón comunicando la inminente expropiación. En ese momento se asesoró con un abogado, ya que él quería hacer “algo turístico” en el sitio, pero le dijeron que ni se molestara. “Cuando la minería se mete en un tema, es imposible”, le advirtieron. Y sintió algo así como un “arrebato” a sus derechos como ciudadano, cuenta.
Pero pasaron los años y no hubo novedades. “Esto no va a marchar”, pensó, y mientras tanto destinó el lugar a criar ganado. Pero en febrero pasado se enteró que el proyecto sigue.
“Yo prácticamente tengo la cantera en el patio de mi casa”, afirma desde Edén. “Estoy a 150 metros de la cantera”.
Si la explotación se concreta, Veiga deberá ceder esas 10 hectáreas y quedarse solo con cinco, donde tiene su casa. Y recibirá un canon durante 15 años. “Pero es una miseria”, avisa. El primer semestre es 65.000 pesos y luego 12.500 pesos por año. “Cuando te den el campo, no sirve para nada”, lamenta.
Dice que es apolítico, aunque reconoce que el gobierno actual se ha preocupado y destaca que el ministro de Ambiente Adrián Peña visitó su campo el 30 de diciembre. En el encuentro estuvieron unos 60 vecinos.
Veiga está un poco más tranquilo tras esa reunión, pero no se confía nada. “Estas son empresas poderosas que se moverán para sacar adelante el permiso”, adelanta. “Nosotros sabemos que ellos hicieron las cosas correctas. Lo que cuestionamos es la manera en que le dieron la autorización. Que saquen el permiso en otro lado”.
Cuando termina la charla, manda la foto de la casa por WhatsApp, a unos metros de la cantera. “Si podés ponela en la nota, para que vean que es una cabañita bien sencilla que la hicimos con mi familia. No soy un capitalista de 500 hectáreas, no soy de dinero. Estamos acá y, si nos meten la cantera, nos tendremos que ir”.