Según Mariana Hill, el MGAP no cree que “se vaya a desarrollar mucho el riego a partir de esta ley”, aunque “puede crecer un poco”
Daniel Panario, docente de la Facultad de Ciencias; Rafael Terra, docente de Ingeniería; Mariana Hill, directora de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Nancy Espasandín, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida; Yerú Pardiñas, senador suplente y ex secretario general del Partido Socialista,
y Andrés Carvajales, biólogo e integrante del sector frenteamplista Casa Grande, fueron los oradores de la “Mesa de debate sobre la Ley de Riego en Uruguay”, que se desarrolló el lunes en la Facultad de Ciencias, organizada por la Comisión de Estudiantes en Lucha por la Tierra de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y el Centro de Estudiantes de Ciencias.
Las modificaciones a la ley de riego que aprobó en octubre el Parlamento tienen el fin de multiplicar los embalses y habilitan a personas físicas o jurídicas ajenas a la producción –e incluso extranjeras– a crear sistemas de riego, con beneficios fiscales. Hoy cuentan con riego 40.000 hectáreas, que mayoritariamente están destinadas a cultivos de arroz; ante los grandes cuestionamientos ambientales que tiene esta ley –por la multiplicación de embalses, que modifican la dinámica de los cursos de agua y favorecen la aparición de cianobacterias– Hill expresó: “Honestamente, no pensamos que se vaya a desarrollar mucho el riego a partir de esta ley; puede crecer un poco”, y dijo que como escenario de máxima se espera llegar a 300.000 hectáreas con riego, mientras que un escenario de mínima maneja la cifra de 80.000 hectáreas más que las actuales.
Amanda Muñoz
Terra expresó que las modificaciones apuntan a cuestiones jurídicas que habilitan el riego asociativo, y que muchas cosas que hoy se cuestionan ya podían hacerse hace diez y 20 años (la ley de riego es de 1997). Señaló que si el cambio de un régimen lótico a uno léntico (es decir, de agua que fluye a agua estancada) no tiene una gestión adecuada, será “un camino hacia la eutrofización”. Agregó que hoy los embalses son mayoritariamente individuales y que están en la parte baja de las cuencas, y que se apunta a embalses multiprediales y asociativos, pero que hay que gestionarlos bien para que no impacten negativamente en las cuencas altas. Por eso consideró clave “poner en reglamentación elementos que permitan gestionar ese embalse”. Panario hizo énfasis en el incremento exponencial del uso de plaguicidas y fertilizantes en los últimos 13 años, y afirmó que, contrariamente a lo que expresa el gobierno, “nuestros ríos en las nacientes ya tienen niveles de fósforo suficientes para generar eutrofización”. Dijo que los planes de uso y manejo del suelo “no se están aplicando realmente como se deben aplicar”, y que al MGAP no le interesa fiscalizar que se cumplan.
Al igual que lo ha hecho el titular del MGAP, Tabaré Aguerre, Hill destacó que la ley busca “transformar un país que espera la lluvia” en uno que la almacena, la conduce y la aprovecha, pero reconoció que “hay que hacerlo bien”. Dijo que la inversión pública en este momento tiene otros destinos, como la salud y la educación, y por eso hay que incentivar la inversión privada en riego. Dijo que pueden invertir “AFAP nacionales o una empresa de camiones”, aseguró que se cumplen los planes de uso y manejo del suelo, alegó que las modificaciones mejorarán la gestión ambiental de los embalses y que se establece que los cursos de agua deben mantener un caudal ambiental mínimo (que hay que definir).
Espasandín mencionó la necesidad de hacer un análisis multidimensional y cuestionó que detrás de esta ley esté el Banco Mundial. Dijo que quienes implementarán los sistemas de riego se enriquecerán, y que lo harán con “la garantía del gobierno”, con “créditos blandos”. Señaló que la ley –“privatizadora e inconstitucional”– contradice la reforma constitucional de 2004, que tuvo el espíritu de anteponer las razones de orden social a las económicas en la gestión del agua y que permitió estatizar servicios de agua potable y saneamiento que habían sido privatizados y asegurar la participación de la sociedad civil en la gestión de los recursos hídricos. Luego afirmó que se presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y ante la Corte Interamericana, y se impulsará la recolección de firmas para habilitar un plebiscito.
Pardiñas defendió la ley, por entender que es “una herramienta para desarrollar el país” y la producción. Aseguró que “no va a ser el boom verde”, que la ley no está en contradicción con la reforma de la Constitución y que se está pensando en “defender el ambiente”.
Carvajales trató de articular entre las posiciones diametralmente opuestas y pidió no generar “diálogos de sordos”. Dijo que Casa Grande integra el Frente Amplio pero que discrepa con el modelo de desarrollo, porque debe evitarse la profundización de las desigualdades, y porque esta ley apunta a promover la agricultura de secano, el modelo agroexportador y sojero. Agradeció no haber escuchado decir que el agua que se escurre por los cursos de agua “se pierde porque se va al mar”, como sostuvieron los defensores de esta ley hasta que, públicamente, colectivos de docentes universitarios rebatieron ese argumento. Alegó que el debate se generó después de la aprobación de la ley porque “actores de la sociedad civil no se sintieron convocados” y, con cierta autocrítica, dijo que la academia “ha respondido, en algunos casos, a destiempo”. Criticó a Hill diciendo que cuestionar la ley no implica tener “una posición de derecha y conservadora”, como había dicho la jerarca días atrás a la diaria –mientras Carvajal hablaba, Hill asentía y decía: “Sabía que me iban a pasar la cuenta”– y pidió “desarrollar una política de precaución” para evitar daños imprevistos.
LA DIARIA . Montevideo - URUGUAY . 22 noviembre 2017