Proyecto opaco
A medida que trasciende más información sobre las negociaciones y alcances del acuerdo firmado entre la Presidencia de la República y la empresa finlandesa interesada en construir su segunda pastera en territorio uruguayo, aumenta nuestra sorpresa.
Como se sabe, ese acuerdo incluye muchas exigencias impuestas por la empresa extranjera pero ninguna de parte del Poder Ejecutivo. Hace acordar a esos documentos firmados entre el ejército triunfador y el perdedor de una guerra, en el cual éste último no tiene posibilidades de negociar ninguna condición.
Veamos sólo un ejemplo.
Nuestro país debe asegurarle a UPM la construcción de un tendido ferroviario nuevo y siguiendo especificaciones precisas para transportar la enorme producción de celulosa de la planta (1.8 millones de toneladas anuales), entre Paso de los Toros y el Puerto de Montevideo. Incluye rectificación del trazado actual, expropiaciones, refuerzo de puentes, construir algunos nuevos, etc.
También debe cederle una terminal especializada de acopio y embarque de celulosa en el puerto de Montevideo por medio siglo, incluyendo la construcción de un viaducto de acceso a la terminal portuaria.
Estamos hablado de cifras millonarias que destinaremos con el único fin de intentar convencer a la empresa que construya su planta en Durazno.
El Ministerio de Obras Públicas anunció que este mes comenzarán las obras para el "ferrocarril UPM". Días atrás se abrió la licitación para la terminal portuaria; y como se esperaba fue la empresa finlandesa la única que se presentó.
En síntesis, nuestros gobernantes nos embarcan en multimillonarios gastos del erario público, mientras UPM tiene plazo para definir si construye la pastera ¡hasta el 14 de febrero de 2020!
¿Por qué tanta antelación? Simple; como lo ha anunciado la propia empresa, antes de tomar la decisión final de inversión en el país, espera que el gobierno uruguayo concrete avances significativos en la implementación de esas obras de infraestructura (que fueran acordadas como requisitos sine qua non —entre otros— para avanzar en la negociación). Cuando estas concluyan satisfactoriamente para UPM, recién entonces iniciará el proceso regular de análisis y preparación de una decisión de inversión. Por eso, dispone de algo más de un año para responder si instalará su segunda pastera en el territorio nacional. Nuestro país gastará todo ese dinero sin saber si UPM finalmente realizará su inversión aquí.
Si llegado el momento decide no hacerlo, ¿qué haremos con una flamante red ferroviaria diseñada para el traslado de enormes volúmenes de carga? Recordemos que lamentablemente nuestra realidad marca que esa opción de transporte es hoy un triste vestigio de lo que fuera en otros tiempos —a pesar de las pomposas promesas de la administración anterior. ¿Y qué uso le daremos a las obras hechas para posibilitar la construcción de la terminal de celulosa en nuestro principal puerto?
Volviendo a las extraordinarias concesiones gubernamentales ofrecidas al inversor extranjero, flota en el aire una pregunta elemental: ¿por qué el Ejecutivo no le da algunos de estos generosos beneficios a los emprendimientos locales, sabiendo lo duro y difícil que están las cosas para los uruguayos que, a pesar de todo, continúan invirtiendo en la producción nacional?