El Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas recomienda observar el contrato entre el gobierno y UPM referido a energía
El contrato de coiti-praventa de ener-gía entre el gobierno y UPM, que establece que UTE compre el 100% del excedente de energía eléctrica generada por la pastera finlandesa en sus procesos industriales, “puede afectar las condiciones competitivas del mercado energético”, advierte un informe del Departamento Jurídico del Tribunal de Cüentas al que accedió Búsqueda.
Aunque el asunto está previsto que sea tratado por el Tribunal de Cuentas la semana próxima, el documento recomienda al organismo observar el gasto relacionado con el contrato, que forma parte del acuerdo de inversión global firmado en noviembre entre Uruguay y UPM.
“En tanto el objeto del contrato de compraventa de energía refiere a un sector del mercado regulado, corresponde solicitar a la Ursea se expida respecto a las condiciones establecidas en la medida que estas puedan afectar las condiciones competitivas del mercado energético”, sugiere el informe, elaborado el lunes 7, en referencia a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), la institución estatal encargada de la fiscalización y el asesoramiento en; los sectores de energía, combustible y agua.
El contrato de compraventa de energía eléctrica entre UTE y UPM integra a laé dos plantas de producción de pasta de celulosa que la compañía tendrá en el país: la ya existente en Fray Bentos y la que Se estima será construida en pueblo Centenario, Durazno, a partir de 2020. El acuerdo obliga a UTE a la compra del 100% del excedente de energía eléctrica generada como consecuencia del proceso industrial, por un plazo de veinte años y a un precio que debe situarse en los 72,5 US$/MWh durante todo ese período. Por otro lado permite que en algunos casos la energía eléctrica generada en ambas fábricas pueda ser vendida al mercado doméstico spoto exportada a Argentina, Brasil o cualquier otro país si UPM decidiera hacerlo en el marco normativo y comercial vigente; también la posibilidad de que se venda la energía eléctrica a cualquier usuario que se encuentre ubicado en cualesquiera de las zonas francas donde se ubicarán las dos plantas.
Más allá del cuestio-namiento específico sobre este punto comercial, el Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas también observa el punto relativo a la cesión de contrato entre UPM y UTE, que compromete al ente autónomo a no rechazar la cesión en caso de que el cesionario sea una persona aceptable y/o afiliada a UPM.
El hecho de que UTE no pueda negarse a que UPM ceda total o parcialmente cualesquiera de los derechos y obligaciones emergentes del contrato, “contraviene lo dispuesto por el artículo 75 del Tocaf, en tanto dicha norma legal establece que la aceptación de la cesión constituye en todos tos casos un mero poder y no un deber como los contratos lo prevén en determinadas hipótesis”, afirma el documento. Agrega que esa parte del acuerdo circunscribe el concepto de persona aceptable, “autolimitándose indebidamente” de esa manera a UTE en la posibilidad de rechazar la cesión
UPM proyecta su segunda planta en pueblo Centenario
• Agua subterránea. El segundo em-prendimiento de UPM en el país consiste en la construcción y operación en régimen de zona franca de una planta industrial para la producción de pasta de celulosa a partir de madera de eucalipto, con una capacidad nominal dé producción de 2,1 millones de toneladas por año.
El plan de Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) que presentó UPM en febrero al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente señala que para la fase de construcción se dispondrá de una planta para el suministro de agua potable, así como de una planta de tratamiento de aguas residuales. “Tanto la fuente de agua, como el cuerpo receptor de estas plantas, será el río Negro. No obstante, es posible que esta fuente de agua se complemente con algún pozo de agua subterránea, según disponibilidad”, detalla el reporte, que define al agua subterránea como la que se aloja y circula en el subsuelo, conformando los acuíferos.
El sitio web Sudestada informó el martes 8 que para ese fin la empresa pretende utilizar el acuífero Tacuarembó, porción uruguaya del acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta compartida entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. “Eso todavía no se ha determinado”, respondió ayer miércoles en Radio Uruguay la ministra de Vivienda, Eneida de León. “Eso tendrán que plantearlo y se estudiará y se resolverá. La Dirección Nacional de Agua da los permisos para esas extracciones de agua subterránea, que quizás sea viable en ese lugar”. Por lo pronto, UPM manifestó en su reporte que según el Mapa Hidrogeológico del Uruguay, la fábrica de pueblo Centenario se emplazará en una zona de acuíferos en rocas con porosidad por fracturas y niveles de alteración o disolución cárstica, “con alta a media probabilidad para agua subterránea”.