Cuesta abajo
A cada paso que se avanza en el proyecto que impulsa el gobierno de construir la nueva planta productora de celulosa sobre el río Negro, surgen más absurdos.
Arrogándose una potestad constitucional que no posee, la Presidencia firmó un acuerdo con UPM en el cual acepta toda clase de imposiciones a la espera de que, finalmente la empresa extranjera se decida a realizar la inversión.
¡Increíble! Pero lo es aún más, lo variopinto de las concesiones a qué está dispuesta a darle a la pastera.
Acordaron: la exoneración o rebaja de impuestos; la concesión de zona franca; la flexibilización de las normas laborales, garantizando que no habrá ocupaciones ni huelgas; reformas educativas actualizando programas de UTU, en especial en Paso de los Toros; el suministro de energía barata; el compromiso de comprar la electricidad excedente que produzca la planta a un buen precio ya fijado, sin importar los vaivenes de los costes; realizar reformas legislativas incorporando estos acuerdos al derecho positivo, que entre otras modificaciones pretende que el Poder Legislativo quede imposibilitado de intervenir en los contenidos del acuerdo firmado; mejorar sustancialmente la infraestructura vial tomando en cuenta la circulación de camiones de 48 toneladas; modernizar la red ferroviaria Paso de los Toros-Puerto de Montevideo —lo que incluirá nuevos tramos, expropiaciones y fuertes impactos ambientales en las zonas pobladas; la elevación de la cota del lago Rincón del Bonete para garantizarle todo el año un suministro seguro de agua; el sitio de instalación en las proximidades de Pueblo Centenario cuando ni siquiera conocen la opinión y aprobación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente —por lo visto consideran que es un mero trámite burocrático que no representará un problema; la cesión de una terminal especializada de acopio y embarque de celulosa en el puerto de Montevideo.
La novedad tiene que ver con esta última exigencia de la empresa. Oportunamente se confeccionó y quedó a disposición de los interesados el pliego de condiciones para conceder dicha terminal. Sólo lo adquirió UPM quién luego de realizarle sus observaciones al directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), en sesión especial y rápida sus miembros oficialistas autorizaron introducirle cinco modificaciones, una de las cuales es eliminar la demanda mínima de recibir y embarcar 1.8 millones de toneladas al año de celulosa —por lo que se pagará el canon correspondiente— establecida en el pliego original.
Esta modificación significará un perjuicio casi seguro para la ANP pues ya no tendrá la certeza de contar con esos montos millonarios, en tiempos en que deberá afrontar grandes inversiones, como el nuevo viaducto de ingreso al puerto. Si como intentó justificarse el presidente del Puerto Alberto Díaz, no hay que preocuparse porque es seguro que se va a producir la carga necesaria antes referida, ¿por qué eliminaron esa cláusula?
Nuevamente, de haber pérdidas estas serán para el país. Queda grotescamente demostrado que sólo una de las partes asume riesgos. Es una decisión política —sin respaldo de sus técnicos— que coincide con el año electoral, dejando en evidencia la necesidad del partido de gobierno de mostrar algún éxito en su gestión.
Se inició mal y continúa peor.