La “zona de guerra” que dejó el herbicida

A 31 kilómetros del centro de Montevideo, el uso excesivo de un agroquímico en el maíz contaminó la cañada Valenzuela y siete granjeros perdieron su producción

A mediados de enero, siete productores familiares del paraje La Armonía –en Canelones– se esforzaban en superar obstáculos de gran porte, pero conocidos: el alza en los costos productivos, los desafíos que les impone el cambio climático y la caída en la demanda por sus hortalizas. De golpe, apareció en escena un monstruo que aún hoy les quita el sueño y tiene en jaque a sus sistemas productivos. Según comprobó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), un vecino aplicó en una chacra con producción de maíz un herbicida autorizado –picloram–, pero en una dosis ocho veces superior a la indicada en la etiqueta del frasco.

¿El resultado? Se contaminó la cañada Valenzuela, de la cual esos granjeros tomaban agua para regar cultivos a campo y en invernáculos. Las pérdidas en varios casos llegaron al 100% de los frutos en desarrollo, comprometiéndose el recurso suelo, en el mejor de los casos, por varios meses.

Federico Montes, director de los Servicios Agrícolas del MGAP, explicó que “hubo un uso irresponsable de un agroquímico, en una dosis altamente mayor a la recomendada”, lo que causó “una fatalidad y una desgracia, con productores afectados no solo por el daño material, sino también por un impacto anímico”.

“El desánimo que tenemos es brutal. Te levantás, vas a los invernáculos, ves todo quemado, miles de plantas perdidas y de kilos desperdiciados y no sabés para dónde agarrar”, reflexionó Eduardo Casanova, uno de los productores que recibió a El Observador.

El MGAP recibió siete denuncias formales y activó el sumario en un proceso jurídico que, esperan los productores, determine sanciones. Las autoridades no divulgaron la identidad de los infractores, pero dijeron que está “totalmente identificada” la empresa aplicadora, con la cual hubo una reunión, al igual que con el dueño del predio y su técnico, quienes llegaron desde Argentina a “una de esas reuniones poco gratas”, señaló Montes.

Los productores se están asesorando a los efectos de iniciar una demanda al vecino que generó el daño. “El problema es que esas cosas van para largo, capaz que nos lleva cinco o seis años y mientras tanto tenemos que seguir trabajando y lo que no queremos es que alguno quede por el camino”, expresó Casanova.

Recurrir a préstamos bancarios para obtener la liquidez que no llega dada la interrupción de las ventas “no está en los planes”, dijo tajantemente Casanova, dado que eso implicaría endeudarse con crédito que no sabe si podrá pagar.

Zulma Gabard, directora del sector Granja en el MGAP, precisó que más allá de la adversidad, que “fue una catástrofe, una tragedia”, dado el pequeño volumen de la producción afectada no hay riesgo de escasez de los rubros mencionados, y agregó que se hicieron todos los controles para asegurar que los pocos frutos, que pese a todo se cosecharon en esos predios y enviaron al mercado, fueran aptos para el consumo.

Con las manos en la tierra
Casanova, cuando recibió a El Observador, alistaba un campo para cultivar repollo, coliflor, cebolla y zanahoria. Tomate y morrón, sus especialidades, no podrá cultivar hasta pasado el invierno. Su señora (Delma) y hijo (Valentino, de 13 meses) habían ido a Montevideo. Delma lo dejó a cargo de vigilar cómo se cocinaba la mermelada en una enorme olla en el patio. En una pausa en esa tarea cruzó el campo, levantó el nailon de los invernáculos y mostró lo que había adentro: una “zona de guerra”.

“Comencé a notar el problema el 15 de enero. Ya había visto 10 días antes que algo andaba mal en el tomate, pero pensé que era por el exceso de calor. Esa demora en darme cuenta de la verdad me impidió salvar algo más”, lamentó.

En ese predio había, hace seis meses, 12 invernáculos y los temporales de setiembre a enero destrozaron cuatro. Casanova prefirió quedarse con ocho –por cuatro de ellos todavía debe pagar un préstamo a la Dirección General de la Granja (Digegra)– y con el seguro comprar un pequeño tractor.

En los ocho invernáculos a mediados de enero comenzó a ver cómo de pronto se fueron secando las plantas. En morrón perdió el 100%, que en el pico de producción equivale a 5.000 cajones de 15 kilos cada uno. Y en tomate perdió el 100% del chico (10.000 planchas de 10 kilos cada una) y el 60% del tomate grande (30.000 kilos).

A eso se le añade lo que seguirá perdiendo por no poder trabajar allí hasta que se elimine el residuo del picloram: “Perdimos mucho más que una zafra”, enfatizó. Por ser un herbicida de alta residualidad en el suelo, no podrán volver a cultivar pronto. Para peor, en suelos bajo invernáculos la recomposición es mucho más lenta.

Casanova recordó que ya el año pasado tuvo pérdidas por plantas que de golpe se secaron. Como era la primera vez, lo atribuyó a un exceso de lluvias. Este año el problema se expandió, percibió el mismo daño, pero ocurrió a la vez en seis predios vecinos y enseguida se pidieron análisis a las autoridades.

Casanova tiene por delante dos tareas. Apenas junte valor, arrancar miles de plantas muertas y quemarlas. Luego, sembrar rubros nuevos, rezar para que no haya “sorpresas” en esa zona del campo y en 90 días tener algo para volver al Mercado Modelo.

La producción que tenía en su poder previo al daño la vendió y pudo pagar las cuentas de enero. Para cumplir con los pagos de febrero y los que vengan después deberá recurrir a los ahorros.

“Por suerte nos ayudaron”, se apuró a señalar. Técnicos del MGAP y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) fueron a tomar muestras de agua y suelo. La gente del ministerio ya informó los resultados. Desde la Dinama no se han comunicado.

La Digegra, por su parte, “se movió muy rápido” y les encaminó una solución eficiente para que esto no vuelva a suceder: en cada predio se construirá un pozo para obtener agua de buena calidad, para riego y consumo humano. El 80% de la obra la abonará el Fondo de Fomento de la Granja del MGAP y el 20% lo pagará el productor. “Ahí tenemos un problema, porque no tenemos producción para vender, cobrar y pagar”, dijo.

En esas obras ya se trabaja. Un geólogo, puesto por la Intendencia de Canelones, ya marcó los lugares ideales para cada pozo.

“La Intendencia de Canelones se portó de película. Nos visitó el intendente (Yamandú Orsi) y Matías Carámbula –director de Desarrollo Rural–, se la jugaron por nosotros y quiero aclarar que no hay ningún vínculo político, solo ayudaron a productores que quedamos en banda. La intendencia mandó agua potable, nos dio combustible, puso a nuestro servicio un tractor con el tractorista, nos dio semillas y fertilizante y parece que nos dará una ayuda económica”, enumeró.

“Nos ayudó pila la Sociedad de Fomento Rural de Canelón Chico y también el agrónomo Sebastián Peluffo, que lo tengo como técnico pagando poco, porque en eso me apoya el Ministerio de Ganadería, y nos ayudó a todos”, agregó.

Casanova y su señora hace cuatro años que viven en ese predio, que era del padre de Delma. Él vivió antes en Costas de Pando y ella en La Paz. “No nos vamos, nos quedamos, que es lo que corresponde porque nosotros hacemos las cosas bien, solo exigimos que todos actúen de ese modo”, pidió.

Diario EL OBSERVADOR - Montevideo - URUGUAY - 25 febrero 2017