Pelota UPM en campo uruguayo
La oposición objeta el acuerdo del gobierno con UPM argumentando desequilibrio en los compromisos asumidos y en el secretismo en que se negoció. Ha señalado que Uruguay se obliga a costosas obras inmediatas pero la empresa finlandesa no da por segura su inversión, limitándose en cambio a decidir dentro de dos años si construye o no su nueva planta de celulosa. La realidad es algo diferente.
La gigantesca inversión externa de unos US$ 4.000 millones, sin precedentes en el país, con seguridad se concretará siempre y cuando el gobierno uruguayo cumpla en tiempo y forma con las obras de infraestructura que le corresponde completar, así como con cláusulas referidas al campo laboral.
El hecho de que UPM se reserve el derecho a decidir recién en 2020 refleja su falta de certeza en el cumplimiento uruguayo de los plazos dispuestos para la construcción del ferrocarril entre Paso de los Toros y Montevideo, las obras conexas en su tendido y en el puerto de la capital y el mejoramiento de la red vial. Razones para esta precaución no le faltan a los finlandeses, dada la repetida historia local de obras que se estiran mucho más allá de lo previsto, tanto por el peso de la burocracia estatal como por dificultades técnicas y de financiamiento. El gobierno anuncia como inminente la apertura de los pliegos de licitación para que capitales extranjeros accedan a aportar gran parte de los US$ 1.000 millones que costarán las obras que le corresponde a Uruguay, como contraparte de la inversión de UPM. La asociación de capitales privados con el Estado es decisiva dada la carencia de fondos propios para solventar las obras.
El resultado de esta asociación con privados que procura el gobierno no se verá hasta dentro de algunos meses, cuando quedarán más claras las perspectivas de que el gobierno cumpla sus compromisos en las fechas acordadas. Nadie discrepa con la conveniencia de contar con una tercera pastera que generará crecimiento económico y empleo y que apareja además un valioso mejoramiento de los sistemas vial y ferroviario. Pero es lógico que persista incertidumbre, pese a las declaraciones optimistas de varios ministros durante su reciente comparecencia en el Parlamento. El titular de Economía, Danilo Astori, sostuvo “que una firma de ese prestigio realice la mayor inversión de su historia en Uruguay es un enorme voto de confianza” en el país. Condicionó algo su afirmación al señalar que todo depende de “si la inversión se realiza”. Pero el “voto de confianza” que enfatizó es por ahora una esperanza, tal vez justificada pero esperanza al fin, cuya concreción depende exclusivamente de lo que resuelva UPM dentro de dos años según el gobierno haya cumplido satisfactoriamente las obligaciones asumidas.
Si se concreta el sí final, Uruguay se convertirá en el segundo mayor exportador de pasta de celulosa en el mundo, otros inversores externos se sentirán más atraídos a venir al país, aumentará el Producto Interno Bruto y se crearán nuevos empleos, muchos de ellos de alto nivel técnico. Si fracasa, como señalaron legisladores de la oposición, pasará en cambio a engrosar la lista de grandes proyectos frustrados de los gobiernos del Frente Amplio. Evitarlo requiere una diligencia eficiente que ha estado ausente hasta ahora en muchos planes oficiales que quedan en la nada o se demoran o, como el agonizante corredor Garzón, se hacen mal. Y habrá que establecer una legislación laboral que no es del agrado del PIT-CNT, que ya dijo que no va a cumplir lo que dispone la OIT.