Productores arachanes aseguran que serán perjudicados por incluir sus campos en áreas protegidas, ya que no podrán forestar

Unos 70 productores agropecuarios del departamento de Cerro Largo cuestionan la decisión del Poder Ejecutivo de incluir 37.273 hectáreas de l as l ocalidades de Sierra de los Ríos y Paso Centurión, que incluyen territorio fronterizo con Brasil, en el Sistema Nacional de Areas Protegidas ( SNAP). Es que esa determinación que se encuentra en proceso definitorio significará la prohibición de ciertas actividades como la forestación en esos campos, lo que perjudicará a las inversiones ya concretadas, sostienen.

Algunas empresas forestales de gran porte fueron notificadas sobre la medida, que supondrá una alteración en planes productivos de las mismas en esa zona.

En 2007 la Junta Departamental arachana declaró como reserva un área de 26.854 hectáreas en esos lugares y en 2011 adoptó medidas cautelares en las que prohibió forestar en esa zona. En 2009 la organización Birdlife Internacional declaró esa área como de i mportancia para la conservación de aves.

Los productores consultados por Búsqueda argumentan que algunos de los suelos fueron declarados de prioridad forestal, como parte de la política sectorial establecida por una ley en 1997, y que apostaron a esa actividad. En esos campos “es muy difícil” realizar ganadería o agricultura y “la forestación se convirtió en una salvación” para el productor, aseguraron.

Respecto a los suelos de prioridad forestal, de acuerdo a las características topográficas de la región, esa área abarca altiplanicies con una extensión de 4.922 hectáreas que representan 13,2% del total, y 8.744 hectáreas de colinas sedimentarias que comprenden 23,5% del total, según información de la Dirección Nacional de Medio Ambiente ( Dinama) incluida en un manifiesto publicado en setiembre. En conjunto implican 13.666 hectáreas que acaparan 38% del total.

Al inicio de la década del 2000 no había interés en la compra de campos en esa zona, ni siquiera a precios de US$ 150 por hectárea, pero con el auge de la forestación se llegaron a concretar transacciones de tierras por US$ 2.000 la hectárea y más, comentaron los productores. Considerando la prohibición prevista, los ruralistas advierten una pérdida del valor de sus establecimientos.

Ese grupo de ruralistas reconocen y comparten el objetivo de preservar la fauna y flora del lugar, pero dicen que no están de acuerdo en que para ello sea necesario prohibir la forestación en todo ese territorio. Eso se podría lograr con una “regulación y un control” específico, señalaron.

Otros actores que serán perjudicados por la medida a ser implementada por la Dinama son empresas forestadoras que invirtieron en la compra de campos y en las plantaciones de árboles en esa zona. Esa repartición ministerial ya les avisó que esas firmas serán autorizadas a realizar la cosecha correspondiente y no permitirán un segundo corte, dijo Ignacio Gigena, uno de los productores afectados.

Acotó que, al no estar prevista indemnización alguna para esos inversores, algunas empre- sas evalúan realizar juicios al Estado al verse perjudicadas. Se trata de las grandes forestadoras que operan en Uruguay, como Forestal Oriental y Lumin, entre otras, indicó.

Aparte de “todo proceso urbanizador”, en esa área protegida se prohibirá el engorde de ganado en corrales, el monocultivo forestal para producción de madera y/ o pulpa de papel, la minería, la instalación de parques eólicos, entre otras, de acuerdo al manifiesto de la Dinama.

Mientras, la decisión no implicará “limitaciones adicionales” a la normativa vigente respecto a los cultivos agrícolas, de secano, forrajeros y hortifrutícolas, así como para la ganadería, que no tendrá restricciones sobre la carga ganadera, el tránsito de animales y el uso de específicos veterinarios, señala.

En cuanto a l os elementos de preservación que sostienen l a propuesta de inclusión de la zona en el sistema de áreas protegidas, la Dinama detalló que en el lugar fueron detectadas 276 especies de vertebrados: 25 anfibios, 36 reptiles, 189 aves y 46 mamíferos, como yaguatirica, aguará guazú, paca, cuica de agua y el yaguarundi. Esas especies, en función de cada grupo, representan en promedio 50% del total de especies registradas en Uruguay, indicó.

Respecto a la fl ora, esa repartición planteó que hay más de 200 especies, de las cuales 13 son nuevas dentro de las que figuran en el sistema en cuestión.

Candente. El lunes 5 en la ciudad de Melo hubo una reunión entre pobladores de las zonas afectadas por la medida y representantes del SNAP, principalmente técnicos de la Dinama. El encuentro fue candente por el intercambio de comentarios y acusaciones entre ambas partes, relataron a Búsqueda participantes del mismo.

Contaron que algunos propietarios de campos que serán incluídos en el área protegida criticaron la falta de previsión por parte de los responsables del proyecto, así como por la escasa participación de los productores en la discusión del plan.

Gigena, uno de los productores que cuestiona el proyecto del SNAP, reconoció que tuvo un par de cruces con jerarcas y con algún vecino al debatir sobre el impacto de la medida en cuestión.

Es que hay errores en el diseño y en los planos elaborados en el proyecto, que terminan por perjudicar a los propietarios y a los emprendimientos productivos de la zona, consideró.

Vaticinó que si no hay cambios en el proyecto tal cual está elaborado, esa decisión del Ejecutivo significará el fin de la actividad agropecuaria en gran parte de Cerro Largo, donde además de ganadería y forestación, hay cultivo de arroz.

Semanario BUSQUEDA . Montevideo - URUGUAY - 08 noviembre 2018