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Uso UTEUso desviado del fondo de UTE

Puede entenderse la conclusión oficial de que el mejoramiento del marco energético permite reducir el fondo de reserva de UTE para eventuales emergencias. Pero transgrede el manejo correcto de las finanzas públicas desviar esos recursos de su fin específico para asignarlos a paliar apremios que el gobierno no atiende por las vías adecuadas.

El ministro de Economía, Danilo Astori, soslayó la incongruencia de la medida al limitarse a anunciar que 60% del Fondo de Estabilización Energética (FEE) pasará a engrosar la bolsa gubernamental, para ayudar a solventar las obras de infraestructura de las que depende que UPM instale en Uruguay una nueva planta de celulosa. Explicó que de los US$ 300 millones del FEE, el gobierno se apodera de US$ 180 millones. Los restantes US$ 120 millones son intocables, según la normativa legal. De lo contrario hasta este remanente que le dejan a UTE probablemente también habría sido manoteado.

Lo que el ministro eludió fue el destino natural de una reducción del FEE. Fue instituido exclusivamente para evitar saltos mayores en las tarifas cuando la generación eléctrica se encarecía por sequías. La transformación del marco energético gracias al pujante desarrollo de la generación eólica, y en grado menor por biomasa y paneles solares, obviamente ha alejado ese peligro. Pero en ese caso correspondía que cualquier reducción del fondo de UTE fuera aplicada a algún mecanismo hacia la baja de tarifas. En vez de ese curso coherente, el gobierno descarga otro de los golpes recaudatorios con los que procura atenuar las consecuencias de sus propias ineficiencias.

Esta nueva instancia de voracidad financiera corroe aun más las golpeadas condiciones de vida de los asalariados y la competitividad del sector productivo. Se agrega al curso iniciado con los desmesurados aumentos recientes de tarifas y de impuestos directos en una sucesión de ajustes fiscales. Y como si fuera poco, en su afán por sacar fondos de cualquier lado y a cualquier costo, ha caído en el error de incrementar agudamente los aranceles de importación a los bienes de consumo. El aumento de la tasa consular no solo subirá precios a quienes consuman productos del exterior, desde un frasco de café instantáneo hasta un paquete de galletitas. Ha expuesto además a Uruguay a las fundadas protestas de sus socios comerciales por la contradicción de un gobierno que se proclama defensor de la libertad de comercio y, al mismo tiempo, impone medidas proteccionistas.

Dos factores han causado los apremios financieros que generan estas medidas contra el bolsillo de todos. Uno, ya sin remedio, fueron los errores y la desaprensión en el gasto público desde 2005, especialmente bajo la administración Mujica. El otro es la distribución defectuosa de los ingresos en la actual Rendición de Cuentas. Bajo presiones de sectores de la izquierda y del PIT-CNT se insiste en aumentar recursos a áreas que no lo justifican por el atraso en que seguirán debido a sus tremendas deficiencias de gestión. Para que UPM instale su nueva planta el gobierno, que la ve como tabla de salvación, tiene que mejorar la infraestructura a un costo no menor a US$ 1.000 millones. Un manejo eficiente de este requisito debió conducir a asegurar inversiones privadas. Como no se ha sabido negociar esta salida, la administración opta por el más cómodo expediente de juntar plata como sea a expensas de la población.

Diario EL OBSERVADOR -  Montevideo -  URUGUAY -  17 julio 2017